Los acusados por el secuestro del comerciante chino en Posadas se declararon culpables e irán a un juicio abreviado

Los seis acusados por el secuestro del comerciante chino Daniel Wu, ocurrido en la capital provincial el 16 de agosto del año 2016, acordaron ir a un juicio abreviado, por lo que no saldrá el debate oral previsto para este miércoles en el Tribunal Federal de Posadas.
Lin “Ale” Shihua, Maximiliano Penayo, Alejandro y Fernando “Nando” Senesoopha, Adam Alcides “Api” Rojas y Alexis Puchalski se declararon culpables de haber cometido el delito de “secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas”. La pena para todos rondaría los diez años de cárcel.
El último en aceptar el abreviado fue Lin, este martes al mediodía. Ahora, el acuerdo deberá ser elevado al Tribunal, presidido por Manuel Alberto Moreira, para que se homologue.
De acuerdo con el fiscal Diego Stehr, aquel 16 de agosto, cerca de la medianoche, el comerciante Daniel Wu encontrarse con una mujer, en el Parque Vicario. Allí, se sube al auto de la víctima y lo guía hacía la Costanera de Villa Cabello, “donde Penayo y Rojas lo abordan y reducen para llevárselo cautivo”, según la reconstrucción que hizo el representante del Ministerio Público.
La víctima es introducida en otro vehículo y trasladado hacia una vivienda del barrio San Isidro –alquilada por Shihua Lin y Penayo al efecto-. En el lugar los esperaban Fernando Senesoopha, Puchalski y una tercera persona, apodada “Chiqui”, que aún no pudo ser detenida. El joven permaneció atado en la vivienda durante su cautiverio, añadió.
Para Stehr, ya en la madrugada del 17 de agosto, Penayo se comunica, primero con el padre de la víctima y luego con un amigo de la familia, y les exige el pago de U$$500.000 por la liberación del joven. Tres horas después, volvieron a comunicarse con el hombre y le exigieron la mitad de la suma, aunque finalmente acordaron un pago de 200 mil pesos, que debían ser dejados en las cercanías del hipódromo de la ciudad de Posadas.
Cuando Antonio, el padre de la víctima, se dirigía a efectuar la entrega, los secuestradores le indicaron que dejase el bolso con el dinero frente a la entrada de un templo de la comunidad laosiana, cerca de la ruta nacional 12. Tras dejar el pago, el comerciante esperó y volvió a pasar por el lugar, donde notó que el bolso estaba allí, por lo que decidió llevárselo.
Al mediodía del 17, la víctima aprovechó un descuido de su captores y logró liberarse y huir hasta una casa de la zona, donde avisó a su familia que estaba bien.
A pedido de la fiscalía, se allanó el domicilio donde estuvo cautivo el hombre. En simultáneo, cuando se realizaba el procedimiento, la Policía advirtió la presencia de un vehículo que, al ver el despliegue, aceleró la velocidad. A raíz de ello, los efectivos policiales lo siguieron y pudieron detener a su conductor, Shihua Lin, en Oberá.
En base a las pruebas y testimonios colectadas durante la investigación –y tras un derrotero de oposiciones y nulidades planteadas por las defensas de los imputaos- el fiscal Stehr requirió la elevación a juicio de la investigación al considerar a Shihua Lin, Penayo, los hermanos Senesoopha, Rojas y Puchalski coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que para cometer el hecho, los imputados “se hicieron de una casa, un automóvil, teléfonos celulares con líneas prepagas, se dividieron las tareas a ejecutar y reclutaron a una mujer que a la postre les serviría de señuelo, explotando la debilidad, inexperiencia y juventud de la víctima”.
Además señaló que “Penayo y Rojas redujeron y sustrajeron a la víctima, luego lo trasladaron al domicilio (…) del Barrio San Isidro (…). En dicha vivienda esperaban Fernando Senesoopha, Alexis Puchalski y un tal Chiqui. Estos dos últimos custodiarían a la víctima cuando los demás se retiraran del domicilio. Mientras Penayo realizaba las llamadas extorsivas, Shihua Lin y Alejandro Senesoopha, desde el domicilio de los padres de la víctima, proporcionaban la información necesaria para la toma de decisiones”.
Los siete acusados admitieron que así sucedieron los hechos y que aceptaban la culpabilidad.

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