Productores tealeros denunciaron incumplimientos en los precios

Referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) denunciaron incumplimientos en los precios del té. Afirman que solamente una de las empresas exportadoras está pagando los precios laudados por el ministerio del Agro de la Provincia. Lo hicieron ante los defensores del pueblo de Oberá, Posadas y San Vicente. Aseguran que cada vez más colonos se ven obligados a dejar sus chacras.

 

 

Los representantes de la organización de productores explicaron que por la Comisión Provincial del Té (COPROTE), fijó un valor de 3,15 pesos por kilo de brote verde y remarcaron que “sólo una empresa está cumpliendo con ese valor, mientras que los demás pagan por debajo de la cifra pactada”.

 

A decir que los integrantes de la APAM, esto generaría un problema aún mayor ya que los productores apurados por la crisis, terminan malvendiendo su té, cobrando en negro y eso les impide invertir en máquinas y en su propia tierra, generando desfinanciamiento, descapitalización. «Muchos terminan incluso malvendiendo sus chacras porque lo que sacan no les alcanza para vivir», señalaron.

 

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Posadas ,Alberto Penayo, remarcó que “desde las defensorías vamos a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio del Agro y la Producción, así como los demás organismos intervinientes porque los derechos de los colonos tealeros están siendo vulnerados, son víctimas de los grandes empresarios, quienes priorizan sus ganancias dejando totalmente excluido lo social”.

 

Desde la APAM enfatizaron en que son más de cinco mil productores tealeros, que están padeciendo la falta de regulación del sector así como de control en el cumplimiento del precio pactado.

 

El encuentro cerró con la firma de un acta. Penayo explicó que “vamos a trabajar en generar los espacios de diálogo y consenso para que se respeten los precios de garantía fijados por la COPROTE, y dejando en claro que lo hacen en el marco de la defensa y promoción de derechos y garantías constitucionales para evitar las situaciones de vulnerabilidad de los integrantes de las familias agrícolas”.

 

JRC EP

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