Incentivo forestal: En lo que va del año, Nación ejecutó más de 87 millones de pesos para el pago de planes y se estima que del «Seguro Verde» destinen 94 millones al sector en el último trimestre

Así lo confirmó el director nacional de Foresto-industria (DNFI) de la Secretaria de Agroindustria de la Nación, Nicolás Laharrague. En el último trimestre de 2018 ya entraría en funcionamiento el acuerdo con las Compañías Aseguradoras por el 1% de lo recaudado del cobro de las pólizas correspondiente al trimestre de julio a septiembre, como partida extra presupuestaria para sostener el sistema de promoción forestal de la Ley 25.080. Entre las provincias de Misiones y Corrientes, fuentes oficiales estiman que la deuda con pequeños y medianos productores asciende a la fecha en 385 millones de pesos.

 

En lo que va del año 2018, la actual Secretaría de Agroindustria de la Nación aprobó resoluciones de pagos por un total de 87.140.024 pesos para destinar en concepto de Aportes Económicos No Reintegrables (incentivos forestales) en el marco del régimen de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, y por medio de su prórroga con la Ley 26.432, sistema creado para la promoción de plantaciones que se efectúen en nuevos emprendimientos y en las ampliaciones de los bosques cultivados existentes, además de otorgar Estabilidad Fiscal a las empresas.

De esta forma, la DNFI estaría próxima a ejecutar el total del Presupuesto de 100 millones de pesos aprobado para el ejercicio 2018 con el sector forestal. Las resoluciones de pagos beneficiaron a 14 provincias argentinas, destinándose al pago de planes forestales certificados por una superficie lograda de 9.104 hectáreas, 11.034 hectáreas de poda y 4.889 de raleo. En tanto, de manejo de rebrote fueron 758 hectáreas, y de enriquecimiento de Bosques Nativas 149,12 hectáreas.

Los fondos corresponden a planes de 355 productores de diferentes provincias forestales del país. Los montos destinados de enero a octubre, según jurisdicción, fueron:

1. Corrientes: $35.829.828
2. Misiones: $28.580.918
3. Buenos Aires: $10.345.934
4. Entre Ríos: $8.848.996
5. Chubut: $2.769.796
6. Jujuy: $205.437
7. Mendoza: $154.237
8. Neuquén: $140.523
9. Chaco: $ 78.685
10. Santa Fe: $ 69.869
11. Córdoba: $43.727
12. Tucumán: $35.235
13. San Juan: $ 20.037
14. Río Negro: $16.803

TOTAL: $ 87.140.024

La información de resoluciones de pago es actualizada en forma online y se puede acceder a la página oficial en internet de la Dirección Nacional de Foresto-industria (DNFI). “Se mantiene actualizado el sitio con las publicaciones de las resoluciones de pagos, todo es muy dinámico. Los pagos se van realizando, y si bien hay demoras, las mismas responden a varios factores. A veces, dependiendo del monto, si el beneficiario cobra por ventanilla o si está dentro del sistema bancarizado, se genera una demora hasta llegar a su cuenta. Pero los pagos de planes se van emitiendo. Hay, efectivamente, un pequeño atraso en la operatoria para hacer efectivo la emisión de los fondos desde Hacienda, que viene también un poco demorado en el trámite de bancarización. Pero se espera que para fines de octubre y noviembre los pagos sean ejecutados, ya que se tienen las resoluciones firmadas por un monto de 87 millones de pesos que se van liberando, y llegará a los productores en el corto plazo”, aseguró el director nacional de Foresto-industria, Nicolás Laharrague, quien estuvo acompañado por el asesor jurídico del organismo, Martín Aguilar, en una entrevista con ArgentinaForestal.com que concedió esta semana en Buenos Aires.

En sus distintos eslabones en toda la cadena foresto-industrial, la actividad se posiciona como un aliado estratégico para el país en lo que respecta a las acciones que deben cumplirse para alcanzar las metas hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a las que el gobierno nacional adhirió.

La forestación sostenible es una de las acciones clave. La meta del país es lograr incrementar de 1,3 millones a 2 millones de hectáreas de superficie de bosques cultivados que tienen un destino comercial (madera, muebles, celulosa, papel, tableros, bioenergía). En esa línea,los productores forestales están expectantes al Congreso Nacional, espacio donde se debatirá el proyecto de prórroga y modificación de la Ley 25.080, ya que este régimen vigente a la fecha tiene fecha de vencimiento para enero de 2019.

Para entender el “mapa actual” de la operatoria que está próxima a cerrar un ciclo y conocer el nuevo mecanismo financiero que aportará al sistema de promoción con partidas extra-presupuestarias con el acuerdo con las compañías aseguradoras por un fondo del «Seguro Verde» que permitirá al gobierno nacional hacer frente a la millonaria deuda con el sector, dialogamos con la máxima autoridad del área forestal a nivel nacional.

Seguro Verde para la promoción forestal

AF: ¿Se ha solicitado desde Agroindustria una partida extra-presupuestaria a los 100 millones de pesos asignados para hacer frente al pago de planes forestales y así lograr disminuir la deuda pendiente con los productores?

NL: Si. En parte se ha solicitado una partida extra y se está analizando si podrá darse o no este reparto de fondos en el último trimestre para destinar al sector forestal.

Por otra parte, en paralelo esperamos que entre en funcionamiento el fondo del Seguro Verde para el pago de planes forestales del sistema de promoción durante el último trimestre del año vigente.

Por Decreto Presidencial y Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación y Agroindustria, publicado oficialmente en el mes de junio del corriente año, está todo listo desde lo administrativo.

 

AF: ¿Cómo se garantiza el mecanismo de destino de fondos para los productores y que lo que se recaude a través del Seguro Verde finalmente llegue al circuito de la Ley 25.080?

El Seguro Verde destinará un 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones de carga, a la Ley de Promoción. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aportará recursos que permitirán mitigar los efectos de gases y así reducir su huella de carbono.

Las Compañías de Seguro emiten estas pólizas en forma trimestral. En junio se oficializó el compromiso, por lo tanto, el trimestre de julio, agosto y septiembre de este año ya entra en la operatoria. A partir de agosto las aseguradoras que adhirieron al acuerdo de “Seguro Verde” comenzaron a recaudar de las pólizas nuevas. (NdR: entre las compañías aseguradoras se encuentran Federación Patronal, La Segunda, San Cristóbal, Sancor Seguros, Triunfo Seguros, Nación Seguros, QBE-Zurich, Paraná Seguros, Cooperativa Mutual Patronal, Boston, Seguro Metal y el Instituto de Seguros de Entre Ríos, entre otras).

A fin de septiembre las aseguradoras cerraron su balance del trimestre, y tienen 45 días para la emisión de los fondos  y separar lo que corresponde para la entrega del monto acordado del porcentaje a destinar al “Seguro Verde”.

Por ello, considerando que es un proceso administrativo inicial, estimamos que por los dos meses vigentes ingresará al sistema de promoción forestal una suma de 94 millones de pesos.

Hay un 10% de lo recaudado de este mismo fondo que las compañías de Seguro lo guardan para destinar a lo que consideran el fortalecimiento de las aseguradoras (difusión, campañas de educación, etcétera).

Del balance del último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) de las aseguradoras, se espera incrementar el monto del fondo, con una recaudación para el sistema de promoción forestal de unos 144 millones de pesos en promedio. Es una estimación, las precisiones de las partidas extras siempre dependerán de los pagos efectivos de las pólizas.

De igual forma, son perspectivas alentadoras para el sistema, ya que el mecanismo de partida extra-presupuestaria ya está listo desde lo administrativo para entrar en funcionamiento y se podrá disponer de alrededor de 250 millones de pesos para el pago de planes forestales pendientes del ejercicio 2018.

Lo importante, de alguna manera y en el contexto actual de ajustes, es que el sector forestal argentino dispondrá de este instrumento y podrá disponer de los fondos ext-rapresupuestarios a partir de su vigencia desde este año, inicialmente con aproximadamente 94 millones de pesos.

 

AF: ¿ Y en el marco de la prórroga de la 25.080, cuál sería el mecanismo a futuro para garantizar el presupuesto del sistema de promoción? ¿Habrá un presupuesto anual establecido para cancelar la deuda de la operatoria que se arrastran de gestiones anteriores? ¿ Si el Congreso de la Nación aprueba una prórroga por 10 años más, el financiamiento del sistema de promoción forestal a futuro dependerá de que en forma trimestral las compañías aseguradoras dispongan del porcentaje de lo que recauden de las pólizas de patentes y transfieran ese 1% al Ministerio de Agroindustria?

El funcionamiento del presupuesto de la Ley 25.080 se mantiene de igual forma, con el mismo mecanismo. Habrá una partida presupuestaria asignada en forma anual para destinar al sector forestal por los planes pendientes de pago. Ese monto dependerá de lo que se apruebe y asigne en el Congreso Nacional. Por experiencia, sabemos que siempre fue un monto exiguo lo que se termina aprobando (NdR: hace cuatro años se asigna en el Presupuesto Anual la cifra de 100 millones de pesos).

Paralelamente, lo que se estableció de nuevo para el sector forestal es la decisión del gobierno nacional de fortalecer el sistema de promoción con partidas extra-presupuestarias en su financiamiento. En este caso, con el mecanismo del “Seguro Verde” tras el convenio firmado con las compañías aseguradoras.

Es un instrumento voluntario, creado para garantizar el funcionamiento y continuidad de la operatoria de la Ley de promoción. Si a futuro podemos desarrollar nuevos instrumentos financieros para promover la actividad y el sistema de la operatoria, sería lo ideal.

La digitalización, en 2019  

AF: Se espera la sanción del Congreso Nacional del proyecto de prórroga de la Ley 20.080 por 10 años más. ¿Tienen pensado para esta nueva etapa algún cambio en el proceso administrativo que permita gestionar mejor la presentación de los planes desde las provincias, de manera de lograr mayor celeridad para que los pagos del incentivo forestal, o que para los productores el cruzamiento de información entre Nación-Provincia sea más sencillo para identificar el “estado” en el que se encuentra el trámite de su plan? En general, la queja de un productor en el caso de Misiones, es que el pago de su plan no llega porque Nación no paga. Y muchas veces dicen que no saben el motivo de la demora, o la observación le llega meses, e incluso, años después.

NL: En la actualidad el trámite tiene un proceso inicial en las Direcciones Forestales de las provincias, y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos depende la legislación de cada provincia, y es uno de los temas que más observaciones tiene en las propias provincias.

Después de ese trámite, una vez que ingresa al circuito de la Administración Forestal Nacional, es función de los técnicos de área verificar la documental. Desde la titularidad de dominio, que se encuentre inscripto en la AFIP, hay que verificar a través del SIG (Sistema de Información Geográfica) que la superficie forestada lograda -que dice el plan presentado- realmente exista, que cumpla con el Ordenamiento Territorial de las Provincias, son todas cuestiones técnicas necesarias para el cumplimiento de la operatoria, donde suelen realizarse observaciones o ajustes al plan general, pero si todo está correcto no debiera haber mayores demoras en avanzar en la aprobación del pago del un plan forestal.

El que aprueba el proyecto es Nación para después poder destinar fondos públicos a esa actividad. Es una responsabilidad, por lo tanto es una operatoria donde hay aspectos técnicos que verificar para poder aprobar el pago de los AENR a entregar. Si todo estuviera bien documentando, no debiera haber mayores inconvenientes.

Una vez elevado el plan desde la Provincia a Nación, se inicia un nuevo proceso de verificación del régimen en el circuito del control nacional. Puede ser, si se quiere, una duplicidad de gestión, porque se vuelve a verificar aspectos que lo revisó la Provincia, donde puede haber algunas diferencias o no. Pero la entidad que libera los fondos es Nación, por lo tanto, hay que asegurarse que este bien documentado todo, que sea efectiva la plantación lograda según el régimen de promoción. Los inconvenientes se dan en los casos donde se presenta algún incumplimiento entre el plan recibido y lo verificado por Nación.

En la práctica muchas veces ocurre, por ejemplo, que en el caso de la provincia de Corrientes es el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente el que aprueba o no dónde se puede forestar, si hay aptitud o no para un proyecto forestal. En tanto, en Misiones hay un rol más fuerte desde la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial en el control de un plan forestal, por la importancia de la cobertura de bosques nativos que tiene la provincia y debe expedirse en forma correcta en este sentido, considerando criterios de la Ley 25.080 y la Ley 26.331 de Bosques Nativos.

Desde la Dirección Nacional Foresto-industrial no se avanza con el trámite si un plan no tiene la aprobación del área de Ordenamiento Territorial por parte de las provincias. Muchas veces ocurre en la práctica, cuando no debería ocurrir, que se presentan superficies forestadas realizados en áreas que OTBN de Misiones no habilita. Por lo tanto, cuando después llega la carpeta al área de OT de la Provincia, se pone un freno al plan forestal. Esta es una observación que tiene competencia de resolverse en Misiones. En ese caso, los tiempos dependen de la provincia.

 

AF: Más allá del OT, se da una clara diferencia también entre Misiones y Corrientes, por ejemplo, en la dinámica de planes forestales aprobados para resolución de pago. En la práctica, como dice, los pagos de planes de Corrientes salen más rápido en su aprobación, mientras que los de Misiones se demoran más, y por característica son proyectos de pequeños productores y más cantidad en cuanto a presentaciones, no en superficie. ¿Hay alguna revisión a futuro en la operatoria para simplificar el sistema de promoción forestal?

NL: Si. La solución será a través de la digitalización y desburocratización para los trámites a distancia, el TAD (Trámite a Distancia) que ya está implementando el gobierno nacional con una plataforma informática para todos los ministerios públicos, y al que nos vamos a incorporar en el mediano plazo al área forestal. Pero el camino ineludible es avanzar hacia la sistematización digital de la carga de planes forestales solicitados.

Desde nuestra Dirección, lo primero que estamos analizando es sobre las posibilidades de digitalizar en esta plataforma nacional y cargar los formularios y anexos en forma integrada a lo que está en marcha. No quita que el proceso de aprobación, considerando lo que hablamos anteriormente que el dominio está en las provincias respecto del OT y se solicitará las autorizaciones que correspondan, pero pensar en un sistema online de trabajo conjunto con las provincias para el seguimiento de procesos sería el objetivo para trabajar en 2019.

Con la carga a este sistema permitirá a las provincias ser parte de consulta a través de internet. Esto reducirá errores que hoy se producen en los papeles y permitirá agilizar y unificar la información estadística sobre las superficies forestadas logradas, con números reales.

Es el paso, además, que permitirá cumplir con la normativa de no tramitar más expedientes en formulario papel en los organismos públicos, según resolución interna vigente.

 

 

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest