En una presentación conjunta, los responsables de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Schaefer, Aníbal Martínez y Gabriel Pérez Barberá, respectivamente, junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, requirieron la elevación a juicio de la investigación seguida contra once personas en orden a los delitos asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito.
La presentación se realizó ante la responsable del Juzgado Federal de Paso de los Libres, quien además tramitó una compleja investigación vinculadas a los delitos precedentes, trata de personas, contrabando, corrupción y narcotráfico.
Según el requerimiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se corroboró “la existencia y funcionamiento, en Paso de los Libres, de una organización de personas, con distintos roles y jerarquías, que se habría dedicado a cometer diversos tipos de delitos”. Asimismo, señalan que “la organización habría celebrado durante un periodo indeterminado de tiempo, pero que se remontaría, por lo menos, al año 2010, diversas operaciones de cambio de divisas, sin autorización estatal, generando a partir de un circuito trasnacional réditos económicos para sus integrantes”.
De acuerdo a la investigación, los miembros de la organización “realizaban viajes a Uruguayana (República Federativa del Brasil) trasladando dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con presunta anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la APIF-DGA. Una vez en Brasil (…) cambiaban el dinero argentino (pesos) por divisa brasilera (reales). Luego se dirigían a la localidad de Encarnación (República de Paraguay) y/o a la ciudad de Posadas (provincia de Misiones), trasladando divisas, donde una persona de sexo femenino, que actuaba de intermediaria, cambiaba los reales obtenidos en Uruguayana por dólares estadounidenses”. Tras ello, los implicados viajaban a Buenos Aires con los dólares y los cambiaban en una financiera.
Asimismo, se estableció que los imputados también realizaban distintas operaciones –personalmente o por intermediarios- con el fin de “encubrir el origen de los activos generados” identificándose “inversiones de distintos tipos, la constitución de sociedades y sus respectivos aportes de capital, desarrollos inmobiliarios, compra-venta de bienes muebles e inmuebles registrables, utilización de cuentas bancarias para administrar bienes”, como así también la existencia de “ostensibles inconsistencias con los perfiles fiscales y patrimoniales de los investigados”.
Por otra parte, los fiscales sostuvieron que “una de las principales fuentes ilícitas generadoras de fondos, que luego fueron aplicados mediante conductas de lavado de activos, provino de la trata de personas con fines de explotación sexual”, como así también actividades de narcotráfico.
En virtud de las pruebas colectadas durante la investigación –que guarda relación con otras cinco pesquisas- los fiscales requirieron que los once imputados sean sometidos a juicio oral en orden a los delitos de lavado de activos de origen ilícito proveniente de delitos precedentes indeterminados, vinculados a la trata de personas, narcotráfico, contrabando de divisas, cambio marginal, con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, realizado en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, en concurso ideal con asociación ilícita. Asimismo, respecto de uno de los encausados se solicitó su enjuiciamiento por tenencia injustificada de arma de fuego de guerra.
Decomiso y Recupero de Activos
También, en su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron mantener la inmovilización de 19 vehículos, tres motos, el embargo preventivo de 14 inmuebles, una embarcación; 89.024 dólares, 229.132 reales, 1.044.127,85 pesos, 25.000 pesos chilenos, 400 euros, 100 pesos uruguayos; como así también el congelamiento de diversas cuentas bancarias.
Profundización de la investigación
Asimismo, los investigadores requirieron que se continúe la investigación respecto de otras personas identificadas, pero cuyos nombres se mantienen en reserva para el éxito de la pesquisa.
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