El presidente Donald Trump planea acabar unilateralmente, a través de una orden ejecutiva, con el derecho a adquirir la nacionalidad estadounidense a los hijos de padres extranjeros por el hecho de nacer en el país. La nueva maniobra en su ofensiva generalizada contra la inmigración ilegal, anunciada en una entrevista con la web de noticias Axios, plantearía un encendido debate constitucional.
Y llega justo una semana antes de unas elecciones legislativas en las que el republicano ha convertido la lucha contra inmigración en la baza para movilizar a sus bases y evitar el pronosticado auge de los demócratas.
La Constitución estadounidense reconoce desde hace 150 años el derecho a la ciudadanía por el hecho de nacer en suelo estadounidense. Negar ese derecho a los hijos de padres que no residen legalmente en el país es una idea que Trump ya había formulado con anterioridad en su carrera política. Pero, debido a que chocaría con el enunciado de la 14ª enmienda, sería difícil llevar a cabo la medida unilateralmente, e intentarlo desencadenaría, cuando menos, un intenso debate constitucional.
“Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y ese bebé es esencialmente ciudadano de los Estados Unidos durante 85 años, con todos los beneficios. Es ridículo. Es ridículo. Y tiene que acabar”, ha dicho el presidente, según extractos adelantados de la entrevista. El anuncio de Trump ha llegado acompañado de la ración habitual de tergiversación de la realidad: no es cierto que sea «el único país».
Lo cierto es que más de 30 países reconocen el ius soli, según un informe del Centro para Estudios de Inmigración, un organismo, a menudo citado por el entorno de Trump, que defiende el control de las fronteras. Entre los países que reconocen ese derecho están Canadá y México. Ninguno de los países de la UE, en cambio, contempla ese derecho de manera automática.
La 14ª enmienda a la Constitución establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”. Reformar una enmienda a la Constitución es algo que no se puede hacer mediante una acción unilateral del presidente: requiere mayorías cualificadas en el Congreso. Eso, explica Trump en la entrevista, es lo que inicialmente le habían indicado los expertos. “Siempre me dijeron que hacía falta enmendar la Constitución. ¿Pero sabe qué? No hace falta. Ahora me dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva”, dice el presidente en la entrevista, en la que no ofrece un calendario para llevar a cabo la medida.
La opinión de algunos juristas conservadores es que la enmienda en cuestión está pensada para aplicarse solo a ciudadanos o residentes permanentes en el país. Ahora Trump y sus aliados parecen estar dispuestos a emprender el desafío constitucional que podría llegar al Tribunal Supremo, donde desde el reciente nombramiento del juez Kavanaugh los conservadores cuentan con una mayoría más cómoda.
La batalla legal estaría centrada en el significado de la expresión “sujeta a su jurisdicción”. “Todos valoramos el lenguaje de la 14ª enmienda, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre si esa expresión de ‘sujeta a su jurisdicción’ se aplica específicamente a las personas que están legalmente en el país”, ha dicho el vicepresidente, Mike Pence, en una entrevista con la web de noticias Politico, horas después de que se publicaran los adelantos de la entrevista.
Fuente: El País
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