San Vicente: la Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9 denunció ante la justicia apeo ilegal de bosque nativo en su territorio

Presentaron el lunes 27 una denuncia ante el Juzgado Civil y Comercial N°5 contra el Estado Provincial e involucra a un empresario maderero y ex funcionario provincial como el aparente responsable de avanzar sobre el territorio indígena en la localidad de San Vicente, a la altura del kilómetro 1.984, provocando daños ambientales ante el apeo ilegal de bosques nativos y destrucción de vertientes de agua de las cuales se abastecían las 11 familias de la Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9. Por primera vez el Mburuvicha Casimiro Fernández llegó a la ciudad de Posadas para expresar un manifiesto a la sociedad ante la preocupación por «el avance de los «zanellos» forestales en nuestro territorio y en defensa de la conservación de la selva misionera, que es nuestra casa».

La abogada Roxana Rivas, en su carácter de apoderada de la Comunidad Mbyá Guaraní por parte del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), confirmó la presentación ante el Juzgado a cargo del Dr. Fernando Marcelo Escalante. “La situación es muy grave por el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran las 11 familias indígenas que habitan la comunidad. Están preocupados por el daño ambiental sobre los bosques nativos y las vertientes de agua de la cual se abastecen ya que ven amenazada su subsistencia y medios de vida, que es el monte nativo”, expresó la profesional en diálogo con ArgentinaForestal.com.

No es la primera vez que el propietario y ex funcionario es denunciado por el apeo ilegal de bosques nativos en el territorio de la Comunidad Arroyo 9. La abogada señaló que «con anterioridad fueron realizados todos los procedimientos administrativos y presentaciones correspondientes ante la Comisaría de San Vicente, la Municipalidad, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, pero no tuvimos respuesta si existe o no autorización para este avance de los “zanellos” que voltearon los bosques nativos en sus tierras».

La comunidad tiene reconocida por Ley Nacional 26.160 vigente, una territorialidad de uso sobre una superficie de 1.715 hectáreas en San Vicente. “Nunca nadie se acercó a intervenir por estos hechos denunciados de daños ambientales por vía administrativa”, precisó Rivas.

Por su parte, el Mburuvicha Fernández manifestó su preocupación por la destrucción ambiental del lugar y el acecho a las familias de la comunidad. “Ahora las máquinas forestales llegaron hasta 6 metros de distancia de las puertas de nuestras casas”, describió.

El líder de la comunidad estuvo hoy en Posadas por primera vez para manifestar un pedido de ayuda a la sociedad y advertir “sobre lo que está sucediendo en nuestras tierras”. Viajó a la ciudad y se acercó a los estudios de Misiones Online TV, acompañado por el Mburuvicha Mario Borjas, de la Comunidad Ka’a Kupé, de Ruiz de Montoya, junto al equipo de comunicación y miembros de EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen), Vasco Baigorri y Cintia Giménez.

“La denuncia es contra el Estado Provincial porque no hay certificación oficial de quien es el titular registral, por ello la responsabilidad siempre es de la Provincia. Pero además hay responsabilidad de organismos como el Ministerio de Ecología o del Municipio de San Vicente. Hasta el momento no han dado respuesta a los requerimientos administrativos, ni tampoco a la preocupación de la Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9 por los daños causados en sus tierras, cuando se trata de información pública que a la fecha la Dirección de Bosques del Ministerio de Ecología no ha facilitado, a pesar de los diferentes pedidos administrativos realizados”, explico Baigorri.

“La Nación reconoció por medio de la Ley Nac. 26.160 (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) cuál es el espacio de uso que tiene una comunidad indígena, y por medio del proyecto de Ley de titularización de tierras indígenas que está en proceso,  se espera en unos años lograr la regularización de la tenencia del título de propiedad. Por ello, las comunidades protegen estos espacios. En el futuro, cuando se regularice la tenencia de su tierra, será su lugar de subsistencia, pero si no protegen el agua, los bosques, la biodiversidad del territorio hoy, no existirá su territorialidad donde puedan habitar en el futuro”, precisó el representante de EMIPA.

“La denuncia a la justicia llegó para poner un punto límite. Ya hubo denuncias con anterioridad contra el empresario maderero, pero cada vez su personal se fue acercando más a la comunidad, y el fin de semana dañaron además de los árboles nativos, las vertientes de agua. La respuesta del propietario ante el daño ambiental realizado fue, dejar unas bolsas de mercadería para las familias, gesto que fue rechazado por la Comunidad Arroyo 9. Ellos piden respeto y cuidado por el monte, que es su casa”, explicó Baigorri en la entrevista.

 

“Lo que se defiende es el monte, y con ello la vida, la educación, y la cultura de la Comunidad Mbyá Guaraní Arroyo 9” – Mburuvicha Casimiro Fernández.

Respeto y Derechos Humanos

La Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9 tiene 11 familias en la actualidad que habitan en el lugar, desde hace más de 40 años que volvieron a su territorio ancestral. “La situación que se vive en la comunidad hoy es de preocupación. Pedimos que paren con esto, que respeten al monte y a nosotros. Están destruyendo todo el monte que es vida para nuestras familias, pero no escuchan nuestros reclamos. Por eso, pido a la gente que nos acompañe en esta preocupación. Han destruido hermosas vertientes de agua, los árboles, que son nuestro hogar, también destruyeron nuestra medicina, nuestro alimento. No venimos a pelear con nadie, solo defendemos nuestra forma de vida”, manifestó Fernández.

Relató que con las máquinas removieron la tierra y al voltear los árboles, dañaron las vertientes de agua por unos días, arriesgando el abastecimiento de las familias. “Para recuperar el agua de la vertiente estamos trabajando en el lugar. Para sacar madera nunca nos consultaron, y cuando estábamos preocupados por lo que vimos, el personal de la empresa quería darnos bolsas de comida con harina, aceite, carne. No aceptamos, y nos dejaron tirada la comida sobre los troncos, como si fuéramos animales. No es eso lo que queremos, queremos que dejen de destruir los árboles, que  respeten nuestra cultura y que respeten nuestro territorio. Eso pedimos”, expresó el Mburuvicha Fernández, siempre en su lengua guaraní.

Sus expresiones eran traducidas por su par de Ruiz de Montoya, el Mburuvicha Mario Borjas, de la Comunidad Ka’a Kupé. “Lo que expresa es que ellos defienden el monte, y con ello la vida, la educación, y la cultura de la Comunidad Mbya Guaraní”, agregó.

“Al propietario se le ha pedido en reiteradas oportunidades que frene su avance sobre nuestro territorio y se lo ha denunciado varias veces ante las autoridades. El olor a nafta y el ruido de las máquinas afecta a los niños de la comunidad y preocupa a las familias. No estamos acostumbrados a eso. Por eso, pedimos que nos respeten, y que se preocupen las autoridades de Ecología y nos acompañen en el cuidado del  monte”, cerró el Mburuvicha de Arroyo 9.

Ante la consulta de la intervención de Asuntos Guaraníes de la Provincia para asistir ante este manifiesto de la Comunidad Arroyo 9, expresaron que “no sentimos a este organismo parte representativa de nuestras comunidades, ni acompañados, ni unidos. Nunca están cerca de las comunidades”, agregó, por su parte, Borjas.

 

Defensa de la territorialidad

“Desde el año pasado que en forma constante el personal que responde a este empresario denunciado está ingresando a las tierras de la comunidad. Más allá de esta disputa de titularidad de dominio que algunos quieran dirimir, se debe entender el contexto de territorialidad que se les reconoció a las Comunidades Indígenas en la Argentina por medio del relevamiento realizado por el INAI (Instituto Nacional de Tierras Indígenas) a partir de la Ley Nac. 26.160 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Las tierras afectadas de las familias de la Comunidad Arroyo 9 son territorio indígena. Ellos no pueden ser desalojados ni aunque hubiera un propietario sobre esa propiedad, ya que son indígenas que tienen una posesión de territorialidad reconocida, y viven allí desde hace décadas”, explicó la abogada Rivas.

La letrada relató que “la comunidad mantuvo durante muchos años una convivencia pacífica con el empresario Pablo Tchirschs, pero nunca lograron que cese el ingreso a su propiedad. Desde 2017 comenzaron los problemas de desmonte, empezaron a meterse en el monte a tumbar árboles nativos y así fueron desmontando cada vez más, tanto que ahora ya afectaron el curso de agua del arroyo donde la comunidad se abastece y esto les genera angustia y preocupación porque no tienen respuesta de parte de los organismos del Estado para frenar la situación, están solos, y su casa está amenazada”, aseveró Rivas.

Asimismo, agregó que todo el proceso fue documentado y denunciado ante la Comisaría de San Vicente, la Fiscalía y el Ministerio de Ecología de la Provincia. “Pero nadie fue hasta el lugar hasta ahora, no hubo una investigación, no nos permiten acceder al expediente para corroborar si se autorizó un Plan de Aprovechamiento en la propiedad o no, cuando están obligados por Ley 26.331 incluso a llevar un proceso de audiencia pública si fuera el caso, porque se trata de la territorialidad indígena, pero a pesar de las solicitudes por notas, nunca hasta ahora tuvimos acceso, no tenemos información”, remarcó la abogada.

“Ante la justicia pedimos una cautelar para que se frene por lo menos al propietario mientras se tramita el recurso de amparo”, cerró la letrada.

 

 

Por Patricia Escobar 

 

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