El allanamiento y desalojo comenzó a primeras horas del martes. La mujer que vivía en el domicilio desalojado, ubicado sobre las calles 133 y 88, asegura residir allí hace más de veinte años.
La Policía de Misiones movilizó a ochenta efectivos a cargo del comisario Sergio Viveros, jefe de la Unidad Regional I, por orden del juez Fernando Verón, quien ordenó el desalojo de la vivienda.
Aproximadamente a las 6:45 horas los efectivos de la Comisaría 18va de la Unidad Regional X, junto con miembros del Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Intervención Rápida ingresaron al domicilio mientras la familia aún dormía y según consta en el parte policial, personal femenino sin armamento retiro a once personas, cinco menores y seis mayores.
Carina Pacheco es la mujer que ocupaba el terreno junto con su familia, ella alega que es la tercera vez que la desalojan de la propiedad. Cuenta que hace veinte años vive en la esquina y que cuando ella se instaló allí no había nada más que malezas. Hoy tiene un muro perimetral y una vivienda de material.
No obstante Pacheco no tiene las escrituras de la tierra y aseguró que está realizando los trámites de la titularización. Por otra parte, Marcelo Cantero, el presunto dueño legítimo de la propiedad, presentó un recibo de compra – venta del cual la propia Pacheco señaló que “da mucho que desear, porque no sé cómo pueden vender un terreno que no está inscripto en ningún lado”.
Por otra parte la mujer contradijo al parte policial que detalla que el procedimiento se llevó a cabo sin utilizar armamento ya que narró “nosotros estábamos durmiendo cuando patearon el portón e ingresaron, luego encañonaron y esposaron a mi marido y nos hicieron salir así como estábamos, yo en calzones y mis hijos desnudos”.
Entre las autoridades presentes se encontraban la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, Lilia “Tiki” Marchesini y el diputado provincial Roque Gervasoni, ambos funcionarios fueron como veedores de la situación ya que poseen la facultad de hacerlo además del grado de complejidad de esa situación en particular producto de la gran cantidad de menores de edad involucrados.
La Ministra manifestó “nosotros desde el Ministerio tenemos la facultad de acompañar los procedimientos y ser no sólo la parte de búsqueda de soluciones sino que dar pié a que se respeten los derechos humanos”. Además denunció que el procedimiento tuvo “innumerables irregularidades y que no respondió a las garantías constitucionales”.
Las autoridades del ministerio de Derechos Humanos y la familia desalojada coincidieron en la vidriosa aplicación de la figura del testigo, ya que aseguraron que, si bien hubo un testigo, “no se sabe ni quién es, por dónde entró o por dónde salió”, esto sumado a que durante las pericias de la Policía Científica no permitieron la presencia de algún funcionario del Ministerio a cargo de Marchesini.
Por último la Ministra manifestó “esperamos que este tipo de accionar se pueda cambiar. Para dar más claridad y puesta en valor a nuestra Policía”.
DL/EP
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