2019 y el desafío de revertir la recesión en un contexto de ajuste brutal

 

2018 fue el año en el que la realidad hizo trizas todos los pronósticos. Absolutamente todos los indicadores de la economía empeoraron y la gran mayoría de gente vive peor. El sector financiero acumuló ganancias siderales y fue el único beneficiado por las políticas que el Gobierno de Cambiemos eligió para enfrentar la crisis.

 

En el plano político, la reelección de Macri dejó de ser una certeza pero está lejos de ser imposible gracias a que ninguna expresión opositora termina de convencer a la sociedad y porque crecen las sospechas respecto a supuestos hechos de corrupción de enormes magnitudes en el Gobierno anterior. El cambio cultural más significativo fue la consolidación del feminismo como expresión política y como conducto de denuncias de delitos de género.

 

A días de iniciarse, 2019 es todavía una verdadera incógnita. Los analistas más optimistas se apoyan en la promesa de una cosecha récord para anticipar un camino de crecimiento que según los más optimistas, no comenzaría antes de abril. Otros sostienen que con un ajuste brutal de 2,7% del PIB y el arrastre negativo de 2018, no hay razones para pensar que la recesión podría cortarse el año próximo.

 

La maldición sin fin

A inicios del año que está llegando a su fin, el equipo económico de Cambiemos proyectaba el fin de “la maldición de los años pares”, una inflación de 15% que sería la más baja de la década y una reducción progresiva de las tasas de interés que garantizaría un crecimiento en la actividad del orden del 3,5% del PIB. Este castillo de optimismo se basaba en la premisa de que los mercados financieros seguirían aportando alegremente y sin preguntar demasiado a un modelo que se basaba en financiar déficit con endeudamiento hasta que en un momento incierto y gracias a un hipotético crecimiento sostenido, todo se equilibraría.

 

Al ver que la deuda argentina crecía mucho más rápidamente que su capacidad de generar ingresos genuinos y que no había planes para que eso se revirtiera en el corto plazo, los mercados comenzaron dudar de la capacidad de pago del país y les cerraron todas las ventanillas de crédito. El contexto mundial signado por la suba de las tasas de la FED y la amenaza constante de una guerra comercial entre las dos mayores potencias no ayudó. Rápidamente quedó en evidencia que el mejor equipo de los últimos 50 años no tenía un plan B para enfrentar ninguno de esos imprevistos y la confianza en el peso se desmoronó.

 

Declarada la corrida cambiaria, comenzó un concierto de desaciertos a cargo del entonces presidente del Central, Federico Sturzenegger, y su sucesor Luis “Toto” Caputo que terminó con tasas de interés superiores al 60%, decenas de miles de millones de dólares dilapidados en fútiles intentos por contener al dólar que aumentó más de 100% en pocos meses.

 

En el medio del vendaval, el presidente Macri fue a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y terminó entregándole el timón de la economía a madame Lagarde a cambio de oxígeno financiero para poder terminar su mandato sin caer en default.

 

Lejos de traer confianza, el primer acuerdo con el FMI fue interpretado por los mercados como una señal de debilidad y hubo que firmar otro, bastante más generoso en las remesas de dólares que llegarán hasta las elecciones del año próximo, pero que deja una situación irremontable para 2020.

 

Entonces llegó la estabilidad cambiaria a fuerza de torniquete monetario y el fracasado gradualismo dejó su lugar a un programa de ajuste puro y duro al mejor estilo del FMI, cuya aplicación hizo hinchar de orgullo el pecho del súper ministro de Hacienda Nicolás Dujovne que sin ponerse colorado declaraba por entonces que “en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno”.

 

La devaluación descontrolada se trasladó a precios y la inflación anual oscilará entre 47% y 49%, más del triple de la proyectada por el Gobierno a inicios de año. La gran mayoría de los salarios estuvo lejos de semejante aumento, la gente se vio obligada a consumir menos y el mercado interno se desplomó.

 

La caída del consumo sumada a la suba de las tasas de interés y a una mayor apertura a las importaciones fue un combo letal para la industria. Las fábricas cayeron como fichas de dominó dejando a más de 36 mil trabajadores en la calle. Para el comercio también fue un año negro, el nivel de actividad en ese sector cayó más de 11%.

 

Con todo lo negativo que fue 2018, el empleo registrado cayó poco más de un 1%, pero detrás de ese dato se esconde un crecimiento significativo en la precarización laboral ya que la pérdida de puestos de trabajo en relación de dependencia fue disimulada por un incremento en la cantidad de monotributistas y personal de servicio doméstico. Los nuevos trabajadores en Argentina ya no están en las fábricas sino montados en bicicletas y entregando paquetes puerta a puerta.

 

La cara más dura del fracaso económico de Argentina en 2018 fue el incremento de la pobreza. Según el último informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA, la pobreza pasó de 28,2% en el tercer trimestre de 2017 a 33,6% en el mismo período de 2018. En solo 12 meses el país sumó más de 2 millones de nuevos pobres, muy lejos de la promesa de pobreza cero que hizo Macri al asumir.

 

El próximo tarifazo

Apostando al efecto distracción, el Gobierno nacional eligió la semana entre Navidad y Año Nuevo para anunciar todas las malas noticias que se irán concretando durante el inicio del año próximo. Con el presidente Macri disfrutando de sus vacaciones en el sur, sus funcionarios salieron a confirmar que en 2019 la política de “sinceramiento de tarifas” seguiría diezmando la economía hogareña de los argentinos. El objetivo en definitiva es dejar en claro a las prestatarias que el costo del ajustazo no afectará sus abultadas ganancias y se trasladará íntegramente al usuario.

 

Para llevar adelante su programa de gasto primario cero, la Nación reducirá en 70% los subsidios al transporte, lo que impulsará las tarifas en todo el país. Para Buenos Aires el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció una suba de 40% del boleto que se replicará, números más números menos, en el resto de las ciudades.

 

En consonancia con su política de amortiguar los efectos del virtual retiro de la Nación en sectores de alto impacto social, la Provincia saldrá a cubrir con fondos propios parte de los subsidios que pagaba Nación. Por ejemplo, las empresas que integran el sistema que presta servicio en Posadas, Garupá y Candelaria recibieron 756 millones de pesos de Nación en 2018, cifra que se reduciría a 221 millones en 2018. Esa pérdida de 535 millones de pesos será compensada en parte con un aporte de la Provincia de 323 millones, lo que permitirá el boleto de ese servicio aumente en menor medida. Para el caso de Posadas, el municipio ya anticipó que a partir del 1 de enero el boleto urbano pasará de 15 a 20 pesos.

 

La Nación también determinó una suba en el costo de la energía, en este caso del orden del 55%. El encargado del anuncio fue el ahora ex secretario de Energía, Javier Iguacel, que trascartón presentó su renuncia.

 

Desde la distribuidora provincial EMSA advierten que no tienen margen para absorber nada de la suba dispuesta por la Nación en el valor mayorista de la energía. Los números de la secretaría de Energía de la Nación le dan la razón, la prestataria misionera está entre las seis que cobran un menor valor agregado de distribución o (VAD).

 

¿Hasta cuándo durará la caída?

A la hora de hacer proyecciones de cara al año que inicia, lo que todos los analistas buscan responder en cuándo encontrará su piso la economía argentina y volverá a crecer. Las visiones más optimistas, como la del senador por Misiones y presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, ubican el punto de inflexión a inicios del segundo trimestre de 2019.

 

La posibilidad cierta de una cosecha récord de granos es el argumento más sólido para pensar en una recuperación aunque sea leve de la economía en 2019, aunque los propios economistas de Cambiemos reconocen que resultará fundamental que la inflación siga en retroceso y dólar acompañe esa variación sin sobresaltos.

 

De cumplirse ese escenario es esperable que todas las economías con capacidad exportadora tengan una mejor performance, lo que sería una buena noticia para casi todas las producciones de Misiones y fundamentalmente para el turismo.

 

Analistas menos optimistas entienden que no hay argumentos reales para proyectar una recuperación el año próximo. De arranque advierten que el ajuste del gasto público equivalente al 2,7% del PIB previsto, sumado al efecto arrastre de la caída de alrededor de 3,5% que tendrá la economía este año, sientan bases sobre las cuales sería muy difícil erigir un proceso de crecimiento.

 

Al contrario de lo que se espera para las exportaciones, para el mercado interno todos proyectan una caída impulsada por la suba de tarifas y por paritarias que nuevamente no acompañarán a la inflación. Actualmente el mercado interno representa más de dos tercios del PIB, lo que vuelve muy difícil compensar una caída de este sector con lo que puedan generar las exportaciones.

 

El contexto electoral es otro elemento que podría conspirar contra la economía. Tradicionalmente en los años en los que hay elecciones, especialmente si son presidenciales y de resultado incierto, aumenta la dolarización de carteras y la fuga de capitales, lo que empujaría al dólar hacia arriba y con ella a la inflación.

 

Otro freno de mano que para el repunte económico son las tasas de interés siderales que el Gobierno nacional se comprometió a sostener al menos hasta mediados del año próximo para no atentar contra la precaria pax cambiaria. Sostener estas tasas genera además el riesgo de alimentar un déficit cuasi fiscal que se termine comiendo todo lo ahorrado a fuerza de ajuste en el gasto primario. Por otra parte, la posibilidad de que las renovaciones de Leliqs caigan por debajo del nivel esperado por el Gobierno podría terminar en una nueva corrida o en una medida drástica de ahorro compulsivo.

 

Pronóstico electoral cerrado

El significativo impacto social que está generando la debacle de la economía y una percepción generalizada de que el Gobierno nacional no manejó bien la crisis, minó la imagen de Macri, que había comenzado el año en su punto más alto de popularidad luego de la primavera gradualista de 2017.

 

Antes de que el dólar comenzara su alocada carrera, los índices de aprobación de gestión del presidente superaban el 50%, así como su intención de voto. Hasta los opositores daban por descontada la reelección y pensaban más en 2023 que en 2019.

 

Después de un proceso sostenido de caída que se revirtió levemente en los últimos meses de la mano de la estabilidad cambiaria, la intención de voto a Macri se ubica entre 28% y 33% por ciento en la mayoría de las encuestas. Según los analistas, ese sería el núcleo duro del voto Cambiemos que difícilmente vaya a reducirse de no mediar ninguna catástrofe económica. Con ese nivel de adhesiones la reelección de Macri depende en buena medida de lo que haga la oposición.

 

Con un porcentaje parecido de intención de voto se ubica la expresidente Cristina Kirchner, que arrastra la contradicción de ser la candidata opositora que más votos sumaría en primera vuelta, pero al mismo tiempo es –siempre según encuestas- la que más difícil tendría la competencia contra Macri en un eventual ballotage, producto del alto grado de imagen negativa que pesa sobre su figura.

 

Que los dos potenciales candidatos con mayor llegada al votante sean un presidente cuya gestión desaprueba más del 60% por ciento de los argentinos y su antecesora que está imputada en seis causas por corrupción, da cuenta de las dificultades que encuentra la oposición no kirchnerista en generar una propuesta superadora.

 

El intento más serio de disputarle el poder a los dos últimos presidentes surge de Alternativa Federal, que integra a peronistas y fuerzas provinciales. La figura más visible de ese espacio y uno de los que ya se propuso como candidato es Sergio Massa, que en las encuestas aparece como tercero cómodo en primera vuelta, pero como ganador en un ballotage tanto contra Macri como contra Cristina.

 

Para el peronismo la gran disyuntiva de cara a 2009 es armar un frente amplio que integre a todos o separar las aguas con el kirchnerismo. Si con el transcurrir del año espacios como Alternativa Federal consiguieran posicionar a un candidato con posibilidades ciertas de entrar en segunda vuelta, seguramente se alejará la posibilidad de un armado más amplio. Pero si eso no ocurriera, el 30% de votantes que Cristina pareciera tener cautivos resultará un imán demasiado fuerte para el resto de los dirigentes peronistas.

 

La sombra de los cuadernos

Las fotocopias de ocho cuadernos en los que Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, afirma haber registrado pagos de coimas fueron la piedra fundamental de una investigación judicial que de llegar a conclusiones firmes develaría uno de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina.

 

Los escritos describen un complejo entramado –al mejor estilo Lava Jato- de sobornos relacionados a la obra pública que involucraba a los empresarios más poderosos del país y a altos funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

 

Con el garrote de la prisión preventiva en una mano y la zanahoria de la excarcelación para los delatores en la otra, el juez Claudio Bonadio llevó adelante más de 120 indagatorias en las que sonsacó testimonios que inculparon a buena parte de la planta mayor del funcionariado kirchnerista y a decenas de empresarios. En contrapartida, los allanamientos no consiguieron dar con prueba física concluyente.

 

La causa de los cuadernos también tuvo repercusiones en Misiones con la detención del exdirector de Yacyretá, Oscar Thomas, quien lleva más de cien días preso implicado en un supuesto pago de coimas.

 

Entre los empresarios detenidos figuraron el expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner; Javier Sánchez Caballero, exCEO de IECSA; Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería; Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones; Jorge Guillermo Neira, número dos de Ferreyra en Electroingeniería; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, presidente de BTU.

 

La última medida de impacto fue la citación como acusados de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri, y de Eduardo Eurnekian y otra veintena de nuevos empresarios acusados de pago de sobornos. Además, y vinculado a la adjudicación de obra pública, Bonadio también procesó al presidente de Tenaris, Paolo Rocca.

 

En el marco de esta causa, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y como partícipe en 27 hechos de cohecho y en el mismo fallo, favoreció a un grupo de empresarios, muchos de los cuales declararon como arrepentidos.

 

Misiones y una visión distinta del rol del Estado

Cuando Hugo Passalacqua asumió en 2015 se enfrentaba a la situación inédita para Misiones desde la recuperación de la democracia –salvo por los primeros dos años del período de Julio Humada-  de tener que gobernar la provincia con un presidente de distinto color político. “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”, dijo el mandatario provincial en su discurso de asunción y con eso dejó establecidas las reglas de relacionamiento con la Nación.

 

A partir del principio de respeto institucional mutuo, ambas jurisdicciones pudieron avanzar en acuerdos políticos que redundaron en beneficios para la gente y en el desarrollo de una relación cercana, hasta de afecto. Sin embargo esto no impidió que el Gobierno provincial renunciara a una visión de la política y fundamentalmente del rol del estado que difiere bastante de la que tiene Cambiemos.

 

Mientras desde el Gobierno nacional creen en las virtudes del “sinceramiento” de la economía, en intervenir lo menos posible y dejar que los factores se expresen en libertad; desde la Provincia sostienen una visión de un Estado más activo, con mayor presencia para proteger al ciudadano de a pie, a las pymes y a los pequeños productores de los avatares del mercado.

 

Las diferencias pueden verse claramente en la manera de manejar la regulación de tarifas. Para la Nación está muy claro que los usuarios tienen que pagar lo que sea necesario para cubrir los costos de las prestaciones y garantizar un margen de ganancia a las empresas, por aquello de fomentar las inversiones. Lo dejó muy claro el propio Macri hace algunos meses cuando autorizó a las empresas de gas, todas con ganancias muy importantes, a cobrar aumentos retroactivos para compensarlas por la devaluación: “Lo aumento porque es lo que vale”, dijo en aquella oportunidad.

 

La Provincia en cambio entiende que es obligación del Estado “buscarle la vuelta” para que todo el peso de los aumentos de costos no termine cayendo solamente sobre los hombros de los usuarios. Así lo entendió Passalacqua cuando en febrero retrotrajo los aumentos de la luz de principios de año.

 

El contexto de caída del consumo que imperó este año evidenció otra marcada diferencia entre ambos gobiernos. El de Macri, más cercano a una concepción liberal, entiende que si a la gente no le alcanza la plata tiene que consumir menos y punto. Frente al mismo contexto, el Gobierno provincial agudizó el ingenio para desarrollar un programa que es ejemplo en el país y que evitó que la caída de las ventas fuera mayor, el Ahora Misiones.

 

Se trata de un programa que financia compras en hasta 12 cuotas sin intereses, entrega reintegros de hasta 20% y registró logros de alto impacto social, como congelar el precio del pan en 50 pesos por kilo o –aquí el juego de contraste con la Nación es inevitable- abaratar el costo del gas en garrafas a amplios sectores de la población.

 

El programa inició en 2016, pero terminó de sorprender a todos este año porque se sostuvo a pesar de un contexto signado por una dura política monetaria de un Banco Central que no duda en llevar las tasas de interés a niveles estrambóticamente altos aunque ello implique congelar la actividad económica y frenar cualquier posibilidad de inversión en la economía real.

 

El contraste llama la atención y todo el país se pregunta cómo hace una provincia pequeña y desfavorecida por el reparto de la coparticipación para dar beneficios a sus habitantes cuando el contexto nacional marca un franco retroceso en la calidad de vida de casi todos los eslabones de la sociedad. Cuando en el resto del país se cobran intereses del orden del 80% anual en cualquier operación comercial –las tarjetas cobran cerca de 100%-, en Misiones se puede comprar en 12 cuotas sin intereses y encima, con reintegros.

 

Estas políticas explican en buena medida el hecho de que en Misiones los índices sociales y económicos no hayan caído de la misma manera que lo hicieron a escala nacional.

 

La revolución de las hijas

Más allá de los vaivenes de la economía y de la política, seguramente el cambio más profundo que experimentó la sociedad argentina en 2018 tiene que ver con las mujeres y con la revolución que están llevando adelante –con contradicciones, avances y retrocesos- para eliminar las barreras de género, visibilizar situaciones de opresión, denunciar actos de violencia de distinta gravedad y en definitiva, terminar con la forma de ejercicio del poder que se denomina patriarcado.

 

El cambio que están logrando las mujeres es profundo porque opera a nivel cultural. Está modificando la manera en la que los hombres y las propias mujeres entienden que deben actuar y relacionarse. Está forzando un replanteo en cuestiones tan básicas como la distribución de las tareas del hogar, las relaciones laborales, las nociones de autoridad dentro de las familias, los límites del acoso y la violación o las convenciones establecidas en torno al humor.

 

El nacimiento –al menos para la mayor parte del mundo- de un concepto tan potente como la sororidad le dio a un sinnúmero de mujeres el empujón que necesitaban para denunciar situaciones de violencia que habían sufrido durante su vida y mantenían en silencio por temor a la condena pública y la falta de respaldo. En ese caldo de cultivo nació el “me too” que expuso a depredadores sexuales en distintos lugares del mundo, pero más importante todavía, le puso un freno a todos los potenciales agresores sexuales.

 

La apertura del debate por la legalización del aborto puso en escena la masividad del movimiento feminista y generó un efecto contagio que corrió como un reguero de pólvora especialmente entre las más jóvenes. Más allá de las discusiones que generó un tema transversal como el aborto y del resultado de las votaciones en Senadores y Diputados, lo que quedó en evidencia es que ya nadie podría mirar para el costado ante los planteos de este colectivo.

 

La fuerza de las feministas obligó a todos los movimientos políticos a tener una agenda de género (a favor o en contra) que involucre temas como la distribución de los cargos públicos, perspectiva de género en la justicia, legalización del aborto, equiparación de licencias por paternidad y maternidad, equidad salarial, educación sexual integral, entre otros.

 

De cara a un 2019 que nadie parece saber muy bien cómo será en términos electorales o económicos, la única certeza parecen tenerla un grupo de mujeres que con una convicción perturbadora repiten “se va a caer” y ni siquiera tienen que especificar que hablan del patriarcado. Así de claro lo tienen.

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