Manotazo a las provincias y municipios, la nueva etapa del ajuste nacional

Manotazo a las provincias y municipios, la nueva etapa del ajuste nacional

El paso de la primera auditoría del FMI en más de 14 años dejó abierta una nueva etapa en el plan de ajuste del gasto público que lleva adelante el Gobierno nacional para cumplir con los requisitos del organismo de crédito. Ya no alcanza con bajar los subsidios, hundir los salarios, despedir trabajadores, suspender programas y recortar obra pública, la Nación ahora también apunta a trasladar un mayor peso del ajuste a provincias y municipios.

En esa lógica se inscribe la reciente eliminación del Fondo Solidario de la Soja, que repartía 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones sojeras entre todas las provincias y municipios del país. La medida fue anunciada el martes y provocó un rechazo generalizado de gobernadores e intendentes, salvo los de Cambiemos que priorizaron el alineamiento partidario a los intereses de sus propios territorios.

La caída del Fondo de la Soja traerá serios problemas a los municipios, muchos de los cuales contaban con esos recursos como única alternativa para financiar la compra de maquinaria o alguna obra menor. En contraposición, el ahorro que logra la Nación no parece significativo.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la antipática medida le permitirá a la Nación quedarse con 283 millones de dólares que de otro modo se repartirían entre las provincias y municipios. De cumplirse con los pronósticos de cosecha del año próximo, esa cifra sería de 883 millones de dólares en todo 2019. Para los números que maneja Nación se trata de cifras insignificantes si se las compara por ejemplo con los 800 millones de dólares que el Banco Central vendió el miércoles último para sostener la cotización del dólar.

Si, leyó bien, el dinero que repartía el Fondo de la Soja en todo el país, durante todo un año equivale a un solo día de venta de reservas del Central. Dicho de otro modo, con los dólares que Caputo vendió el miércoles, Macri se podría haber evitado la ola de críticas en su contra que en los últimos días se levantó en todas las provincias. “O está muy desesperado o le importa muy poco lo que tengamos para decir”, se lamentó un intendente al borde de la ira.

A territorio misionero llegaron el año pasado 605 millones de pesos y 230 millones en el primer semestre del corriente por cortesía del fondo sojero, pero se esperaba que el año próximo esa cifra fuera bastante más alta por efecto de la devaluación y teniendo en cuenta que la cosecha de este año fue severamente perjudicada por el clima.

Son números que a escala nacional no mueven un milímetro la aguja, pero que para muchos de los intendentes misioneros representaban la única posibilidad de hacer alguna inversión en su territorio en el contexto actual de crisis.

Más allá del dinero que dejarán de recibir, los intendentes tomaron la eliminación del Fondo de la Soja como un incumplimiento por parte de Nación o directamente como una traición. Hasta hace pocas semanas representantes del Gobierno nacional recorrían las intendencias y les recordaba a los jefes comunales que si no adherían a la Ley de Responsabilidad Fiscal se quedarían sin el beneficio. Adhirieron pero igual se quedaron con las manos vacías. “Esto ya es lopaitema, nos colgaron la zanahoria para que firmemos y después se la llevaron”, afirmaba un intendente del Alto Paraná

El rechazo de las provincias a la quita del fondo sojero se traducirá en reclamos judiciales que ya anticiparon desde jurisdicciones como Tucumán, planteos administrativos y gestiones políticas de barricada. La primera respuesta del presidente Macri fue categórica y dejó en claro que no pensaba volver sobre sus pasos.

En Misiones, la Cámara de Diputados instruyó a los legisladores nacionales a reclamar una compensación a través de una mayor coparticipación de fondos a las provincias, opciones que parecen poco probables teniendo en cuenta el rumbo que viene siguiendo el Gobierno nacional. Además el Bloque Renovador presentó un proyecto en el que afirma que el Gobierno nacional rompió el Pacto Fiscal al dejar sin efecto el fondo sojero.

Amén de la incidencia que pueda tener el decreto de Macri en las cuentas de las provincias y los municipios, la medida intempestiva e inconsulta tendrá un efecto político cuyos alcances todavía están por verse. Sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, el presidente necesita el apoyo de gobiernos provinciales no oficialistas para avanzar en leyes que considera necesarias. Medidas como las tomadas esta semana dificultan esos acuerdos.

El aumento de la tensión en las relaciones de la Nación y las provincias se reflejó en la última sesión de la Legislatura. “Misiones puede decir en voz alta que cumplió con todos los compromisos con la Nación, cosa que no ocurrió al revés”, dijo en plena sesión el jefe de bloque de la renovación Marcelo Rodríguez, después de afirmar que caída del Fondo de la Soja implicaba la virtual caída del Pacto Fiscal.

A los representantes de Cambiemos en Misiones les tocó la complicada tarea de militar el ajuste. El radical Ariel “Pepe” Pianessi llevó la voz cantante de esa postura en la Legislatura. Intentó minimizar el impacto de la caída del fondo sojero al argumentar que en lo que va del año, Misiones recibió 3.000 millones de pesos más que en igual período del año anterior por coparticipación.

Marcelo Rodríguez salió al cruce y afirmó que la coparticipación solo crece en términos nominales y que si se contempla la inflación, lo que hay en realidad es una retracción. El legislador renovador detalló que en julio la provincia recibió 2.156 millones de pesos de coparticipación, lo que implicó una variación nominal de 28,5 por ciento respecto a igual mes del año pasado, mientras que la inflación de julio a julio fue de 31,2 por ciento. “Recibimos menos en términos reales”, concluyó.

Más centralismo

El temor de los gobernadores es que la eliminación del fondo sojero no sea más que un globo de ensayo para testear cómo reaccionarían las provincias frente a un golpe más fuerte a sus intereses. Ese golpe será el recorte de la coparticipación de la recaudación de IVA. Actualmente el 11 por ciento de la recaudación de ese impuesto se destina a la Anses y el 89 por ciento restante se distribuye entre las provincias. Desde el Gobierno nacional dejaron entrever que elevarían hasta 19 por ciento la porción que se destina a la Anses, lo que implicaría una pérdida de alrededor de 40.000 millones de pesos para el conjunto de las provincias.

La eliminación de subsidios al transporte es otra de las vías a las que apunta el gobierno de Macri en su carrera por ahorrar a costa de las provincias y de los habitantes.

Los cuadernos y la crisis

En el plano nacional, la semana periodística se repartió entre el desfile de arrepentidos que confesaron haber pagado o recaudado coimas durante el kirchnerismo y datos de economía que explican la sed de ajuste del Gobierno nacional.

En menos de siete días las reservas del Central cayeron 1.600 millones de pesos para frenar al dólar que de todas maneras aumentó, el empresario más importante del país reconoció haber pagado coimas a los Kirchner, el déficit sigue aumentando aunque el Gobierno diga lo contrario, otro empresario dijo que pagó 600 mil dólares a cambio de un decreto de Cristina, el Central aceleró la aspiradora de pesos al aumentar tasas y encajes, el secretario de Abal Medina involucró a Ottavis y a Larroque en el supuesto esquema de recaudación de coimas, la industria se desploma y la inflación no baja. Una semana más en Argentina.

Tal vez la mejor fotografía para entender lo que está ocurriendo en el plano económico surge del análisis de los datos referidos al déficit. El ministro Dujovne salió a anunciar con bombos y platillos una caída de 35 por ciento interanual en el déficit primario en julio, dato que ganó rápidamente las páginas de los medios amigos, pero la letra chica aclaraba al pie que el déficit financiero aumentó en el mismo período más de 90 por ciento.

Esos números indican que el ahorro que obtiene la Nación a fuerza de tarifazos, atraso salarial, recorte a la obra pública, retaceo de fondos para las provincias y municipios, entre otros conceptos que conforman el gasto corriente, resulta insignificante frente al explosivo crecimiento de los vencimientos de la deuda externa que aumentaron 352 por ciento interanual en junio y superaron los 40.000 millones de pesos.

El dinero que antes se usaba para subsidiar consumo, ahora se destina a pagar la deuda. La población vive peor, pero eso no se traduce en un ahorro para el país que ahora pierde más plata que antes.

La política de remate de dólares para frenar la devaluación y el desarmado parcial de la bomba de las Lebac le costó esta semana al Central una reducción de 1.617 millones de dólares de sus reservas, lo que representa el 16 por ciento de las reservas actuales. Para el mes próximo esperan vencimientos de deuda por 9.000 millones de dólares.

Pese a que Caputo vendió casi 800 millones de dólares en un solo día –el miércoles- la divisa estadounidense cerró la semana a 30,43 pesos, 63 centavos por encima de la cotización de cierre de la semana anterior.

En un capítulo más de la novela de marchas y contramarchas del equipo económico de Macri, ahora uno de los objetivos principales es desmantelar el stock de Lebac de más de un billón de pesos que se encargó de acumular este mismo Gobierno. Según declaró el actual presidente del BCRA, Luis Caputo, en un comunicado de esa entidad, “la eliminación gradual del stock existente de LEBAC va a mejorar la eficiencia monetaria para combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades del mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía”. Palabras más, palabras menos, Caputo dice que la eliminación de las Lebac servirá para lo mismo que su antecesor Federico Sturzenegger decía que servía su existencia.

Otro de los datos económicos de la semana fue la confirmación de la derrota contra la inflación. Según el Indec la suba de precios en julio fue de 3,1 por ciento y terminaría el año por encima del 35 por ciento, por encima de lo comprometido con el FMI y de los aumentos salariales de todos los trabajadores del país. Desde que asumió Cambiemos a la fecha, la inflación es de 114 por ciento.

Los analistas advierten que la suba de precios no va a ceder en los próximos meses, dado que la inflación mayorista viene superando a la minorista, lo que indica que todavía hay aumentos contenidos que en algún momento se van a disparar. De enero a julio la inflación minorista fue de 19,2 por ciento y la mayorista fue de 36,5 por ciento, casi el doble.

Para empeorar aún más el impacto social que tiene este proceso de inflación descontrolada, los precios que más aumentan son los de los alimentos y particularmente dos de los consumos principales de las clases populares: la harina de trigo y el aceite. 111,7 y 55,5 por ciento fueron respectivamente los incrementos de precios de estos dos productos.

Respecto al rumbo de la economía opinó esta semana Carlos Rodríguez, exrector de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), orgulloso liberal y seguidor de la doctrina de Milton Friedman. “Para el pueblo que no entiende de tecnicalidades les cuento que este país está siendo manejado por profesionales de las finanzas como si fuera una mesa de dinero.  Un país es mucho más que eso pero estamos al borde de la quiebra a la que nos llevaron ellos mismos”, publicó el economista en su cuenta de la red social del pajarito.

Una mano de los empresarios

La ayuda que el Gobierno nacional no consiguió del sector privado cuando se sentó a esperar la “lluvia de inversiones” está llegando ahora en forma de declaraciones de arrepentidos apurados por la justicia.

La contundencia de los testimonios que está recogiendo la investigación de los cuadernos deja cada vez menos dudas respecto de la existencia de un esquema de coimas en la obra púbica contratada por los gobiernos de los Kirchner.

Paolo Rocca, hombre fuerte de Techint -la empresa más grande del país- reconoció ante sus pares de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que esa compañía pagó coimas para que gobierno de Cristina interviniera ante su par venezolano –entonces liderado por Hugo Chávez- para recuperar Sidor, una empresa de Techint que había sido nacionalizada por el régimen caribeño.

Los dichos de Rocca coinciden con lo que declaró días antes Luis Betnaza, CEO de Techint, como arrepentido en la causa de los cuadernos.

Otra declaración explosiva en la misma investigación llegó de la mano del también empresario arrepentido, Gabriel Romero, propietario de EMEPA quien aseguró haber pagado 600 mil dólares a cambio de que se le extendiera con concesión de la Hidrovía.

Pero esto no fue lo único que confesó Romero. También explicó que era un contribuyente habitual a otro sector de la recaudación kirchnerista: dijo que coimeaba al exsecretario de Transporte y corrupto confeso, Ricardo Jaime, quien tenía la autoridad de control sobre el ferrocarril que explotaba y aún explota EMEPA a través de la empresa Ferrovías.

En consonancia con lo que ya había dicho el empresario Aldo Roggio, Romero admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios. Pero como Jaime además tenía la supervisión de la Hidrovía, Romero también admitió haberlo sobornado por ese negocio. Le daba una suma fija anual, cercana a los 500 mil dólares.

Hasta ahora la estrategia de los empresarios implicados en los cuadernos es ubicarse en el lugar de víctimas de una supuesta maniobra extorsiva y no como partícipes de una asociación ilícita. Cuentan cuánto pagaron en coimas, pero no revelan los beneficios que recibieron a cambio. Se habla de retornos, pero no de sobreprecios en un relato en cuyos términos es imposible entender cómo estos empresarios lograron progresar económicamente. Hasta ahora la Justicia les sigue el juego.

Otro testimonio importante lo brindó Hugo Martín Larraburu, ex secretario de Juan Manuel Abal Medina mientras era jefe de Gabinete de Cristina  Kirchner, quien involucró a los dirigentes de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque y José Ottavis con el circuito del dinero ilegal que recibía el kirchnerismo de empresarios.

En respuesta a la catarata de arrepentimientos, la expresidente Cristina Kirchner difundió una carta en la que niega haber recibido pagos ilegales. “He decidido no hacer comentarios sobre remiseros ‘arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también ‘arrepentidos’, que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio”, inicia su escrito.

La exmandataria apuntó especialmente contra Romero a quien exigió especifique “a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos”.

Se ocupó además de denunciar “el evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’ llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social”.

Quien sigue sin aparecer es el director de la EBY, Oscar Thomas. Su abogado insiste en solicitar la eximición de prisión como condición para que su cliente declare, lo que parece difícil teniendo en cuenta su condición de prófugo.

Ante el incremento en el caudal de pruebas, el interbloque de Cambiemos intentó autorizar allanamientos a Cristina Kirchner pero fracasó por falta de quórum. Lo llamativo fue que la ausencia de dos legisladores del bloque oficialista ayudó a boicotear la sesión, faltaron Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego), que se encuentra recuperándose de una operación quirúrgica, y Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) que estaba de vacaciones en Europa con su familia.

 

¿Cambiamos?

Con menos cobertura de los medios que la causa de los cuadernos, también avanza la causa por los supuestos aportantes truchos a las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017. La semana próxima el juez federal Ernesto Kreplak comenzará a tomar declaración a las personas que denunciaron haber sido incluidas en las listas de aportantes a las mencionadas campañas sin haber puesto un peso.

La mayoría son beneficiarios de planes sociales cuya situación económica les impediría hacer aportes de campaña.

La causa comenzó con una denuncia de la senadora provincial Teresa García (Unidad Ciudadana) a principios de julio, que se basó en la investigación del periodista Juan Amorín. En la presentación, denunció a la gobernadora María Eugenia Vidal, como presidenta del PRO, y al resto de las autoridades del partido, por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad.

Otro caso que siembra dudas respecto a la transparencia de los métodos de recaudación de campaña de Cambiemos es el del frigorífico Friar. La firma del grupo Vicentín recibió más de 11 millones de pesos de julio a octubre de 2016 a través del programa Repro, orientado a salvar de la quiebra a empresas en crisis.

Pocos meses después de haber cobrado la asistencia del Estado por más de 11 millones de pesos, la empresa aportó 2 millones a la campaña del PRO, según consta en el balance presentado por esa fuerza política ante la Cámara Electoral.

Perfil social

El jueves ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2019. El Presupuesto General para la Administración Pública Provincial estima en 67.225.502.000 pesos el total de erogaciones para la Administración Central, organismos descentralizados, Poder Judicial y Tribunal Electoral. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Rodríguez, consideró que “lo más importante es que se ha mantenido la gran inversión social que hace el gobierno de Misiones y que tiene que ver con la educación, destinando un 30,57 por ciento, un 13,86 por ciento será destinado a la salud pública y un 12,34 por ciento al desarrollo social”, informó. “Estamos en épocas de ajuste, sin embargo en la provincia de Misiones no vamos a ajustar a ninguno de los sectores sociales”, enfatizó.

El gobernador Hugo Passalacqua, en el expediente remitido a la Cámara,  resaltó la “concepción misionerista” que permite tener “un estado provincial fuerte, responsable, organizado y con las cuentas equilibradas”, siguiendo “el mandato de nuestro espacio político, como lo venimos haciendo desde 2003”.

Los funcionarios del Ejecutivo provincial enfrentan la difícil tarea de gestionar la crisis económica nacional y dar la cara frente a los sectores más vulnerables, los más directos perjudicados por el contexto desfavorable.

De la mano del agravamiento de la crisis económica, crece el descontento social y eso se refleja en las calles y rutas, donde los cortes son moneda cada vez más corriente. En esos ámbitos brillan por su ausencia los funcionarios nacionales y las únicas respuestas –aunque sean insuficientes- llegan de la Provincia.

El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad está ganando protagonismo en ese terreno, encabezando reuniones con organizaciones sociales, empresariales y de profesionales. A partir de su participación, se logró levantar el corte de ruta frente al Mercado Central de Posadas. Algo parecido había ocurrido hace unos meses en el hospital de Posadas.

Otra de las novedades en el plano provincial fue la sanción de la ley de Educación Emocional que fomentará el desarrollo de habilidades emocionales en las escuelas de la provincia. La Educación Emocional será incorporada en el diseño curricular de manera sistemática y transversal, tanto en el ámbito público como en el privado. Se abordarán temáticas como autoestima, autoconciencia, autoconocimiento, autocontrol y empatía. Se reconocerán las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual.

La ley crea una comisión transdisciplinaria que será la encargada de capacitar a los docentes, diagnosticar la salud socio-emocional de la institución educativa y promover técnicas de aprendizaje e interacción en relaciones intra e interpersonales, entre otras funciones.



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