Megaestafa: fracasó el intento de una de las acusadas para que se declare la prescripción de la causa

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el intento de una de las imputadas por el caso conocido como la Megaestafa para que se disponga la prescripción de la causa. La Corte misionera no hizo lugar a un recurso de casación que hizo la abogada Paula Andrea Espinosa porque el planteo no correspondía a una “sentencias definitivas o autos que ponen fin a la acción o a la pena o hacen imposible que continúen o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
Ahora, las actuaciones volverán al Tribunal Penal Dos para la realización del demorado juicio oral y público a los imputados de haber conformado una red que extraía dinero de los fondos judiciales con oficios truchos.
Fue el letrado Adolfo Sapa quien trabó el recurso luego de que el TP 2 le rechazara la prescripción de la acción penal planteada y recaratular las presentes actuaciones.
“El Recurso de Casación planteado por la Defensa no cumplió con el recaudo de autosuficiencia necesaria para su interposición, no individualizándose la resolución recurrida, ni las disposiciones legales consideradas violadas o erróneamente aplicadas, lo que obsta su procedencia, conforme lo expone el Tribunal de Juicio actuante; constituyéndose por tanto el decisorio atacado en un acto jurisdiccional válido. Por las consideraciones reseñadas, corresponde se declare Bien Denegado el Recurso de Casación, debiendo rechazarse la Queja articulada, y siguiendo con lo dispuesto por el Art. 491 primera parte del C.P.P., procédase a devolver las presentes actuaciones al Tribunal de origen”, sentenció en su voto la ministra Cristina Leiva, a cuya postura adhirieron Ramona Beatriz Velázquez, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Froilán Zarza y Cristian Marcelo Benítez.
Los cinco acusados que tiene la causa son la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Espinosa y Guillermo Abdón Fernández. Este último trabajaba en una reconocida entidad bancaria de donde se sacaba el dinero; se cree que él facilitaba las operaciones.
La causa, que se inició en 2003, es compleja y cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.
El Tribunal que juzgará a los sospechosos está integrado por Marcelo Cardozo (Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6).

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