Cristina Kirchner rompió el silencio y desacredito las acusaciones que pesan en su contra

La ex presidente hizo circular de su cuenta de Facebook un escrito en el que buscó desacreditar a los distintos eslabones que va sumando la causa. Casi de pasada, descalificó sin nombrarlo al chofer Oscar Centeno, cuyos apuntes detonaron el caso: lo mencionó despectivamente como «remisero arrepentido». Del mismo modo, aludió a Claudio Uberti, el ex funcionario que sumó datos a la descripción de un sistema de corrupción extendido a distintas áreas oficiales durante las gestiones kirchneristas. Lo mencionó como funcionario de «cuarta línea».

Más texto dedicó al empresario Gabriel Romero, que declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio haber pagado una coima de 600 mil dólares para lograr el decreto presidencial que le permitió mantener el negocio de la Hidrovía, en 2010. Fernández de Kirchner dijo que ella se «limitó» a lo que debía hacer después de un largo proceso administrativo y legislativo, como si el organismo que intervino en el trámite y el propio Congreso hubiese actuado sin instrucciones políticas.

De todos modos, el despliegue de explicaciones y descalificaciones tuvo una lógica evidente, que tal vez deba ser ampliado con nombres propios de aquí al miércoles, día anotado por el Senado para definir si autoriza el allanamiento múltiple a domicilios de la ex presidente solicitado hace largo rato por el juez.

Al margen de la genérica afirmación sobre un caso más de persecución política, Fernández de Kirchner apuntó a restarle relevancia a los cuadernos del chofer, algo que en rigor ha sido superado largamente por la sucesión de declaraciones y otras pruebas con que contaría el juzgado, según se ha dejado trascender. Fue muy breve para restarle jerarquía, aunque desde el kirchnerismo duro se trabaja intensamente sobre ese punto con sugerencias variadas sobre la intervención de servicios de inteligencia.

Una de las últimas versiones va más lejos y sugiere una operación internacional para desbancar empresas nacionales y reemplazarlas por firmas estadounidenses en el negocio de la obra pública.

Fuente: Infobae

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