Nene baleado en Posadas: el juez ordenó la detención de los padres porque cree que mintieron en la versión del hecho que dieron a la Policía

Los padres del nene de 12 años que murió esta semana luego de recibir un balazo en la cabeza en su casa del barrio Cocomarola Oeste de Posadas fueron detenidos porque su versión de los hechos no coincide con los elementos que la Secretaría de Apoyo para los Delitos Complejos del Poder Judicial detectó en la residencia. Se cree, por estas horas, que el chico, que se llamaba Rodrigo, pudo haber recibido un disparo accidental cuando forcejeaba con el papá policía, quien intentaba sacarle la pistola reglamentaria.
Hasta ayer, al menos, la hipótesis era que el chico se disparó en la cabeza con el arma laboral del padre deprimido porque no había aprobado el examen para ingresar al colegio secundario en el que deseaba estudiar el año que viene.
El juez de Instrucción Tres, Fernando Verón, consideró que hay indicios que tanto el hombre (un sargento que trabajaba en la comisaría Tercera) como su esposa llevaron adelante acciones para entorpecer la investigación, como dar un relato diferente del sucedido y de haber manipulado el arma luego de ocurrido el episodio.
El trabajo pericial de los expertos también arrojó otra novedad, que el hallazgo de un proyectil intacto. Esto hace suponer a los detectives que, como declararon algunos vecinos del barrio, hubo más de un disparo la noche del hecho en la casa de la víctima.
Este fin de semana, o más tardar el lunes, la pareja será indagada por el magistrado. El hombre ya fue apartado por la Jefatura de Policía y está en situación pasiva. Su mujer también es empleada pública.
El caso se registró el pasado domingo 18 de noviembre cuando cerca de la medianoche. El niño fue hospitalizado con una herida de arma de fuego en la cabeza. El paciente fue trasladado por sus propios padres desde su casa del barrio Cocomarola Oeste, donde se había producido el hecho. El deceso se produjo al día siguiente.
En primer término, había tomado intervención en el caso la jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva, quien luego de recibir el informe preliminar de los peritos, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a su colega Verón.
Leiva consideró que existían demasiadas incongruencias entre los dichos de los padres, las evidencias físicas encontradas por la secretaría de Delitos Complejos del Poder Judicial y los primeros datos surgidos de la autopsia realizada al niño.
Es que el padre insistió reiteradas veces que el niño se había disparado con la mano derecha. El lado del orificio de entrada de la bala, desmentiría esa afirmación del progenitor, quien además habría dado positivo en el examen de alcoholemia que se le practicó.
Otro dato llamativo, es que la policía tardó más de tres horas en avisar el hecho a la magistrada.
Al parecer, tampoco los agentes del orden presentes en el lugar hicieron un relevamiento exhaustivo del lugar.
Delitos Complejos encontró varias pruebas que a los policías se les pasó por alto.
Con todos esos elementos, ya no había dudas que la investigación debería realizarse de otra manera. Leiva debió apartarse de la causa y la misma pasó a Verón.
Fue el juez quien ordenó las detenciones. El sumario judicial está caratulado de manera preventiva como «homicidio agravado por el vínculo».
A la víctima fatal se le tomó una muestra para realizar un estudio que se llama barrido electrónico, a fin de determinar si él efectuó un disparo con la pistola reglamentaria del padre. Ese estudio se hace en la provincia del Chaco y demandará unos días.

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