El cobro retroactivo para las empresas de gas alcanzará incluso a quienes no acceden al servicio

El cobro retroactivo para las empresas de gas alcanzará incluso a quienes no acceden al servicio

Finalmente la compensación retroactiva a las gasíferas no la pagarán solamente los usuarios. En un nuevo episodio de improvisación, el Gobierno nacional decidió que la factura la paguen todos, incluso aquellos que viven a cientos de kilómetros de la red de gasoductos, como los misioneros. Sin comerla ni beberla, millones de argentinos condenados a las garrafas, deberán aportar dinero de sus impuestos para garantizar la rentabilidad de las distribuidoras de gas natural, uno de los sectores más beneficiados con la política de “sinceramiento” de tarifas.

 

Acorralado por la condena social y sin respaldo político incluso dentro de su propia fuerza, el Gobierno nacional se vio obligado a dar marcha atrás en la aplicación de un recargo a los usuarios de gas natural para compensar a las empresas prestatarias por los incrementos de costos que habrían experimentado a partir de la suba del dólar.

 

Cuando anunció aquella medida, el presidente reconoció que resultaba antipática, más teniendo en cuenta que las tarifas se habían actualizado hacía poco tiempo, pero aseguró que no había otro camino posible. “Hay que pagar porque es lo que cuesta”, dijo el propio Macri aplicando a rajatabla lo que en Misiones se conoce como “la ley de la mandarina”.  Pero las reacciones negativas se multiplicaron y resultó que sí había otro camino: patear el problema para adelante y que la cuenta la pague el Estado, es decir todos los argentinos.

 

La idea fue planteada por el radicalismo, espacio que muestra una particular pericia para tomar algo que está mal y convertirlo en otra cosa todavía peor. “Lo logramos, el radicalismo consiguió frenar la suba retroactiva del gas”, festejó en Twitter el senador Angel Rozas asumiendo la paternidad de la criatura. ¿Qué festejaba el legislador chaqueño? Que el Gobierno dejó sin efecto la medida que trasladaba a los usuarios la obligación de pagar 20.000 millones de pesos más intereses a las gasíferas en concepto de aumento retroactivo y puso esa deuda sobre los hombros del Estado.

 

Lo que nunca pusieron en discusión el Gobierno, ni sus devaluados aliados del centenario partido, fue la necesidad de compensar a las empresas. El contexto económico castiga a casi todos: los trabajadores resignan mes a mes una porción del poder de compra de sus salarios a manos de la inflación, las pymes sufren por la caída del consumo y por los insólitos costos de financiamiento y las economías regionales están devastadas. Para ninguno de ellos hay compensaciones de ningún tipo.

 

Sí hay compensaciones para las prestatarias de servicios públicos, uno de los sectores más beneficiados con las políticas de Cambiemos. Lo resuelto en relación a las empresas de gas no es una medida aislada sino que forma parte de una política que consiste en garantizar la rentabilidad de las prestatarias aun cuando todos los demás pierden. Las eléctricas de las grandes ciudades están entre las preferidas, en 2016 el Gobierno les condonó deudas por más de 19.000 millones de pesos y el año pasado las distribuidoras Edenor y Edesur recibieron compensaciones por más de 350 millones por obras que ya habían finalizado.

 

Los números que muestran los balances de las compañías de ese sector muestran los resultados de la política de sinceramiento de tarifas. Entre las distribuidores de gas se observa que: el año pasado Metrogas ganó 774,8 millones de pesos; Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de 542,9 millones, un 124,6% más que en 2016; Camuzzi Pampeana ganó 824,9 millones frente a una pérdida de 207,4 millones en el ejercicio anterior; Gas del Centro obtuvo una ganancia de 770,5 millones, un 444% más que el año anterior y Gas Cuyana ganó 588,4 millones, un 136,6% más.

 

Claramente las distribuidoras de gas no están crisis, una rareza dentro del contexto económico nacional.

 

Desde distintos sectores políticos ven una relación directa entre las medidas que adopta el Gobierno nacional en relación a las compañías de energía y el hecho de que muchos de sus  funcionarios provengan de algunas de esas empresas. El primer ministro de Energía de la era Macri fue Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina y mencionado en los Paradise Papers como director de dos offshore que esa petrolera tenía Barbados. Su sucesor Javier Iguacel también proviene del sector privado, fue vicepresidente de Pluspetrol y también fue mencionado en los Paradise Papers relacionado a una offshore en las Islas Caimán.

 

Con esos antecedentes no son pocos los que se preguntan de qué lado del mostrador se piensa la política energética en Argentina.



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