Desde el entorno del intendente misionero procesado por Bonadio aseguran que no hubo malversación de fondos

Desde el entorno del intendente misionero procesado por Bonadio aseguran que no hubo malversación de fondos

El intendente de Puerto Rico, Federico Neis, figura entre los 92 jefes comunales que fueron procesados por el juez Claudio Bonadío por supuesta malversación de fondos que estaban destinados al programa de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Neis afirmó que no hablará hasta recibir la notificación correspondiente, pero desde su entorno aclararon que el programa no pudo terminar de ejecutarse en Puerto Rico porque no pudieron utilizar el predio que tenían previsto para la planta de tratamiento de residuos. Aseguran que el dinero que no se utilizó está depositado en una cuenta especial.

 

El juez federal Claudio Bonadio volvió a ganar las tapas de los diarios el jueves cuando se difundió en varios medios el procesamiento de 92 intendentes de distintas provincias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), entre 2013 y 2015. En la lista de procesados figuraba el jefe comunal de Puerto Rico, Federico Neis, que habría recibido poco menos de tres millones de pesos para desarrollar un proyecto que hasta ahora no se concretó.

 

Desde el entorno del intendente de Puerto Rico señalaron que todavía no llegó ninguna notificación oficial del procesamiento y que hasta que ello no ocurra, Neis no hará declaraciones, sin embargo afirmaron que el proyecto al que refiere el procesamiento de Bonadio se ejecutó parcialmente y hasta ahora no se concluyó por cuestiones ajenas al municipio.

 

Explicaron que el proyecto se interrumpió ante la falta de un terreno adecuado para montar la planta de tratamiento de residuos sólidos. El primer predio que pensaban destinar a ese fin no pasó los estudios de impacto ambiental porque el lugar tenía un declive que terminaba en un arroyo.

 

Entonces se optó por una segunda opción, un predio de cuatro hectáreas situado en una zona poco poblada, pero luego los pocos vecinos del lugar se opusieron, reticentes a que se instalara una planta de residuos cerca de sus domicilios.

 

Detallaron que en 2013 el municipio había firmado un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente  y con la Jefatura de Gabinete de la Nación mediante el cual se le otorgó a Puerto Rico 2.783.900 pesos para construir una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

 

Afirman que del total presupuestado, hay dos ítems que fueron ejecutados: la compra de una pala frontal y una extrusora de plásticos, por un monto total de 471 mil pesos y que los fondos restantes están depositados en la cuenta.

 

JRC EP



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