Desde la sanción de la ley de identidad de género en 2012, casi siete mil personas hicieron el cambio de DNI en el país

La Ley de Identidad de Género fue una de las pioneras a nivel global porque incorporaba el concepto de «autopercepción» y dejaba en un segundo plano la genitalidad.

 

Desde el 23 de mayo de 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Identidad de Género, fueron 6870 personas las que cambiaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) en función de su autopercepción. Esto significa un promedio de tres personas por día.

 

Según Alejandro Viedma, psicólogo especialista en diversidades sexuales, la autopercepción «refiere a cómo se siente, se ve, se conoce uno mismo».

 

«Cuando se dice que en la identidad de género basta con cómo se autopercibe una persona, significa que eso es una vivencia personal, subjetiva, singular e intransferible. No existen dos identidades iguales, del mismo modo que no pueden repetirse las huellas digitales en dos personas», señaló.

 

 

Del total de personas que hasta el 20 de julio pasado pidieron el cambio, unas 5501 tramitaron su nuevo DNI y partida de nacimiento como mujeres.

 

El especialista recordó el caso de uno de sus expacientes. «Lo llamaré Emilio, de 21 años, varón trans, que me decía: ‘Yo me consideré siempre un pibe aunque tenga vagina. Me cuesta decir esa palabra pero hoy no reasignaría mi genitalidad, porque no define ni comanda mi sentir. Durante años sí me costaba mirarme en el espejo, me daba rechazo lo que veía, y eso me llevó a encerrarme, a estar casi todo el tiempo preocupado, angustiado, con miedo y con fantasías de autoflagelarme. Hoy son muy importantes las leyes conquistadas porque nos amparan y además encontré amigues en un grupo de chicos trans que me entienden y los entiendo, nadie juzga a nadie'», relató Viedma.

 

 

Si bien los primeros dos años de la sanción de la ley 26743 están al tope de cantidad de solicitudes (1854 en 2012 y 1336 en 2013), el promedio en los años siguientes ronda los 800.

 

La ley establece que el trámite lo puede realizar cualquier persona mayor de 18 años y, en su artículo quinto, habla sobre los menores que deben realizarlo «a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061».

 

En la actualidad, ya son 103 los menores que accedieron a un nuevo DNI que concuerda con su identidad. Fueron 6 en 2012, 15 en 2013, 11 en 2014, 5 en 2015, 16 en 2016, 30 el año pasado y 20 en lo que va de 2018.

 

«Respecto a lo que suele acontecer en los establecimientos escolares: muchos educadores van reprimiendo en niños y niñas que podrían devenir trans la instancia del placer en los juegos, algo característico en esa etapa. Al hacer eso posiblemente sin darse cuenta, los adultos también van menguando la inocencia de estos chicos y chicas, porque mucho más que otros, ellos y ellas son receptores directos de lo que estará bien o mal, lo que se aceptará (por ejemplo, que el color celeste, la pelota o los autitos ‘son de varón’ y el color rosa, las muñecas, jugar a la mamá ‘son de nena’) o se rechazará socioculturalmente (que las nenas jueguen con los nenes a juegos de varones). Así se va dañando a los más vulnerables y desprotegidos», explicó Viedma.

 

Otro dato que arrojan las estadísticas del Registro Nacional de las Personas es que todos los años fue creciendo el porcentaje y la cantidad de cambios de género a masculino. El primer año solo fue el 13,3% y en lo que va de 2018 llegó al 40,9 por ciento del total.

 

«El 18 de junio de 2018 nos anoticiamos de que la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) anticipó que la transexualidad no aparecerá en la nueva edición de su lista de trastornos mentales. Que las personas trans ya no sean señaladas con problemas de salud mental implicaría, entre otras cuestiones, que se reduzca el estigma social hacia ellas y que las mismas puedan recibir asistencia sanitaria cuando la precisen.

 

Fuente: La Nación

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