La reforma laboral posible (y deseable)

El gobierno ha dado vueltas en relación a un proyecto de reforma laboral que a nuestro criterio es inviable desde el punto de vista político, e innecesario e inconducente desde el punto de vista de los objetivos que plantea. Estos proyectos contemplan una presunta flexibilización laboral y el blanqueo. Ninguno de ellos tiene el alcance que se le quiere otorgar.

En relación al primer ítem, la legislación Argentina permite hoy, tal como existe, la posibilidad de un nivel de flexibilización laboral suficiente como para que esta cuestión no sea un óbice para la creación de trabajo. Es verdad que los Jueces en un número importante no acompañan a ésta interpretación, porque siguen líneas que se bajan no desde la ley, sino de los políticos que los designan. Pero éste es otro problema. No necesitamos entonces un proyecto antipático que parezca que restringe los derechos del trabajador.

En cuanto al blanqueo laboral, no va a llegar a buen puerto si lo que hacemos es simplemente sacar las grandes multas que se le imponen a la empresa que es condenada por trabajo mal registrado – que si hay que modificar por el uso y abuso que se hace de esas instituciones sin resolver finalmente el problema de fondo-, porque si hay un empresario que corre el riesgo hoy de tener un trabajador mal registrado, con mucha mayor razón lo va a seguir corriendo si le sacan sin otra novedad la multa que actuaba como un incentivo a que no lo hiciera.

El verdadero motivo del empleo en negro y del riesgo que el empresario corre por ello son dos cuestiones básicas:

1. Es muy alto el costo laboral;

2. No hay, salvo cuando el tema se judicializa, una autoridad de aplicación ni auxiliares de ésta que verdaderamente combatan el trabajo en negro y lo penalicen como corresponde.

Por ello, la presentación de una reforma que tiene el uniforme de flexibilizar el trabajo, no es una buena estrategia para modificar lo que el gobierno de buena fe pretende modificar.

Existen entonces a nuestra entender algunos elementos básicos a través de los cuales se podría re-direccionar esta reforma, de modo que sea mejor aceptada por los actores que forman parte del trabajo, y que además sean conducentes a lograr los objetivos planteados.

En ese esquema, hay aspectos básicos que deberían ser tratados contemporáneamente y sobre los que no se debería discutir su enunciado – si las formas y alcances – : disminuir los costos del trabajo y combatir el trabajo mal o no registrado.

Para disminuir los costos, existen varios ítems que deberían ser seriamente analizados: el pago de cargas sociales, los costos laborales encubiertos que tiene el sistema tales como cuotas solidarias que pagan los trabajadores de su sueldo a los sindicatos y otros descuentos innecesarios, aportes del empresario a sindicatos con fines que de ningún modo son prioritarios, los costos del despido, etcétera. Hay que pensar que una reducción de un 3 o 4 % de estos rubros pueden implicar al costo laboral más de un 10% en el total. Y yo aseguro: hay muchas cosas por analizar.

La otra cuestión del blanqueo laboral debería involucrar no sólo al Estado (que ha demostrado una ineficiencia sospechosa en el control de este aspecto), sino a los sindicatos y a las mismas cámaras empresarias, involucrando a todos los actores de la fuerza del trabajo de un modo decisivo para combatirlo. Y el éxito de ese combate y alguna derivación de estos cambios deberían redundar a favor tanto del Estado como de los sindicatos y empresarios, en forma directa e indirecta. Y cualquier fondo que resultara de éstos cambios deberían estar muy bien determinados en prioridades que hoy no se contemplan, y hasta podrían ser parte de alguna nueva institución a crear en donde todas las partes mencionadas intervengan, compatibilizándola con institutos que aporten al desempleo y/o los costos del despido.

Por último, no diré nada nuevo si afirmamos que las Pymes han sido históricamente la herramienta utilizada por las economías de cualquier país para ponerlas en marcha en forma vigorosa. Y aquí también debemos pensar en leyes no de maquillaje sino de fondo para que éstas se vean seriamente beneficiadas, analizando el beneficio desde la producción y no desde la demagogia, priorizando las industrias que le darían a la economía nacional un vuelo que siempre esperamos y que nunca llega.

Todo esto requiere una planificación y un desarrollo. Dentro de la planificación será necesario establecer pautas y hablar con los actores. Hay dirigentes sindicales que si bien no tienen buena prensa, estarían dispuestos a hacer una reestructuración aún a costa de hacer menos hoteles para sus afiliados si ven la posibilidad de un horizonte serio que modifique todos estas décadas de decadencia.

Y el mismo razonamiento podemos hacer en relación al empresario y al Estado. Hay que poner el caballo delante del carro. Bajar los costos laborales cambiando conceptos existentes para incentivar la producción y controlar el trabajo en negro en un país que no arranca desde hace décadas es una prioridad. Y todos tenemos que perder algo para ganar. Por eso hay muchas cosas para hacer. Muchos costos superfluos para analizar y redireccionar.

Está claro que con la estructura actual impositiva y de cargas sociales y costos laborales, nos va muy mal. Y que hay conceptos que hay que sacar o modificar.

Hay gente muy capaz que puede aportar ideas y contenido a estos enunciados. Y una vez de acuerdo, los legisladores no podrán decir que no porque a tal o cual sindicalista o empresario no le gusta, ya que quedará expuesto ante el pueblo defendiendo un interés sectorial por encima del general.