Análisis semanal: el tarifazo más doloroso y un llamado a mayor compromiso

Análisis semanal: el tarifazo más doloroso y un llamado a mayor compromiso

La política de sinceramiento de tarifas que viene aplicando el Gobierno nacional desde el primer día de su gestión golpeará este año con más dureza que nunca a toda la sociedad. Cuando Macri asumió podía darse el lujo de aumentar significativamente los precios de los servicios públicos sin pagar un costo social elevado porque todas las tarifas estaban insólitamente bajas –especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires- y los salarios conservaban un poder adquisitivo razonablemente alto, a pesar de que los últimos años del kirchnerismo no habían sido los mejores en materia de economía.

 

Pero ahora la situación no podría ser más distinta. El fracaso rotundo de la gestión de la economía del gobierno de Cambiemos dinamitó el poder de compra de los salarios que terminaron sepultados bajo una avalancha inflacionaria que no se detiene. Para los trabajadores el declive comenzó con la pérdida del poder de ahorro, siguió con la imposibilidad de adquirir bienes durables, la eliminación de consumos que no sean de primera necesidad y desde la segunda mitad del año pasado, con la reducción de consumos básicos, lo que se tradujo en una sostenida caída lo que se conoce como el “consumo masivo”.

 

Ante un contexto económico y social tan complicado, la continuidad de la política de sinceramiento de tarifas fue puesta en debate en el seno mismo de Cambiemos. Finalmente se impuso la doctrina del ajuste y la inocultable voluntad política de preservar los intereses de las grandes generadoras y distribuidoras de energía, las principales en manos de los empresarios amigos de Macri, Nicolás “Nicki” Caputo y Marcelo Mindlin.

 

Entonces el gobierno de Cambiemos optó por seguir autorizando aumentos de tarifas por encima de la inflación y muy superiores a la variación de los salarios, lo que garantiza un impacto social que recién está mostrando sus primeros efectos. En este punto vale aclarar que el primer escalón del incremento de 55% dispuesto por el Gobierno nacional para este año en las tarifas mayoristas de la energía, recién se verá reflejado en las boletas que incluyan consumos de febrero. Después vendrán más aumentos en mayo y agosto.

 

Lo que impactó en las boletas de enero fue la eliminación de la tarifa social de Nación, que en Misiones beneficiaba a 110 mil usuarios –alrededor de 40% del total- y un incremento generalizado en los consumos producto de las altas temperaturas. Este segundo punto no resulta nada menor ya que los cuadros tarifarios de Energía de Misiones (EMSA), como los de todas las prestatarias del país- están diseñados para premiar el ahorro y castigar el gasto, por lo tanto a mayor consumo, mayor será el valor que deberá pagar el usuario por kilovatio consumido.

 

El Gobierno de Passalacqua volvió a salir a amortiguar el golpe con una tarifa social provincial financiada con fondos propios. Pero como el bolsillo de la Provincia es bastante más chico que el de la Nación, ese nuevo beneficio cubre la mitad de lo que cubría la tarifa social nacional. Lo que de otra manera hubiera sido una suba exponencial, se redujo a un aumento del orden del 100% que sumado al aumento en el consumo por el calor, se sintió con fuerza en los hogares.

 

Pero como el camino del tarifazo impuesto por el Gobierno nacional para 2019 está lejos de su final, el gobernador Passalacqua anunció esta semana otra medida en el sentido de proteger la economía de los misioneros, no solo de los usuarios residenciales sino principalmente de los industriales que a estas alturas se las ven en figurillas para mantenerse a flote en medio de tan profunda recesión. El mandatario misionero anunció que cada incremento del costo mayorista de la energía eléctrica que disponga Nación será aplicado a la factura de los usuarios misioneros en forma gradual, en tres partes a los residenciales y en seis a los no residenciales.

 

La aplicación del esquema de cuotas permitirá que los usuarios residenciales paguen por los consumos de febrero un incremento tarifario de 8,33% en vez de uno de 25% que surgiría del traslado directo del incremento dispuesto por Nación. En números concretos, a un vecino que venía pagando 2.000 pesos por mes le correspondería pagar 2.500 pesos en febrero si se aplicara de manera directa el aumento de Nación, pero gracias a la medida dispuesta por el Gobernador Passalacqua, pagará 2.166, lo implica un ahorro de 333 pesos.

 

Para los industriales el ahorro será mucho mayor. Por ejemplo una fábrica que esté pagando un millón de pesos por mes -una planta de fenólicos de Eldorado paga 1,8 millones- debería pasar a pagar 1.230.000 pesos en febrero si se trasladara en un solo pago el incremento de 23% previsto para ese tipo de usuario. Gracias al esquema de cuotas dispuesto por el Gobierno provincial –que para los no residenciales será de seis escalones- en vez de pagar una suba de 230.000 pesos, pagará una de 38.300 pesos, lo que implica un ahorro de 191.000 pesos en los consumos de febrero.

 

Tanto para residenciales cuanto para no residenciales (industrias y comercios) el ahorro será menor para los consumos de los meses siguientes.  A los residenciales recién les tocará abonar completo el primer tramo del aumento nacional a partir de marzo y a los no residenciales a partir de los consumos de julio.

 

El mismo esquema de cuotas se aplicará en los próximos incrementos que prevé el Gobierno nacional y que se concretarán en mayo y octubre, de 6 y 7 por ciento respectivamente en el valor mayorista de la energía.

 

La posibilidad de utilizar dinero propio para alivianar el impacto del tarifazo nacional es posible solamente en provincias que, como Misiones, hayan sabido mantener el orden fiscal a pesar de la crisis, lo que está lejos de ser la norma para la gran mayoría de las jurisdicciones que a esta altura apenas llega a pagar los sueldos.

 

Con un Gobierno nacional que optó por seguir castigando con incrementos tarifarios durante todo el año y con muy pocas provincias con capacidad de hacer algo para amortiguar el impacto social de esta decisión, la paciencia de los argentinos será puesta prueba de una manera que no se veía desde la crisis de fines de la convertibilidad.

 

Amigos son los amigos

 

Así como hay un enorme segmento de argentinos que sufren el sinceramiento de las tarifas, también hay un selecto grupo de empresarios que está acumulando fortunas gracias a ella. En ese grupo se destacan dos amigos personales de Macri y que además supieron ser sus socios, se trata de Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.

 

Este último es el hombre detrás de Pampa Energía, uno de los grupos de mayor crecimiento en la era Cambiemos que se quedó con IECSA, la constructora de la familia Macri, y concentra empresas como Transener, Edenor y TSG. En 2017 registró un incremento internanual de más de 2.300% en sus ganancias netas que ese año ascendieron a más de 5.576 millones de pesos, según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

 

El otro gran ganador del tarifazo es Central Puerto, de Nicolás “Nicki” Caputo, que además es propietario de Central Mendoza y buena parte de Edesur. Caputo es amigo de Mauricio Macri desde tiempos en que ambos cursaban el secundario en el exclusivo Cardenal Newman y fue su socio en varias empresas. Según la OETEC, Central Puerto ganó casi 3.500 millones de pesos en 2017, lo que implicó un incremento interanual de 98%.

 

Justo cuando la generación de energía es un negocio redondo gracias al tarifazo, al Gobierno de Macri se le ocurrió privatizar dos centrales termoeléctricas a un precio llamativamente bajo y el principal candidato a quedarse con ellas es justamente su amigo Nicki. Atento a esta coincidencia y advirtiendo una licitación diseñada como un traje a medida, la Justicia federal inició una investigación penal en la que está denunciado Macri, su gabinete energético y su primo, el extitular de IECSA, Ángelo Calcaterra.

 

Las centrales en cuestión son la de Ensenada de Barragán (Buenos Aires) y Brigadier López (Santa Fe) que ya cuentan con empresas preclasificadas para ganar la compulsa. En ambas participa Central Puerto, propiedad de Nicolás “Niki” Caputo. El mejor amigo del mandatario compite en soledad para la quedarse con la usina de Brigadier López, mientras que en la otra licitación comparte podio solamente con YPF.

 

En ambas licitaciones los precios de tasación equivalen a tres veces los resultados operativos obtenidos en 2017. Es decir que el Gobierno nacional se dispone a venderle a un amigo de Macri dos activos estratégicos a precios que equivalen a la ganancia que generan esos mismos activos en tres años. Es como vender por 450 mil pesos un departamento que genere una renta por alquiler de 150 mil pesos por año. Una verdadera ganga.

 

El fiscal Gerardo Pollicita avanza con la investigación que involucra al exministro de Energía Juan José Aranguren y de a sucesor en el cargo (también renunciado) Javier Iguacel, además de varios miembros de Integración Energética Argentina SA (Ieasa).

 

La investigación también involucra el proceso de construcción de las centrales y ahí es donde aparece otro amigo de Macri, Marcelo Mindlin. A fines de 2016 la obra adjudicada a IECSA e Isolux estaba parada porque las empresas habían pedido una redeterminación de precios, para salir de la situación el Estado rescindió los contratos y abonó una insólita compensación de 1.600 millones de pesos a las empresas.

 

Inflación, cierres y despidos: la espiral recesiva perfecta

 

“Ya está bajando la inflación”, aseguró Macri en declaraciones radiales un día antes de que el informe oficial del INDEC demostrara exactamente lo contrario. A pesar del dólar anestesiado y de una política monetaria contractiva que se siente con dureza en los bolsillos de los argentinos, la inflación no da tregua.

 

Según la estadística oficial la inflación de enero fue de 2,9%. Más allá de que está muy por encima de los umbrales de la normalidad, lo preocupante de este dato es que implica un cambio de tendencia. Después de record de 6,5% de septiembre, la inflación inició un retroceso que la llevó a 2,6% en diciembre, pero eso se revirtió en enero y la tendencia alcista seguiría en febrero, mes para el que las consultoras estiman una suba promedio de precios del orden del 3%.

 

Los datos del INDEC siguen dando evidencia de que el Gobierno nacional no encuentra la fórmula, no sabe cómo resolver un problema que perjudica de manera directa a todos los argentinos y que dificulta cualquier proyecto de inversión.

 

La consecuencia lógica de una inflación ganándole por goleada a los salarios es la caída del consumo. No solamente de bienes durables cuyas ventas se desplomaron más de 50% en un año si no también de los productos de consumo masivo. De acuerdo con el último informe de la consultora Scentia, las ventas en las grandes cadenas y autoservicios independientes se contrajeron 7,3% en volumen respecto de enero del 2018, con una baja mucho más pronunciada en los pequeños comercios.

 

El trabajo señala que desde la crisis de 2001 que no se registraban bajas tan importantes en la demanda de alimentos y productos de cosmética y limpieza.

 

Con el consumo en picada, la industria trabaja cada vez menos, al punto que en enero casi la mitad de las máquinas estuvieron paradas. Según el INDEC, la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) fue de 56,6%, lo que implicó una caída interanual de 7,4 puntos. Fue el peor mes de Cambiemos en lo productivo y el peor diciembre desde que el Indec publica datos, es decir desde el 2002. La automotriz mantuvo al 74,4% de sus líneas completamente desactivadas. La textil usó sólo el 32,3% y tuvo así una caída de 23,4 puntos.

 

Con una industria en proceso de destrucción es esperable que el empleo siga el mismo camino. La interminable lista de empresas que cierran, despiden personal o reducen jornadas laborales se extendió esta semana con la fábrica de neumáticos Fate, empresa que pidió acogerse al procedimiento preventivo de crisis y cuyos directivos reconocieron que analizan despedir a 430 operarios. La Editorial Atlántida volvió a despedir personal y ya acumula 37 cesantías en lo que va del año.

 

Los datos informados por Trabajo indican que durante el último trimestre de 2018 fueron notificadas 7.666 desvinculaciones en 1.924 empresas. En un esfuerzo por desconocer la gravedad del problema, desde esa cartera argumentaron que los despidos “forman parte del conjunto de desvinculaciones y vinculaciones habituales que tienen lugar todos los meses en el mercado de trabajo”.

 

A la par de un proceso de caída del empleo, se observa uno de precarización. Mientras la industria despide trabajadores con sueldos relativamente altos, más de la mitad de los empleos que se generaron entre julio y septiembre del año pasado son cuentapropistas y una cuarta parte son trabajadores no registrados. Los nuevos trabajadores argentinos ya no están en las industrias, ni siquiera en los comercios, están repartiendo paquetes por 50 pesos el viaje.

 

Un poco de oxígeno

 

En medio de semejante espiral recesiva, el Gobierno nacional presentó una medida diseñada con el objetivo de generar alivio a las economías regionales. El propio Macri anunció que a partir del 1 de marzo las empresas de 44 actividades productivas pagarán menos cargas patronales.  El mínimo no imponible de aportes patronales, es decir el sueldo mínimo a partir del cual el empleador comienza a pagar aportes, aumentará de 7.000 a 17.500 pesos.

 

En Misiones la medida beneficiará a sectores como el yerbatero, tealero, tabacalero, cultivos como la mandioca y cítricos y la industria del aserrío, entre otros. Más allá de la incertidumbre respecto si la medida alcanzará de manera efectiva a sectores como el yerbatero que se rige por el convenio de corresponsabilidad gremial o el tabacalero que está conformado por monotributistas, la medida fue bien recibida por un empresariado urgido de una bocanada de oxígeno que permita la subsistencia.

 

En una primera instancia no había sido incluida entre las actividades alcanzadas por el beneficio el aserrío de madera –una de las más relevantes en Misiones- pero eso se revirtió rápidamente gracias a una gestión encabezada por el senador Humberto Schiavoni, candidato puesto para disputar la gobernación por Cambiemos, gracias ello la medida se volvió mucho más relevante para la provincia.

 

Sin embargo, el anuncio dejó sabor poco entre sectores exportadores que esperaban la eliminación de las retenciones y alguno de ellos hasta soñaban con la vuelta de los reintegros.

 

Para los que no exportan –la enorme mayoría de las pymes- el anuncio del presidente fue leído como un paliativo que resultará insuficiente a efectos de frenar los despidos si no se recompone el consumo interno. “Los empresarios no van a sostener a sus empleados ni mucho menos a contratar a nuevos trabajadores si no tienen a quien vender su producción”, analizó el presidente de la Federación de Cooperativas, Gerardo Vallejos en declaraciones radiales.

 

Tirón de orejas y posibles cambios

 

Dejando de lado su característico tono afable y hasta campechano, el Gobernador Passalacqua se dirigió con firmeza y autoridad a su tropa a la que exigió el máximo compromiso para resolver las demandas de la gente que aumentan día a día a causa de la galopante crisis económica.

 

En una reunión con el pleno de su gabinete, el mandatario no ocultó su molestia con algunos funcionarios de primera línea que incurrieron en “desatenciones”, especialmente durante enero. Passalacqua les dejó en claro a todos que no son tiempos para “aflojar el tranco” ni mucho menos para pensar en vacaciones.

 

“Cada uno debe asumir la responsabilidad y brindar soluciones concretas y rápidas en las áreas que les toca”, bramó mientras algún ministro miraba para el costado acusando el golpe.

 

Trascendió además que se están analizando cambios entre varios funcionarios de primera y de segunda línea que bajaron la intensidad de su trabajo al calor del tórrido enero misionero.

 

El Gobernador se propone bajar un mensaje enfático: ni la campaña electoral, ni el hecho de que sea el último año de gestión pueden ser excusas para bajar la intensidad del trabajo en momentos en los que la gente más lo necesita.



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