Pueden ser condenados a una pena de uno a cuatro años de cárcel por la muerte del chico de dos años.
Un «homicidio imprudente». Esa es la pista que sigue por el momento la investigación sobre la muerte de Julen el nene de dos años que cayó en un pozo en el sur de España y cuyo cuerpo fue recuperado tras 13 días de un operativo gigantesco.
Los esfuerzos de los investigadores se centran en determinar el grado de responsabilidad del dueño del terreno, de nombre David, y del pocero, Antonio Sánchez, por haber realizado un pozo y una serie de obras ilegales, según indicó el diario El Mundo.
El pasado 13 de enero, el pequeño Julen estaba jugando en un terreno perteneciente a un familiar mientras su papá cocinaba una paella cuando cayó por accidente, según sus padres, en un pozo abandonado de 25 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad cavado para buscar agua. Su cuerpo impactó contra un tapón que había a unos 71 metros de profundidad y el pequeño murió poco después por las heridas que sufrió.
Según determinó la investigación, el dueño del terreno, pareja de una prima de uno de los padres de Julen, hizo cavar un pozo para extraer agua sin pedir ninguna autorización.
También quería levantar una casa y ordenó rebajar terreno a la montaña y hacer una zanja donde estaba previsto un muro de contención. La maquinaria empleada en estas obras removió la piedra que supuestamente usó el pocero Antonio Sánchez para tapar el agujero a través del que se precipitó Julen.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga deberá determinar si el dueño de la finca o el pocero pudieron incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente al no haber garantizado las medidas de seguridad necesarias para evitar que el sondeo se convirtiera en una trampa mortal para el niño de dos años.
El delito de homicidio imprudente es castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.
«Ha sido una carrera de obstáculos, los que la montaña nos ponía. Parece que la montaña se defendía. Pero todo se ha enfocado a esa misión colosal, la que nos ha unido a todos, la que nos ha llevado a hacerlo de la manera más rápida y eficaz que ha sido posible», declaró el delegado del gobierno español en Andalucía, Alfonso Rodriguez Gómez de Celis.
El delegado del gobierno hizo un llamado público relacionado con las circunstancias del accidente: «A todo aquel que haya realizado un pozo ilegal, todavía está a tiempo de sellarlo», afirmó.
(TN) A. C
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