Desligó responsabilidades por la suma millonaria que reclaman los empleados en cuestión y dijo que la actual gestión del Concejo debe hacerse cargo de los requerimientos de la Justicia. El ex concejal que al momento de los despidos era Presidente del Cuerpo, aclaró que su gestión fue auditada por el Tribunal de Cuentas de la provincia y no tuvo observaciones.
Ayer se dio a conocer el caso de 11 ex empleados que en el año 2006 fueron despedidos del Concejo Deliberante posadeño, razón por la cual entablaron un juicio que llegó a su fin este año, y cuya sentencia revoca su despido. Dos fueron reincorporados, a los demás no les interesa, pero todos buscan cobrar el dinero que por retroactividad les corresponde en concepto de salarios y cargas sociales. Los despidos se produjeron durante la presidencia del Cuerpo del entonces concejal radical Jorge “Piru” Gómez. Consultado por el tema dijo no estar al tanto y que es la Institución la que debe “responder a la Justicia sobre el tema”.
La letrada de los cesanteados Karina Castillo aseguró ayer en Radio Libertad, que dos de sus defendidos ya se reincorporaron al Cuerpo Deliberativo, pero que los otros nueve “no quieren a sus antiguos puestos, porque encontraron otros trabajos”. Lo que sí confirmó es que los once denunciantes quieren cobrar la “retroactividad de los salarios” y precisó que la suma rondaría los “dos millones de pesos por cada uno”, aunque destacó que ese es un cálculo aproximado porque la “la situación es diferente en cada caso”.
El tema es que cada uno de los empleados, tras el fallo quiere cobrar la retroactividad y eso sería en total algo más de 20 millones de pesos. Hacer público el fallo busca que el Concejo reconozca la deuda y así se incluya una forma de pago en el presupuesto para el siguiente período. Ya sea en su totalidad o un plan de pagos. Castillo dijo que si bien dos empleados de los 11 fueron reincorporados en febrero de este año, el resto ya no está interesado a volver a sus antiguos puestos, pero “todos quieren cobrar el dinero que la Justicia determinó que les corresponde”.
Básicamente para la Justicia, los despidos fueron declarados nulos, y la sentencia del juicio ordena retrotraer la situación al momento previo del decreto de cesantía. Pero esto no queda aquí porque si de números se trata, también se deben sumar las cargas sociales, por lo que se estima que la cifra final sea aún mayor.
Según la abogada de los despedidos, nadie está dispuesto a negociar la retroactividad, pero donde sí hay voluntad es en el sistema de pago tras reconocer el monto total de la deuda. “Todos quieren cobrar lo que les corresponde y de ese pago también salen mis honorarios. Se busca que se reconozca la deuda en el Concejo” y así poder incluir un plan de pagos en el presupuesto 2019.
Por ahora están en tratativas y ya se reunieron con autoridades del recinto de Rivadavia y Bolívar de Posadas. Resta esperar el avance de las negociaciones.
En cuanto a cómo sigue la cuestión legal, Castillo sostuvo que si bien hasta el momento accionaron únicamente ante la Institución, no descartan tras el fallo favorable, avanzar sobre las responsabilidades del entonces Presidente del Cuerpo – Piru Gómez – por daños y perjuicios. “Sería por el mal ejercicio de su cargo ya que muchas personas al quedarse de un día para el otro en la calle, se endeudaron y fueron fuertemente afectados”, remarcó la letrada.
«La justicia ordenó al Concejo Deliberante de Posadas a restituir a 11 empleados mal despedidos en 2006 y pagarles los sueldos de 12 años»
Desde el Concejo descartan que se esté tratando el desembarco de Uber y anticipan que “es muy difícil que puedan operar en Posadas”
