La exposición del ministro del Agro, José Luis Garay, en la comisión de Presupuesto de la Legislatura sirvió de escenario para que la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes (ACTIM) reclamara un lugar en la Unidad Coordinadora Provincial que autoriza los planes del Fondo Especial del Tabaco. Entienden que la normativa los habilita para eso. Desde la Provincia afirman que la cuestión la debe resolver la Nación.
El diputado Isaac Lenguaza, del Partido Agrario y Social (PAyS), aprovechó la reunión de comisión de Presupuesto para plantear al ministro Garay que se estaría incurriendo en un incumplimiento al excluir a la ACTIM de las entidades que “tienen firma” en la Unidad Coordinadora Provincial. El legislador asegura que el artículo 10 del convenio Nación – Provincia que estipula cómo se debe administrar el Fondo Especial del Tabaco (FET), señala que todos los gremios tabacaleros reconocidos legalmente como tales, deberían tener participación en la Unidad Coordinadora.
Según explicó Garay, todas las asociaciones y cooperativas tabacaleras participan en las negociaciones en las que se define cómo se distribuirá “el 20 por ciento” del FET, es decir la parte del fondo tabacalero que no llega directamente al productor en forma de retorno de precios, caja verde, obras sociales o becas sino que se destina a planes de reconversión productiva o de mejora en la calidad de vida de los colonos.
Sin embargo, solo la asociación con mayor cantidad de asociados –la APTM- y la cooperativa que procesa mayor volumen de kilos –Cooperativa Tabacalera de Misiones- tienen la potestad de firmar la autorización de los mencionados planes, lo que les otorga poder de veto.
“La participación en la mesa está abierta a todas las instituciones, tanto a las asociaciones como a las cooperativas, que son las que participan dentro de ese trípode que establece la ley del Fondo Especial del Tabaco. La participación es completa y hasta está acordado el mecanismo de distribución de esos recursos. Pero la firma de los planes operativos anuales se hace de acuerdo a la institución que mas afiliados tiene y a la cooperativa que más kilos procesa, entonces entran como firmantes la APTM y la CTM y el ministerio del Agro. No así en la mesa en la que se discute la distribución de los recursos, en la que están sentadas todas las partes”, explicó Garay.
El ministro del Agro aseguró que “no tendría ningún problema” en incluir a las demás asociaciones de productores entre los que deben firmar los planes, pero que en definitiva quien debería resolverlo es el Gobierno nacional. “No tendría ningún problema que eso se hiciera, soy el ministro que en algún momento decidió que esta participación sea lo más amplia y democrática posible, sobre todo cuando se habla de distribución de recursos que van en beneficio del pequeño productor tabacalero”, dijo.
JRC EP
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