Ordenan detener al juez federal de Corrientes por favorecer a narcotraficantes

El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila. El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en esa ciudad, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.
Además dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días, en una causa impulsada junto al fiscal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. Los dos secretarios están suspendidos desde hace tiempo y serán indagados a partir del próximo jueves.
Esta investigación está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido desde hace meses el Intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral. El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos. Entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. Al ser juez Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero.
El juez Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Mientras que la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.
El origen del caso se remite a 2013, con los primeros detenidos y el secuestro de droga en un operativo en la villa 21 de Barracas. En una segunda etapa, en marzo de 2017, detuvieron a Terán, Aquino, el comisario de Itatí Diego Ocampo Alvarenga, el segundo jefe de la delegación PFA en Corrientes Rubén Ferreyra, gendarmes, prefectos y narcos.
El manejo de la droga en Itatí estaba cargo de tres cabecillas Luis «Gordo» Saucedo (todavía prófugo), Federico «Morenita» Marín recientemente detenido, y Carlos Alberto Bareiro. En total la megacausa tiene un total de 132 involucrados, 89 en juicio, 33 todavía bajo investigación y 10 con pedido de captura. Además se secuestraron 14 toneladas de marihuana y cinco de cocaína.

Fuente: TN