Competitividad cambiaria a un costo demasiado alto

La última devaluación que llevó al dólar a ubicarse en el parámetro de los 40 pesos sacudió las endebles estructuras de la economía nacional y estableció nuevas condiciones para todos los actores. La semana cerró con tres días de baja consecutiva que llevaron a la cotización del dólar al orden de los 37 pesos, lo que trajo una bocanada de tranquilidad pero no alejó los fantasmas de una nueva corrida. Lo que quedó claro es que el atraso en el tipo de cambio ya no será un problema, pero habrá más inflación, un mayor crecimiento de la pobreza, retracción del consumo interno, caída de salarios, pérdida de empleo y una recesión que se extenderá al menos hasta el segundo semestre del año próximo.

Después de un fin de semana de ostracismo, el presidente Mauricio Macri emitió un mensaje grabado en el que anticipó algunas medidas acordes al nuevo contexto, como retenciones a las exportaciones, refuerzos en la ayuda social y reducción del número de ministerios. No perdió la oportunidad para atribuir las culpas por la crisis al gobierno anterior, la sequía, la política monetaria de Estados Unidos, la guerra comercial de ese país con China, a Turquía, a Brasil, a la causa de los cuadernos y finalmente a los argentinos por “gastar más de lo que tenemos”.

El viernes volvió a hablar, esta vez en Mendoza. Reconoció que “no sabemos si vendrá una nueva tormenta” y que “no podemos seguir viviendo de prestado”, curiosa frase en boca de un presidente que tuvo en el endeudamiento externo uno de los ejes de su política económica.

De todo lo anunciado, lo que más polémica generó fue la aplicación de retenciones a todas las exportaciones por montos fijos de 3 pesos para productos industrializados y 4 pesos para productos primarios. Como pidiendo perdón por anticipado a un sector al que considera su aliado, Macri calificó a las retenciones como un “impuesto horrible” pero justificó su aplicación ante la coyuntura actual porque  los exportadores serían los principales ganadores en un contexto en el que todos los demás pierden.

Más allá de las quejas de los empresarios, la lógica que aplicó el Gobierno nacional en este caso es más que atendible: el dólar aumentó más de 20 pesos en siete meses y no parece excesivo aplicar un impuesto que como máximo confisque 4 pesos por dólar.

La crítica más razonable a esta medida seguramente es la que plantean los representantes de las economías regionales que cuestionan que el impuesto se aplique por igual a quienes que ya venían exportando con buenas ganancias antes de la última devaluación -como el campo de la Pampa Húmeda o la celulósica Arauco-  y a otros que habían dejado de exportar por pérdida de la rentabilidad y hace poco fueron castigados con la caída de los reintegros, como los madereros del NEA.

A favor de los exportadores, hay que aclarar que una devaluación de 100 por ciento no implica que la rentabilidad de este sector se duplicará ya que muchos de los insumos que utilizan están dolarizados y el resto de sus costos aumenta de acuerdo a la inflación.

Para que la suba del dólar se traduzca en una ventaja comparativa es necesario que los costos en pesos aumenten menos que el dólar, para lo cual resulta imperioso que los salarios varíen muy por debajo del dólar e incluso por debajo de la inflación. Sin eso el modelo no cierra.

Respecto a esa cuestión, la mayoría de los economistas ortodoxos pronostican que la devaluación de la semana pasada no se trasladará totalmente a los precios internos porque la caída de consumo y la recesión económica no lo permitirán. La parte que queda implícita es que la brecha de competitividad que pueda ganar el peso frente al dólar se conquistará a base de baja de salarios, despidos y persianas que se cierran.

Un descuido durante una presentación que hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, esta semana dejó al descubierto la profundidad de la crisis que enfrenta el país. Al pie de la filmina con la que ilustró sus proyecciones de balance fiscal podían leerse los presupuestos que utilizó el súper ministro para construir su escenario. Allí podía leerse que la variación de PBI esperada para 2018 es de -2,4% y de 0% para 2019, mientras que la inflación fue estimada en 42% para 2018 y 25% para el año próximo.

Si se cumpliera esa estimación del IPC de 2018, habrá que retroceder hasta la hiperinflación de fines de los 80 para encontrar un período de tres años con mayor inflación en el país. Una buena medida del fracaso de una administración que se había propuesto reducir la inflación como uno de sus principales objetivos en materia de economía.

En alerta

Si el deterioro de los índices de la macroeconomía preocupa a los analistas, la constante suba de los precios desespera a los argentinos de las clases medias y bajas. El aumento del dólar impactó directamente en los precios de alimentos que se exportan, como la harina de trigo y el aceite -bases de la alimentación en los hogares humildes- y de manera indirecta pero notoria en el resto de los productos.

Para amortiguar el devastador costo social que acarreará la política de déficit cero que pretende llevar adelante, el Gobierno nacional prepara algunos parches de dudosa efectividad. Habrá pagos extraordinarios para beneficiarios de planes sociales y se reforzarán las partidas destinadas a contención de los sectores más postergados.  Para quienes se ubican unos escalones por encima de la base de la pirámide social, el Gobierno anunció la ampliación del abandonado programa de Precios Cuidados que es de acceso voluntario, pero ya cerraron su adhesión proveedores y grandes supermercados. Se obligan a mantener stock y precios hasta enero.

A diferencia de lo que ocurría hace pocas semanas, los voceros del Gobierno nacional ya no se esfuerzan en intentar maquillar la gravedad de la situación con frases del estilo “lo peor ya pasó” y ahora sí reconocen que habrá una caída en la calidad de vida, especialmente en los sectores medios y bajos.

Como estrategia comunicacional para buscar empatía en tiempos de vacas flacas, no dudan en apelar a la tercera persona del plural a la hora de hablar de sacrificios. “Tenemos que seguir haciendo esfuerzos”, dijo Macri el lunes y días después Elisa Carrió, autodefinida como exégeta del presidente, anticipó con su habitual tono profético que los que vienen serán “vamos a pasar los días más terribles de la Argentina”, lo dijo en el ultraexclusivo Hotel Alvear ante casi quinientos empresarios reunidos en el Latam Economic Forum.

Otro de los anuncios para enfrentar la crisis fue la eliminación de 9 de los 19 ministerios nacionales, que en realidad no desaparecieron del organigrama sino que fueron absorbidos por otras carteras. La medida cosechó más rechazos que adhesiones. Por un lado, hay quienes entienden que la degradación de ministerios como los de Salud, Trabajo, Derechos Humanos, Agroindustria, Cultura y Ciencia y Tecnología revelan un desdén del Gobierno hacia esas áreas y por otro lado, quienes venían reclamando un recorte en los gastos de administración entienden que la restructuración anunciada no sirve a los efectos de ahorrar porque se limita a reacomodar las áreas existentes y no elimina a ninguna.

Si la efectividad de las acciones que emprende el Gobierno para estabilizar la economía financiera está bajo constante discusión, no pasa lo mismo con las políticas para apuntalar la economía real, porque de hecho no hay ninguna. Con las tasas de referencia al 60 por ciento, el costo del financiamiento es prohibitivo para todas las empresas, pero especialmente para las pymes, mientras que otras decisiones del Banco Central, como la constante suba de los encajes de los bancos, no hacen más que secar de pesos a una plaza que ya estaba deprimida por efecto de la crisis.

El consumo interno en plena retirada, la inflación escalando a niveles que no se experimentaban hace 30 años y los salarios estancados, terminan de configurar un panorama nefasto para quienes prefieran producir antes que especular.

Presupuesto urgente

El próximo martes Macri recibirá en la Casa Rosada a representantes de todas las provincias con la idea fija de cerrar un acuerdo ese mismo día que permita elevar el proyecto al Congreso antes del 15 de septiembre. El apuro radica en la necesidad del Gobierno de exhibir capacidad de manejo político, lo que se supone agilizaría las negociaciones con el FMI tendientes a anticipar desembolsos.

A partir de la negociación del presupuesto, el Gobierno busca obtener el visto bueno de las provincias para aplicar un ajuste que se estima en alrededor de 300.000 millones de pesos.

Como gesto para avanzar en el acuerdo, el Gobierno revirtió su decisión de traspasar a las provincias la responsabilidad de financiar la tarifa social para el servicio eléctrico. Además la Nación accedió a postergar hasta 2020 la rebaja prevista de los impuestos a los Sellos y Bienes Personales.

Los ministros de Economía de las provincias y gobernadores dejaron otros planteos sobre la mesa de discusión: poder avanzar con las retenciones a la minería, postergar la rebaja a los impuestos de ganancias en balances, aumentar Bienes Personales a todos los que tienen más de 5 millones de dólares, y aplicarles un impuesto a los bienes que posean los ciudadanos argentinos en el exterior, todo ello para incrementar la disponibilidad de fondos en las provincias.

Desde el Gobierno de Misiones ya anticiparon que volverán a honrar el compromiso de aportar gobernabilidad a su par nacional y apoyarán el proyecto de presupuesto. Entienden que trabar la sanción del presupuesto podría al Gobierno nacional frente a una crisis política que agravaría la tormenta económica, lo que terminaría perjudicando también a los misioneros.

Arrepentido clave

Como viene ocurriendo desde inicios de año, las mejores noticias para el Gobierno nacional no son generadas por ninguno de sus funcionarios sino por la justicia. Esta semana no fue la excepción, en un paso que podría resultar trascendental para el avance de la causa de los cuadernos, el financista Ernesto Clarens fue aceptado como arrepentido luego de que el juez Claudio Bonadio aceptase homologar el acuerdo que había sido alcanzado por el imputado con el fiscal Carlos Stornelli.

El financista, señalado en la causa de la ruta del dinero como la persona que ideó el esquema de lavado de dinero utilizado por el empresario Lázaro Báez, amplió sus dichos como arrepentido luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera su detención. Admitió haber cobrado coimas de empresas beneficiadas con contratos en el Estado y ofreció información de obras en las que se habrían pagado retornos. Además, entregó documentación respaldatoria de sus dichos en un pendrive.

A fines del mes pasado, efectivos de varias fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de Inverness, la financiera de Clarens. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».

El único prófugo de la causa sigue siendo el misionero Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá. Durante la semana se realizaron allanamientos en las playas uruguayas de Piriápolis y Punta del Este que no arrojaron resultados satisfactorios.

 

Golpe político

Los últimos sondeos de opinión publicados dan cuenta que ni siquiera el golpe mediático que significó la causa de los cuadernos sirvió para frenar la caída de la imagen de Macri y de su gobierno, caída que se explica principalmente por el deterioro de la economía.

Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés, en agosto el nivel de aprobación de la gestión de Mauricio Macri se desplomó al peor nivel desde su asunción. La aprobación de la gestión bajó al 34%, tres puntos menos que en la encuesta de julio. Cuando arrancó el año, la aprobación al Gobierno era del 56% y el pico había sido en octubre, el mes de las elecciones triunfantes de Cambiemos, con el 66% de aprobación.

En contraposición, la desaprobación trepó al 64%, el mayor nivel histórico. La peor perfomance para el Gobierno aparece en el nivel socioeconómicamente bajo (un 30% de aprobación), mientras que en el nivel medio, la aprobación sube al 37% y en la escala social superior ronda el 55% del total.

A la hora de evaluar su economía personal, el 68% de los consultados respondió que actualmente está peor que cuando asumió Macri. En cuanto a las expectativas, un 46% consideró que la situación del país empeorará el próximo año y sólo el 26% estima que será mejor.

Aún con este escenario negativo desde lo económico, Cambiemos mantiene un “núcleo duro”. 27% de los consultados afirmó que piensa votar a ese espacio en las próximas elecciones, otro 30% lo haría por candidatos del espacio opositor y un 30% aún no se definió. En último tercio que no se identifica ni con el macrismo ni con la oposición más dura, está la clave de las próximas elecciones.

Entre las figuras de la oposición y pese a la amplia difusión que recibió el caso de los cuadernos, la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner subió 4 puntos y pasó de 23% a 27% aunque sigue manteniendo la mayor imagen negativa (70%) y el mayor rechazo (54%).

Roberto Lavagna figuro como uno de los políticos con mejor proyección de imagen, en la actualidad presenta un 33% de imagen positiva y un 29% de imagen negativa (uno de los dos con menor imagen negativa dentro del abanico de los presidenciables), lo que arroja una proyección de 53% de imagen positiva.

Otro que aparece bien ubicado es Ricardo Alfonsín, desde hace unos meses viene aumentando su imagen y alcanza un 47% de valoraciones positivas y una proyección del 60% con solo un 31% de opiniones negativas.

Desendeudamiento

A contramano del proceso de endeudamiento que viene impulsando el Gobierno nacional, Misiones logró esta semana cancelar deudas por más de 3.000 millones de pesos. Lo hizo a través de un convenio de compensación firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, mediante el cual la Provincia canceló la deuda que tenía con Nación del Programa Federal de Desendeudamiento a cambio de parte de una acreencia a favor de Misiones que fue acordada en el Consenso Fiscal

La medida que oxigena la situación financiera de Misiones y le permite mostrar un indicador de deuda favorable, permitió a la Provincia deshacerse de una deuda que databa de 2002 que fue tomada como parte de una renegociación de deudas todavía más viejas, de la década de los 90.

La gestión del gobernador Hugo Passalacqua permitió además descomprimir la tensión de la protesta de los tareferos que reclaman contra los recortes aplicados por Nación sobre los fondos destinados a los subsidios interzafra. Los manifestantes levantaron los cortes de ruta, pero la protesta seguirá en pie.