Desde el 1 de enero, las 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban vigentes en España –de las que ya solo 12 estaban en producción– tendrán que cerrar o devolver los más de 500 millones de euros que han recibido de ayudas públicas, informó el diario El País.
La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe sobre el carbón de 2018, pronosticaba que su consumo para electricidad se reducirá un 4,1% cada año en la UE de aquí a 2021.
Para el sector en España había dos fechas clave, el 1 de enero de 2019 (para las minas) y 1 de julio de 2020 (para las centrales de carbón). La primera fija el cierre de las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas, como establece la UE.
A ese cierre se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria que lleva más de 30 años de ocaso en España. En noviembre ya solo quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985. Y el 90% del carbón que se quema en España para producir electricidad se importa ya de otros países como Colombia o Rusia.
La generación de electricidad con este combustible –el principal uso que se le da ahora al mineral– está también en el punto de mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante. Además, esta actividad acumula alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española.
Las normas europeas van encaminadas a hacer desaparecer las centrales de carbón. Desde hace años funciona un mercado de emisiones que ahora obliga a las plantas a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 que expulsan a la atmósfera. La previsión es que ese precio siga aumentando. Además, Bruselas pone cada vez más trabas a los Estados a la hora de dar subsidios encubiertos a las plantas.
Todo esto hace que las centrales de carbón sean cada vez menos atractivas. De hecho, las eléctricas han emprendido una carrera en España por deshacerse de unas plantas viejas que necesitan de costosas obras si quieren seguir operando. De las 15 centrales que queman carbón que hay ahora en España –y que este 2018 han generado el 14% de la electricidad del país– nueve cerrarán en el próximo año y medio. Al menos, es lo que quieren sus propietarias. Iberdrola y Endesa ya han presentado al Gobierno la petición para clausurar cuatro de sus plantas. Naturgy –antigua Gas Natural– presentará en breve la misma petición para otras tres de sus centrales. Y sin plantas térmicas el futuro de la minería, que ya estaba trazado desde principios de esta década, es aún más negro.
Bruselas aceptó en 2010 –tras las presiones de España y Alemania– que las minas deficitarias siguieran recibiendo ayudas públicas. Pero la condición principal de este pacto –que afectaba principalmente a España, Alemania y Rumania– era que los yacimientos tenían que cerrar el 31 de diciembre de 2018 como máximo. Si, llegada esa fecha, las explotaciones querían seguir operando, tendrían que poder hacerlo sin soporte público y devolver todas las ayudas recibidas.
Fuente: El País
PE
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