La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en la causa de los “Cuadernos”

La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en la causa de los “Cuadernos”

En el día de hoy, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 11 en la causa N° 9.608/2018 (conocida como “cuadernos de las coimas”) solicitando ser tenida como parte querellante.

En la presentación, la OA relató que después de mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 “habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo, y compuesto por varias personas con distintos roles, fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos, de parte de personas que generalmente estaban vinculadas a distintas empresas beneficiarias de contratos públicos”.

 

Para la OA, en la cúspide de esta estructura delictiva se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner. “Durante su presidencia se registra la mayor actividad de la organización”, señala el escrito. Con un rol decisivo y presencia desde el inicio aparece el ex ministro Julio de Vido. Ambos “idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado Nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas”.

 

El eslabón esencial de toda la estructura corrupta fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de De Vido, quien junto con Roberto Baratta habría establecido el sistema de recaudación.

 

En el esquema investigado, los empresarios beneficiarios de contratos con el Estado acordaban la entrega de dinero con los organizadores. Los encargados de retirar el dinero usaban como chofer a Oscar Centeno.

 

“Sólo a modo de ejemplo, del relato de Centeno surge que en cuatro días se habrían obtenido U$S 13.600.00, a saber: el día 04/11/2009 lo recibido habría ascendido a U$S 2.100.000, el día 12/11/2009 a U$S 1.900.000, el 23/07/2010 a U$S 4.000.000 y el 07/10/2010 a U$S 5.600.000”, enumera la OA.

 

“Existen elementos que acreditarían que parte del dinero que se pagó provenía de contratos con presupuestos sobredimensionados y que al inicio de la obra o contrato se hacían adelantos financieros. Parte de estos sobrecostos era en realidad una porción del dinero que se había acordado devolver o retornar”. El escrito señala que quienes pagaban “participaban de una maniobra en la que colaboraban para que los ex funcionarios públicos pudieran saquear las arcas del Estado Nacional camuflándola en pagos a contratistas”.

En la investigación se identificó que, además de Baratta, otras personas se encargaron de recibir dinero. Entre ellas: José María Olazagasti, Hugo Larraburu, Juan Manuel Abal Medina, Daniel Muñoz, Claudio Uberti, y José López. El destino final de lo recaudado era un edificio vinculado al matrimonio presidencial o la quinta presidencial de Olivos. También habrían recibido dinero el ex juez Norberto Oyarbide y el ex integrante de la AGN Javier Fernández.

 

La OA ya actúa como querellante en las causas relacionadas con la obra pública: “Ruta del dinero”, “Vialidad/Obra pública”, “Los Sauces”,  y “Yacimientos Carboníferos de Río Turbio”. La OA además denunció recientemente por administración fraudulenta a Julio de Vido y Carlos Mundín (de la empresa BTU) por irregularidades en la construcción de gasoductos en la Provincia de Santa Cruz. .l,

 

También la OA actúa como querellante en las tres causas relacionadas al caso Odebrecht, que tramitan en distintos juzgados, en las que se encuentran vinculadas empresas como IECSA, Albanesi, Esuco, también involucradas en esta causa.

 

La Ley 25.233 establece la facultad de la Oficina para constituirse en parte querellante. Por otro lado, el Decreto N° 102/99 indica que la OA puede constituirse en parte querellante cuando se encuentre afectado el patrimonio del Estado. Y finalmente, la Resolución MJSyDH 186/2018 establece los criterios de significación institucional, social y económica, que comprenden a este caso en particular.

 



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