La Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina da a conocer la Ley 23.372 que busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género

En el marco de un “sistema patriarcal que no oye a las víctimas y se olvida de las mismas”, Mariana Barbita presidente de la asociación conocida como AMPA dialogó con Radio Municipal para dar a conocer la ley de protección en casos de violencia, abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, violaciones, entre otros casos penales.

Mariana Barbita en Radio Municipal

La Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina (AMPA) inició sus actividades en el año 2012: “Esto se conformó un poco porque advertimos esta desigualdad estructural que hay entre varones y mujeres en todos los niveles y en particular respecto de quienes mitigamos en un fuero tan machista y patriarcal como es el derecho penal”, sostuvo Mariana Barbita en Radio Municipal.

“Frente a esta situación de desigualdad estructural entendimos que había que marcar una diferencia y explicarle al Poder Judicial, a quienes mitigan, a todo el Ministerio Público Fiscal que las abogadas somos buenas y de igual idoneidad o mejor que los varones, a partir de allí surge este espacio”, refirió.

Durante este tiempo, AMPA tuvo la oportunidad de visitar la ciudad de Posadas donde abordó una charla abierta e informativa sobre Derechos y Garantías de Personas Víctimas para visibilizar las problemáticas de violencia de género y discriminación hacia la mujer.

En este marco, a nivel nacional fue sancionada la Ley 23.372 de Protección, Derechos y Garantías de la Víctimas de Delitos.

La Ley 23.372 fue sancionada en junio del 2017 tras la incansable lucha por parte de familiares de víctimas de delitos, que a pesar de haber soportado la pérdida de un ser querido en una situación traumática y violenta, se valieron de fuerzas para diseñar un proyecto que permitiera a todas las personas que vivieron la misma situación, poder sobrellevarla.

La citada Ley promueve, entre otras cosas, el patrocinio jurídico gratuito para todas las víctimas y familiares de víctimas de delitos y así puedan seguir de cerca las causas judiciales. Además, se establecen Centros de Protección y Asistencia (Cenavid) que deben funcionar las 24 horas con un cuerpo interdisciplinarios de profesionales.

Otro de los puntos que estipula es que obliga al Poder Judicial a notificar sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados de delitos.

AVD

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas