Especialista en telecomunicaciones considera que la Nación no muestra voluntad de avanzar en la ley integral de comunicaciones y permite desequilibrios en la competencia

Especialista en telecomunicaciones considera que la Nación no muestra voluntad de avanzar en la ley integral de comunicaciones y permite desequilibrios en la competencia

Para Jimena Estatuet, abogada especialista en telecomunicaciones, la demora en la elaboración de un anteproyecto y las omisiones en las que incurrió la comisión designada para su redacción, revelan que ley de Comunicaciones Convergentes no es una de las prioridades del Ente Nacional de Comunicaciones. Señaló además que los términos en los que el Gobierno permitió la fusión Cablevisión-Telecom dejaron a esa empresa en ventaja frente a sus competidores. Destacó que la “ley corta” permitirá que cooperativas locales presten servicio de telefonía móvil.

El martes último el Ministerio de Modernización de Nación volvió a prorrogar el plazo para la presentación de un anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, que deberá unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (vetada parcialmente por el presidente Macri al comienzo de su mandato), con la de Telecomunicaciones.

“En enero de 2016, mediante la gestión del gobierno actual, se modificaron los marcos regulatorios de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual y se encomendó la elaboración de un proyecto que unificara ambas normas en una Ley de Comunicaciones Covergentes.  La elaboración del anteproyecto fue encomendada a la Comisión Redactora –formada a tal efecto- que debía haber terminado su trabajo el año pasado, pero esto se fue prorrogando. Este año presentó el anteproyecto, pero no llegó al Congreso de la Nación, sino que solamente se sometió a consulta pública, sin haber consolidado el texto definitivo y el martes se presentó una nueva prórroga de 90 días, que termina en diciembre”, explicó Estatuet.

La abogada consideró que más allá de que la materia respecto a la cual se intenta legislar sea compleja, la principal traba que enfrenta la iniciativa es otra. “No veo voluntad  política de que avance el proyecto. Inicialmente parecía que sí y muchas cámaras del sector y asociaciones civiles se acercaron a esta Comisión Redactora llevando sus propuestas, sus necesidades. Esto fue recibido pero después no fue volcado en el trabajo que hace esta Comisión Redactora y esto quedó a mitad de camino y pareciera no ser voluntad prioritaria de la actual gestión del Ente Nacional de Comunicaciones bajo la órbita del Ministerio de Modernización”, sostuvo.

Mientras la Nación no avanza en la Ley de Convergencia, lo que sí avanzó es la fusión de Telecom y Cablevisión, que creó la compañía de telecomunicación más grande de la región, bajo la órbita del Grupo Clarín. Empresas competidoras, como Claro y Telefónica entienden que la aprobación de la fusión por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia generó un trato discriminatorio a favor de la fusionada, en tanto le permite brindar servicio de televisión por cable y telefonía móvil en todo el país, algo que no está al alcance de las demás telcos.

“El dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia impone obligaciones a la fusionada y estas condiciones dejaron un sabor a poco. Especialmente en el punto en que pide que se acelere el proceso de devolución de espectro ya que Telecom, al absorber Cablevisión, anterior poseedor de frecuencias de Nextel se ha excedido en el tope de frecuencias permitido para la prestación de servicios de comunicaciones móviles. Mientras Telecom no se desprenda de estas frecuencias está haciendo uso de mejores condiciones tecnológicas, ya que las demás frecuencias que tienen un tope de frecuencias disponibles”, indicó Estatuet.

Para contentar a las demás telcos, el Gobierno avanza en una versión resumida de la Ley de Convergencia, conocida como “ley corta”. “En virtud de la aprobación de la fusión Telecom-Cablevisión, este proyecto de ley corta viene a ser una moneda de cambio que busca contentar a empresas como Telefónica y Claro y permitirles la prestación del servicio de televisión satelital para igualar o reducir la desigualdad generada por la aprobación de la fusión de Telecom, que ya está brindando el servicio de televisión por cable en todo el país”, dijo la abogada.

Telecom-Cablevisión ya puede prestar cuádruple play mientras que empresas como Telefónica y Claro, de aprobarse la ley corta, estarían en condiciones de prestarlo recién en 2020 en grandes localidades como CABA, Córdoba y Rosario, en 2021 en localidades de más de 100 mil habitantes como Posadas y en 2022 en las de menos de 100 mil habitantes.

“La Ley Corta regula las telecomunicaciones y tiene alto impacto. Es un anticipo de lo que debiera ser una ley completa e integral de las telecomunicaciones y de los servicios de comunicación audiovisual. Pretende regular dos cuestiones, la compartición de infraestructura y además permite que los prestadores históricos de telefonía fija y móvil puedan acceder a la prestación de servicio de televisión satelital, que antes tenían prohibido”, detalló.

Para Estatuet, una cuestión no menor es que la ley corta faculta al Estado para que vuelva a licitar el espectro de frecuencia reservado para Arsat con una reserva del 20 por ciento para prestatarias locales. “Esto es de significativa importancia para cooperativas que mediante esta reserva tendrán posibilidad de acceder a frecuencias en forma directa y prestar el servicio de telefonía móvil al cliente final y una segunda alternativa la obligación de los actuales operadores móviles de tener disponible oferta para operadores móviles virtuales, figura que permite a pymes y cooperativas que no posean frecuencias a nombre propio, pueda revender telefonía móvil en sus localidades, usando la infraestructura de las grandes empresas”, dijo.



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