La primera decisión fue detener a Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner, tras los dichos del «imputado colaborador».
Por primera vez, el juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar a un «arrepentido» de los «cuadernos de las coimas». El magistrado, que tiene a su cargo la mayor investigación por corrupción durante el kirchnerismo, ordenó en cambio 82 medidas de prueba para verificar los datos aportados por el exsecretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, durante la gobernación de Néstor Kirchner.
Una de las primeras medidas que tomó Bonadio fue la detención de Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner entre 2005 o 2011, que llevó adelante la Policía Federal (PFA) en la ciudad de Buenos Aires.
El juez, sin embargo, decretó el secretario de sumario para no dar más pistas sobre las restantes 81 medidas de prueba resultantes de la declaración como «imputados colaboradores» de Campillo y de Ernesto Clarens, financista muy cercano a los Kirchner, en diciembre ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, aunque patrulleros de la PFA hasta la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Juan Manuel Campillo
En su declaración, Campillo le aseguró a los acusadores que «Bounine le pagó €230.000 por un servicio», según publicó Clarín, haciendo referencia al supuesto pedido que le hizo Daniel Muñoz, otro exsecretario privado de los Kirchner, a Campillo para que Bounine lo asesora en el armado de una estructura financiera para reasegurar los bienes por u$s 60 millones que tenía en los Estados Unidos.
La mamá de Bounine fue niñera de Florencia Kirchner. Tal vez por eso Cristina se lo llevó a su secretaría privada hasta principios de 2011. En esa época fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito tras haber multiplicado su patrimonio 45 veces en cuatro años desde su llegada a la Casa Rosada en 2005. Casualmente, fue sobreseído por el juez Bonadio en abril del 2011.
(Fuente: TN)
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