Lo aseguró el abogado de la querella, Juan Pablo Gallego. La medida se iba a realizar mediante un hisopado en la cárcel de Campana, donde está detenido.
El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por «abuso sexual agravado y corrupción de menores» en 2009, se iba a someter este lunes una muestra de ADN a pedido de la justicia, que dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, a último momento, el sacerdote se negó someterse al procedimiento.
La medida fue ordenada el 13 de febrero por el Tribunal Criminal 1 de Morón y firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, precisaron fuentes judiciales.
«La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponden con lo que dispone la ley que crea el registro nacional de violadores, por lo que se ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí», explicó el abogado querellante, Juan Pablo Gallego.
En diálogo con TN, el letrado contó que Grassi planteó una postergación de la muestra, pero no le fue concedida por el tribunal. «Se trata de un hisopado, que en escasos segundos se toma la saliva que contiene el ADN», detalló sobre el estudio que se someterá Grassi en la cárcel de Campana del Servicio Penitenciario Provincial, donde está detenido.
La causa contra Grassi comenzó el 23 de octubre de 2002 con la emisión de un programa televisivo en el que tres jóvenes con sus rostros cubiertos denunciaron haber sido abusados por el padre en la Fundación Felices los Niños, donde se alojaban chicos en situación de calle con conflictos con la justicia.
El proceso judicial terminó el 10 de junio de 2009 con la condena a 15 años por «abuso sexual agravado y corrupción de menores», aunque en principio el sacerdote estuvo tres meses en prisión domiciliaria hasta que se ordenó su detención definitiva, el 23 de septiembre de 2013. La sentencia quedó firme el 21 de marzo de 2017.
Al menos 66 religiosos fueron denunciados en Argentina desde que estalló el caso Grassi, es decir, en los últimos 17 años. La mayoría de ellos sigue sin condena, y sólo tres fueron sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.
Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien fue condenado por la Corte Suprema pero no fue sancionado por la Iglesia. A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras. Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.
(TN)
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