El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez pidió información al ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre los contratos vigentes con las compañías argentinas que operan en territorio uruguayo y que son investigadas por presuntos delitos.
La investigación encabezada por el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, sobre todo las denuncias relacionadas al traslado de dinero por parte de varios implicados en la supuesta red de corrupción, reabrió una causa judicial en el país fronterizo. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ordenó un informe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo de Víctor Rossi, sobre las empresas constructoras argentinas que operan en territorio.
Consultado por el canal VTV Noticias, Vázquez indicó que Rossi estaba siguiendo la controversia. El ministro es un funcionario de su confianza que lo acompaña desde 1990 en cargos de gobierno, primero en la intendencia Montevideo y luego como ministro de Poder Ejecutivo.
En la lista de empresarios argentinos que están “bajo la lupa” de Uruguay figura Juan Chediack, actual vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y pieza clave del consorcio seleccionado por el gobierno uruguayo para la construcción del Puerto Pesquero de Capurro.
Chediack declaró como arrepentido en la causa de las coimas de la corrupción. Siendo presidente de la CAC en 2014 y miembro de la entidad desde 1992, formó parte de un período en el que, según afirmaron varios «arrepentidos», el pago de coimas y los sobreprecios estaban extendidos a través de la obra pública. Su empresa, Chediack S.A, realizó obras viales, civiles, hidráulicas y de minería.
A partir de las revelaciones de “los cuadernos”, la Justicia determinó que Uruguay fue una escala ineludible en la operatoria que incluyó la fuga de divisas al exterior y el lavado de dinero originado en los fondos públicos malhabidos. Por eso, la Secretaría Contra el Lavado de Activos adoptó un activo rol para determinar las conexiones de estos traslados y triangulaciones
Por otro lado, ayer la Policía uruguaya puso bajo custodia una embarcación que habría sido comprada a través de los fondos destinados a obra pública. Se trata de un crucero de uno diez metros de largo, que pertenecería al empresario Carlos Ferrari, prófugo de la Justicia tras ser condenado por pagar coimas al presidente de la Lotería de Río Negro.
En las últimas horas hubo dos allanamientos sobre las viviendas de los imputados en Punta del Este y Piriápolis.
Fuente: Infobae.
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