Hoy no se registran cortes en la ruta, pero retomaron la manifestación sobre la avenida Las Américas, entre los barrios 140 y 90 viviendas.
A cuatro años del crimen de Lola Chomnalez una adolescente de 15 años que estaba de vacaciones en Valizas (Uruguay) con su madrina y su familia, la investigación está casi igual que el primer día.
No hay una hipótesis preponderante, no hay imputados, ni certezas sobre lo que pasó aquel 28 de diciembre de 2014, cuando Lola salió a caminar por la playa a la hora de la siesta. Y ahora, como se pesca a ciegas con una red en el fondo del mar, la Justicia uruguaya busca al culpable entre todos los presos del sistema penitenciario de ese país.
Para eso comparan sus ADN con los rastros genéticos encontrados en un toallón manchado con sangre que estaba adentro de la mochila de Lola, hallada dos semanas después del crimen enterrada en la arena, muy cerca de donde apareció el cuerpo.
Lola Chomnalez fue hallada sin vida el 30 de diciembre de 2014, dos días después de su desaparición. Estaba en una zona de médanos y vegetación a unos cuatro kilómetros de la casa donde se hospedaba junto a su madrina, Claudia Fernández, la pareja de la mujer, Hernán Tuzinkevich, y el hijo de ambos.
El grupo se había instalado en el balneario para pasar fin de año allí. Lola llegó el 27 de diciembre y al día siguiente desapareció.
La autopsia sobre el cadáver, que estaba semienterrado en la arena, determinó que la adolescente murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Creen que la mataron aplastando su cara contra la arena. Además, se estableció la hora de muerte entre las 14 y las 15 del mismo día que desapareció.
Los primeros días de la investigación, vitales para el esclarecimiento del caso, estuvieron repletos de desprolijidades. En diez días, la jueza Marcela López Moroy detuvo y liberó a 9 personas. Entre ellas a la propia madrina de Lola, Claudia Fernández.
El 8 de enero de 2015, López Moroy dejó la causa y en su lugar asumió Silvia Urioste, la titular del juzgado N° 2 de Rocha que estaba de licencia por la feria. Luego vino la jueza Romina Sena y a fines del año pasado se hizo cargo del caso el magistrado Juan Manuel Giménez Vera.
En el medio el desfile de sospechosos por la Fiscalía de Rocha continuó. En total hubo cerca de 40 indagados. Todos quedaron desvinculados del caso.
Uno de ellos y que generó aún más misterio en torno al crimen fue Hugo Beltrame, apodado «Huguito». Al joven de 30 años lo detuvieron en Chuy, una ciudad fronteriza en el límite de Uruguay y Brasil, por orden de la jueza Urioste. Se declaró inocente y dijo que lo confundieron con otro «Huguito». Unos días despues de recuperar su libertad lo acribillaron de seis tiros en Rocha. Ese crimen también quedó impune.
En septiembre de 2015 apareció el «Negro Huguito», amigo de Beltrán. Lo detuvieron después de que se difundiera una conversación de un periodista con un ex preso al que el sospechoso le habría confesado el crimen. «Se nos fue la mano», le habría dicho.
Esa conversación que salió a la luz sembró más sospechas en torno a la investigación. Sobre todo al rol que jugó la Policía de Rocha. «La Policía me está acosando todos los días. (…) El miedo mío es que yo sea un ajuste de cuentas más, porque el «Huguito» (…) trabaja con la Policía de Rocha de acá, por eso es intocable», señaló el hombre. Finalmente, el «Negro Huguito» se declaró inocente y fue liberado.
En septiembre de este año, los padres de Lola, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte, viajaron a Uruguay para reunirse con la fiscal del caso, Patricia Sosa. Allí les informaron que la Policía de Rocha estaría otra vez al frente del caso.
«La investigación es muy desastrosa, la Justicia uruguaya deja mucho que desear. Hay puntos que están sin haberse resuelto como debían», dijo la chef Beatriz Chomnalez, abuela de la víctima. La familia fue a Uruguay con una carta del Presidente Mauricio Macri en la que pedía un reimpulso a la investigación.
El pedido del cotejo de ADN con los presos del Comcar, la cárcel más grande de Uruguay, y al penal de Rocha, fue solicitado a la Justicia por el entonces abogado de la familia Chomnalez, Jorge Barrera. Los tests se fueron haciendo pero nunca se dio con un resultado positivo. Ahora con la Ley del Registro de Huellas Genéticas, cada nuevo detenido que ingresa al sistema penitenciario uruguayo es cotejado con la pista del perfil genético del caso Lola.
«Es un hecho complejo en una escena del crimen con la naturaleza haciendo su trabajo en contra de la investigación», consideró Juan Williman, abogado de la familia Chomnalez en Uruguay. «El móvil no es abuso, parece que fue robo. Pero hay cosas que no son claras y que complejizan la investigación y no han generado prueba judicial válida», señaló.
A pesar de la falta de resultado, desde la familia de Lola no bajan los brazos. «Yo guardo la esperanza que se siga trabajando el expediente. Por ahora está en movimiento y eso me genera la sensación de que se puede llegar a esclarecer», dijo Williman.
( Clarín) A. C
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