Desde la organización civil que trabaja por el derecho a la salud sexual y reproductiva remarcaron que en este caso «a pesar de que en nuestro país el aborto es legal por tres causales y en el caso de la niña se cumplían dos (había sido violada y tenía riesgo de vida), el Estado obligó a una nena de 12 a pasar por una cesárea. A la fuerza».
La familia pretendía que se le aplique la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por lo tanto, desde la Fundación Huésped explicaron que fue «maternidad forzada», a la par que responsabilizó al Estado jujeño por «la vulneración de derechos de la niña».
Los derechos de la niña «fueron vulnerados demasiadas veces», según se aseveró en un comunicado de la ONG, porque se trata de una menor de edad de 12 años «sin recursos, abusada por un hombre de 60 años, amenazada de muerte, y con un embarazo avanzado que se acerca al Estado que debía protegerla en busca de ayuda y recibe estas respuestas».
La Fundación consideró que la práctica fue «a fuerza de “profesionales de la salud” que no detectaron el embarazo cuando la niña asistió primeramente al centro de salud y, luego, con el embarazo avanzado, obstaculizaron y demoraron intencionalmente la práctica contemplada dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. También a fuerza de intereses políticos, que interpusieron recursos de amparo y que se manifestaron en la puerta del hospital. A fuerza de creencias personales por encima de la salud pública y la ley vigente desde 1921», remarcaron.
En este caso, consideraron que «el Estado provincial en Jujuy no estuvo ausente. Estuvo presente por acción y por omisión: impidió el derecho de la niña a la educación sexual integral que permite reconocer y denunciar un abuso, obstaculizó el acceso a los protocolos de actuación para estos casos, detallados en los “Lineamientos sobre Abusos Sexuales y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia”, violó su derecho a la privacidad. El Estado provincial es responsable», concluye el comunicado.
EP / PE
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