De acuerdo con una encuesta de alcance nacional difundida por la Comisión Contra Productos Ilegales (CCPI), 8 de cada 10 los argentinos cree que las redes del crimen organizado usan las ganancias provenientes de los cigarrillos ilegales para financiar otros crímenes como el narcotráfico y la trata de personas.
La relación entre el crimen organizado y el comercio ilegal de cigarrillos es una de las mayores preocupaciones para los argentinos, ya que 8 de cada 10 considera que las redes criminales están aprovechando las ganancias de los cigarrillos ilegales para financiar sus negocios y otros crímenes relacionados, como el tráfico de drogas y la trata de personas. Así lo indicó la última edición del estudio de percepción conocido como “Barómetro Nacional sobre Comercio Ilegal de Cigarrillos”, que agregó que la mayoría de los encuestados cree que Paraguay es una fuente significativa de cigarrillos ilegales.
El contrabando de cigarrillos representa el 5% del consumo total en el país, pero lo significativo es que el 50% de ese comercio ilegal se registra en el NEA, donde de cada diez paquetes que se venden, cinco son ingresados de contrabando por lo cual no pagan ningún tipo de impuesto”, alertó Enrique Caride, presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina.
La frontera con Paraguay es vista por los encuestados del noreste argentino (Región NEA), particularmente, como una continua amenaza. El 87% considera que dicho país representa un problema persistente en lo que refiere a cigarrillos ilegales.
Metida como una cuña entre Paraguay y Brasil, la provincia de Misiones convive cotidianamente con este delito, del cual no está demás conocer algunos datos que sirven como indicio para entender sus causas. Por supuesto, sin justificar esta acción ilegal. “En Argentina, la carga fiscal por cada paquete de cigarrillo alcanza al 80%, mientras que en Paraguay totaliza el 15%”, apuntó Caride. Como si esto no fuera suficiente incentivo para los contrabandistas, se conoce que el vecino país tiene una capacidad de producción de 100 billones de cigarrillos. Argentina tiene un consumo estimado de 40 billones y Paraguay alrededor de 4 billones. Cae de maduro que el enorme excedente se filtra por las permeables fronteras vecinas o va hacia otras partes del mundo, donde también erosiona mercados con su precio bajísimo.
Según la mayoría de los argentinos, el comercio ilícito de cigarrillos supone una amenaza a la seguridad pública. Al respecto, desde la Comisión Contra Productos Ilegales (CCPI)consideraron que “generar conciencia es el primer paso en la lucha contra el comercio ilegal, ya que tanto quienes venden como quienes compran deben saber qué es lo que hay detrás de un cigarrillo ilegal: esto es, mafias organizadas que lucran con este negocio ilícito, afectando al Gobierno, al empleo y poniendo en riesgo a toda la sociedad”.
“En este contexto -subrayó la Comisión – cobra especial importancia el rol del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el comercio ilegal y sus consecuencias. El 85% de los argentinos está a favor de proveer a las fuerzas de seguridad de más y mejores recursos para asegurar el control de la frontera, mientras que un 74% de los encuestados del NEA apoya que se implementen más acciones para erradicar el comercio ilegal de cigarrillos en el país”.
“Hay que destacar que en los últimos años esta acción concreta del Estado se vio reflejada en las incautaciones. En el año 2016 fueron 65 millones de unidades, en el 2017 totalizaron 101 millones de cigarrillos y en lo que va del 2018 ya se incautaron unos 105 millones de unidades. Nunca en mi vida vi tanta actividad en el combate, en la concientización y en defender las fuentes de trabajo. Eso destaco de esta administración, de este Gobierno”, enfatizó Caride.
“La colaboración público-privada es clave para evitar este flagelo y sus consecuencias. Es necesario un esfuerzo conjunto y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores recursos para combatir al comercio ilegal y a todas las estructuras mafiosas que actualmente se ven beneficiadas”, resumieron desde la CCPI durante la presentación del Barómetro. “Estudios como los de este Barómetro nos ayudan a medir, por un lado, el impacto de este problema en la actualidad y, a su vez, nos brinda la percepción de la sociedad sobre el futuro”, concluyó la entidad.
La Asociación Antipiratería donó drones al Ministerio de Seguridad para combatir el comercio ilegal
