Forestales esperan recuperar la confianza en el incentivo de la Ley 25.080 y el financiamiento del Seguro Verde

El presidente de la Apicofom, Guillermo Fachinello, y el secretario de la Amayadap, Cristian Gruber, confirmaron que algunos de los empresarios socios de las cámaras que figuraban en los listados de pagos distribuidos en diciembre por Agricultura de la Nación “percibieron los pagos de planes forestales, pero los fondos llegan de a poco, muy lento esta todo”, coincidieron. De igual forma, se expresó el subsecretario de Desarrollo Forestal de la Provincia, Juan Ángel Gauto. «La deuda de Nación con los productores misioneros ronda en los 250 millones de pesos», dijo.

 

Los fondos liberados a las provincias para el primer trimestre de 2019 corresponderían al financiamiento del Seguro Verde. Este instrumento es considerado en el sector forestal argentino como una herramienta para sostener en el largo plazo el sistema de promoción del incentivo forestal, régimen que otorga Aportes Económicos No Reintegrables (AENR) a través de los beneficios de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, vigente hasta el 2029 por medio de la sanción de su prórroga, hoy Ley 27.487.

 

Si bien se espera la reglamentación de la nueva Ley por parte del organismo de aplicación nacional, la Secretaría de Agroindustria – la prórroga fue sancionada en diciembre 2018 por el Congreso Nacional por unanimidad-, las Provincias esperan este paso para adherir a la misma y normalizar así la operatoria para la presentación de proyectos de la Campaña Forestal 2019. De igual forma, las autoridades nacionales y provinciales aseveran que el régimen está vigente y lentamente se avanza para saldar la millonaria deuda de planes forestales de campañas de anteriores, a través de estos nuevos instrumentos de financiamiento privado, como es el instrumento del Seguro Verde.

 

La herramienta fue creada a partir del compromiso voluntario de las compañías aseguradoras del país para reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones mediante la plantación de árboles en la Argentina. Para ello, destinarán el 1% del valor del pago de una póliza al PROSA (Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguro), a través del cual la Secretaría de Agroindustria destinará en forma trimestral los fondos recaudados para el sistema de promoción forestal argentino.

 

Con este acuerdo, el Gobierno Nacional tiene una meta a cumplir: alcanzar una superficie forestada anual de un mínimo de 62 mil hectáreas año – con un ideal de 120 mil hectáreas-, ya que se pretende incrementar de un 1,3 millones de hectáreas forestadas a las 2 millones de hectáreas en el país al 2030, según los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el Acuerdo de París, que establece como uno de los objetivos centrales hacer consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima.

 

El 2018 cerró con una deuda millonaria con los productores forestales en el marco del régimen de promoción nacional, ya que se dispone de un exiguo monto en Presupuesto Anual del Ejecutivo para el sector forestal, establecido en 100 millones de pesos en los últimos años, por lo que esperan -a partir de este mecanismo de Fondo de Seguro Verde- impulsar herramientas de financiamiento extra presupuestario para agilizar los pagos y disminuir la deuda con los forestadores, además de trabajar en recuperar la confianza en el sistema.

 

El Seguro Verde comenzó a instrumentarse desde fin de diciembre: “Se destinó a las provincias unos 90 millones de pesos que llegarán a las cuentas bancarias de los productores durante el primer trimestre del año, y esperamos desde abril contar con otros 150 millones de pesos más”,  precisó en una entrevista con Misiones Online el director nacional de Foresto-industria del Ministerio de Agroindustria (DNFI), Nicolás Laharrague, durante su breve paso por la ciudad de Posadas semanas atrás.

 

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Sin embargo, el alivio para los productores y empresarios forestales de Misiones aún no llega con la premura que necesitan ante la urgencia económica que se atraviesa en la actividad. “A cuenta gota”, coincidieron desde Misiones que se estaría cumpliendo con las resoluciones de pago comunicadas por Agricultura en lo que va de enero y febrero.

 

El presidente de la Apicofom (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes), Guillermo Fachinello, y el secretario de la Amayadap (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná), Cristian Gruber, confirmaron que algunos de los empresarios forestales socios de las cámaras madereras que presentaron planes y figuraban en los listados de pagos distribuidos en diciembre, “percibieron los pagos de planes forestales, pero de a poco, muy lento esta todo respecto al envío de los fondos”.

 

Fachinello consideró a la herramienta del Seguro Verde como “una buena medida que se logró a través del compromiso de las compañías aseguradoras. De a poco van saliendo los pagos pendientes, y esperamos sea en forma continua y sostenida, para regularizar la situación. Desde Apicofom pedimos a los socios que si tienen proyectos demorados para cobrar, que nos acerquen los datos de su plan para hacer un seguimiento y elevar a las oficinas de Nación el reclamo, ya que tenemos diálogo con la DNFI para canalizar casos puntuales que se presenten. Es un instrumento nuevo, tomará su tiempo, pero el dinero del Seguro Verde comenzó a recibirse, los planes se están cobrando, a cuenta gota, pero están llegando”, aclaró.

 

Por su parte, el empresario Cristian Gruber -que tiene integrado proyectos forestales en su establecimiento en Santiago de Liniers, Eldorado- valoró la iniciativa del Seguro Verde, pero al igual que su colega de la zona Sur, indicó que se trata de “procesos de pago muy lentos. Esperamos que en el corto plazo se logre hacer correr la rueda de forma más dinámica, y que podamos ajustar en este proceso de instrumentación todo lo que haga falta para que la herramienta funcione mejor”, dijo.

 

 

“De a poco se van liberando los pagos pendientes. Desde fines de diciembre y durante enero fueron apareciendo algunos pagos a las cuentas de las empresas forestales que tenían pendiente el incentivo forestal”, respondió Gruber ante la consulta de ArgentinaForestal.com.

 

Explicó que “el instrumento tiene un proceso burocrático, una vez que las compañías aseguradoras cierran su balance trimestral, pasan otros 45 días de plazo para que el dinero sea transferido al Ministerio de Hacienda y Finanzas al PROSA; y recién desde ese momento finalmente empiezan a destinar al régimen de promoción forestal. Es una caja que pasa por la burocracia administrativa del Estado, al ser fondos públicos, por eso la demora”, indicó.

 

La operatoria aún presenta aspectos que deben ser mejorados y el principal reclamo de los productores es lograr que los pagos lleguen en tiempo y forma, pasado los 18 meses y con los planes forestales aprobados técnicamente y certificados con plantación lograda por las Provincias.»En la actualidad, no tenemos manera de hacer un seguimiento sobre el avance del estado del tránsito del plan presentado, por eso avanzar en la digitalización de todos los expedientes sería una materia pendiente y gran paso para la gestión nacional, ya que mejoraría la comunicación con los beneficiarios del proyecto”, sugirió Gruber.

 

De implementarse un registro online de forestadores, el empresario opinó que «se podrían evitar reiteradas presentación de documentación solicitada, con la verificación de las inspecciones de Nación y comprobada la certificación de las Provincia, se tendría el alta online para agilizar los pasos y ejecutar los pagos en tiempo y forma».

 

Desde la DNFI adelantaron a este medio que se estaba trabajando en este sentido desde 2018, para lograr unificar este año con el sistema informático nacional del Tramite a Distancia, de manera de incluir los trámites de planes del área foresto-industrial de la Secretaria de Agroindustria para «subirlo» en un sistema digital. «Pero nada de esto implica suprimir controles que realiza la Provincia o la Nación, respecto a la certificación de obras, dominio territorial y documentación técnica requerida para poder aprobar el pago, ya que son fondos públicos y su destino tiene que estar fehacientemente documentado», explicó Laharrague.

 

Reforestación en baja

Con respecto a las perspectivas para forestar en 2019, Gruber indicó que las empresas que realizan tala rasa acompañan la tarea de cosecha con posterior reforestación. “Somos forestadores, siempre se replanta. Lo que no está sucediendo en gran medida es que se expandan en superficie forestadas,  pero todos los años se replanta en el marco del régimen de promoción”, indicó.

 

Otra realidad sería la del pequeño productor o colono. “En ese segmento la actividad está paralizada. El colono que plantaba, ahora decide no volver a forestar bajo el régimen porque no recupera la plata, le perdió un poco la confianza y el interés al sistema porque no tienen espalda para poner el poco dinero que le ingresa y no tener certeza en qué año le van a reintegrar esa inversión realizada.  Sumado a que hay una sobreoferta de madera de pino en el mercado, que tira los precios de rollos, desde hace unos años prefieren no plantar. No le ven rentabilidad a la forestación en la actualidad”, explicó Gruber.

 

El problema sigue centrándose en los números que no cierran. “Los fondos llegan tarde, muy demorados, y sin la actualización de costos del incentivo, porque no es lo mismo la inversión realizada en un plan forestal hace dos años atrás o tres, no se modifican al momento de pagar, las cuentas no cierran. En promedio un plan forestal se cobra en un periodo de más de 4 años. Si los costos no están actualizados, lo que se recupera por plantación realizada es muy poco o nada, los tiempos de pago y la actualización de costos siguen siendo un problema con la inflación actual”, analizó el empresario maderero.

 

Piden la suspensión de la Tasa forestal para las PyMEs

 

En este contexto de crisis, el sector foresto-industrial analizó su realidad con funcionarios del Gobierno de Misiones el pasado lunes, oportunidad en la que fueron recibidos por los ministros de Hacienda y Finanzas, Adolfo Safrán, y del Agro y Producción, José Luis Garay.

Los empresarios forestales expresaron su preocupación por la recesión en el mercado interno y el escaso volumen de negocios de exportación, y reafirmaron su compromiso para mantener las fuentes de trabajo, pero solicitaron se analice varios temas que restan competitividad a la actividad. Entre ellos, solicitaron la suspensión de la aplicación de la Tasa Forestal y, por otro lado, el adicional en concepto de Alumbrado Público que cobran los municipios a través de las facturas de Energía de Misiones.

“Es un costo muy significativo que representa en algunos casos hasta el 10 % de las facturas, y por eso solicitamos al Ministerio de Hacienda que junto a la Dirección de Asuntos Municipales y Energía de Misiones se analice el tema e interceda para alcanzar una solución”, manifestó Fachinello.

 

Juan Gauto: “Misiones tiene 2.000 expedientes en proceso de pago de Planes Forestales y la deuda de Nación ronda en 250 millones de pesos”

 

Por su parte, representantes del área forestal del gobierno provincial indicaron que “está moviéndose el circuito de pago de planes forestales que se adeuda a los pequeños y medianos productores, pero muy lento. Hay que tener en cuenta que los fondos llegan sin la adecuada actualización de costos por plantación, poda y enriquecimiento”, agregó el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción, Juan Ángel Gauto.

 

El funcionario indicó que a la Nación se le reclama “cerca de 250 millones de pesos en planes forestales de productores de Misiones. En todo el 2018 se pagaron 62 millones del incentivo forestal, y a fines de diciembre enviaron un listado de pago por una partida de 30 millones de pesos, que según nos informaron, corresponden ya del Seguro Verde vigente. En total tenemos 2000 expedientes en espera de revisión y pago bajo el sistema de promoción. Por lo tanto, esperamos que más allá de los anuncios, los pagos se cumplan, porque la actividad no está pasando un buen momento”, expresó el funcionario una entrevista con Radio Libertad el funcionario.

 

Respecto al destino de la última partida de fondos, a fines de diciembre se habrían destinado a la provincia 30 millones de pesos para Misiones, y coincidió con los empresarios que el dinero se está depositando en las cuentas bancarias según lista de productores informadas, en forma lenta. “Los fondos del Seguro Verde están llegando, en forma directo a la cuenta bancaria del forestador. Para ello, la lista de beneficiarios se hace circular entre las instituciones técnicas que representan a los plantadores, cooperativas o empresas. Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros Forestales, Amayadap, Apicofom, profesionales independientes, todos tienen la nómina de beneficiario y son los que comunican al productor que estén atentos a recibir estos fondos”, precisó Gauto.

 

 

 

 

Por Patricia Escobar