La iniciativa contra la violencia de género tuvo 59 votos a favor y obliga a todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado a recibir una capacitación en el tema.
El Senado de la Nación aprobó, con 59 votos a favor, la llamada «Ley Micaela García», y una norma que desregula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios. Ambas iniciativas habían obtenido media sanción anoche en la Cámara de Diputados.
La «Ley Micaela», que obliga a todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado a recibir una capacitación en materia de género, tomó ese nombre en homenaje a la joven de 21 años que fue víctima de un femicidio en abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
La norma propone la creación de un «Programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres», que deberá ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley. La modalidad de las capacitaciones será definida por cada organismo estatal, pero el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) tiene la obligación de certificarlas e impartir las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
“Este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género”, expresó la senadora justicialista Sigrid Kunath quien destacó que los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, “transformaron el dolor en una lucha por visibilizar las problemáticas de género y prevenir el femicidio, que es la forma más atroz de violencia de género”.
Por su parte, la legisladora oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo en declaraciones consignadas por el portal Parlamentario que el tratamiento de este tema significa “poner sobre el tapete un compromiso de este Congreso para erradicar la violencia de género”.
En tanto, la senadora del Frente para la Victoria, Nancy González, respaldó el proyecto aunque con duras críticas al Gobierno por los recortes en el presupuesto destinado a políticas contra la violencia hacia las mujeres. “Si el Estado se interesara por el género no podría recortarle el presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres como se lo recortó”, advirtió la chubutense. En este sentido, precisó que “el Estado invierte 11,36 pesos por mujer para combatir la violencia de género, una caída del 18% con respecto al presupuesto del año pasado”.
En la misma sesión, la Cámara alta aprobó una norma que desregula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios, que también había recibido media sanción anoche en la Cámara de Diputados. Además, se resolvió postergar hasta febrero próximo el tratamiento de los proyectos de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos y el que penaliza la violencia en el fútbol y a los barrabravas (también aprobado el martes en la Cámara baja), por falta de acuerdo entre los distintos bloques políticos.
La iniciativa de desregulación pretende eliminar la obligación de Papel Prensa de abastecer el mercado interno. También establece que no se podrá imponer un aumento del arancel por la importación del papel y habilita a la empresa a ofrecer descuentos cuando se compren determinados volúmenes. El proyecto, presentado por el bloque de Diego Bossio en diputados, fue aprobado con 45 votos afirmativos, 16 en contra y 3 abstenciones.
El inicio del debate estuvo marcado por el discurso del radical Juan Carlos Marino, denunciado por acoso por parte de una militante de la UCR y empleada del Congreso. «Inicialmente niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se denunció en la causa y de la cual no he sido formalmente notificado», afirmó el legislador.
El pampeano aseguró que realizó «las acciones necesarias a fin de ponerme a Derecho». «Me he presentado en el expediente sin haber tenido acceso al mismo por no permitirlo la situación procesal. Pongo a disposición de este cuerpo mis fueros como senador de la Nación», agregó. Este último mensaje de Marino fue a título simbólico, ya que los fueros no inhabilitan una investigación judicial y un legislador no puede renunciar a ese derecho. (Perfil)
El senador Juan Carlos Marino rechazó la denuncia por abuso sexual y puso a disposición sus fueros
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