El STJ instó al Tribunal Penal Dos que fije cuanto antes fecha para el juicio oral por la Megaestafa

El STJ instó al Tribunal Penal Dos que fije cuanto antes fecha para el juicio oral por la Megaestafa

El Superior Tribunal de Justicia instó el Tribunal Penal Dos de Posadas a fijar fecha para la realización del juicio oral y público por la llamada Megaestafa, maniobra por la cual una organización retiraba de manera ilegal fondos depositados en cuentas judiciales. El expediente data de 2003.
“Teniendo presente la gravedad, la complejidad y el tiempo transcurrido en virtud de la gran actividad defensiva llevada a cabo por las partes, solicito al Tribunal Penal actuante, fije en forma inmediata fecha para la realización de la Audiencia de Debate Oral y Público”, indicó en su voto la ministra Cristina Irene Leiva, la voz cantante de la resolución que rechazó el planteo de una de las acusadas, quien buscaba la prescripción de la causa.
La imputada Nora Castelli acudió en casación al STJ, pero la Corte misionera consideró que ese planteo fue mal otorgado. Sostuvo que la casación se abre para medidas que ponen fin a una acción penal, como la sentencia, por ejemplo.
Leiva indicó en su voto que “en lo que hace al recaudo referido a la definitividad del decisorio, debe precisarse que, en el caso particular de autos, la cuestión recurrida no es de aquellas que puedan considerarse definitivas o asimilables a tal, siendo éste un recaudo básico para la admisión del Recurso de Casación”.
“En este sentido, cabe destacar, que las cuestiones que deciden sobre rechazos de planteos de prescripción, no revisten el carácter de definitivo ni asimilable a tal, siendo materia inatendible en la instancia Casatoria, máxime que, no se aprecian ni verifican causales excepcionales que ameriten su revisión. Así, el Recurso Extraordinario de Casación procede únicamente contra resoluciones definitivas o asimilables a tal carácter en tanto ocasionen gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, situación que no se avizora en las presentes actuaciones. En conclusión, entiendo corresponde se declare Erróneamente Concedido el Recurso de Casación incoado en autos, y, en consecuencia, Inadmisible de conformidad a lo establecido por los arts. 478, 481 y 467 del C.P.P”, concluyó.
Adhirieron al voto los Dres. María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Froilán Zarza y Cristian Marcelo Benítez.
En el mismo fallo, se instó a que se fije fecha de audiencia cuanto antes. El debate oral y público saldría en 2019.
Los cinco acusados que tiene la causa son la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Espinosa y Guillermo Abdón Fernández. Este último trabajaba en una reconocida entidad bancaria de donde se sacaba el dinero; se cree que él facilitaba las operaciones.
La causa, que se inició en 2003, es compleja y cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.
El Tribunal que juzgará a los sospechosos está integrado por Marcelo Cardozo (Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6).



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