Investigador misionero afirma que universidades corren riesgo de entrar en cesación de pagos por ajuste y discrecionalidad de Nación

Miguel Franco, docente e investigador de la UNaM especializado en políticas educativas explicó que el ajuste a las universidades nacionales se aplica por vías: variación nominal del presupuesto inferior al aumento de costos y subejecución de ese presupuesto de por sí insuficiente. Afirmó además que el Gobierno nacional favorece con ayudas extraordinarias a universidades como las de Buenos Aires y Córdoba en desmedro de las demás. Consideró que hay un riesgo serio de que universidades como la UNaM entren en cesación de pagos con sus proveedores.

Investigadores, docentes y gremialistas vienen advirtiendo que las universidades públicas son uno de los blancos a los que apunta el Gobierno nacional para llevar adelante el ajuste de gastos que impone el acuerdo firmado con el Fondo Monetario y de paso favorecer a la educación superior privada. Uno de los que viene investigando el tema con mayor ahínco es Miguel Franco, quien no dudó en afirmar que el contexto actual impone desafíos a la formación profesional y el desarrollo científico en todo el país.

Señaló que la gestión de Macri viene reduciendo sistemáticamente los recursos que destina a la educación superior y no dudó en hablar de una política de ajuste que rige para las universidades nacionales. Señaló que el Gobierno nacional, basado en una meta de inflación irreal de 15 por ciento, incrementó en 25 por ciento el presupuesto total de las universidades en 2018. Pero eso no quiere decir que las universidades iban a recibir 25 por ciento más que en 2017, porque en el camino se abrieron cinco nuevas universidades que se llevaron prácticamente todo el incremento presupuestario otorgado, señaló Franco.

En consecuencia, la mayoría de las universidades debió trabajar este año con presupuesto muy parecido al del año pasado, pero con costos mucho mayores, cortesía del cóctel devaluatorio inflacionario preparado por el equipo económico de Macri.

Pero para Franco el costado más severo de ajuste no pasa por el deterioro presupuestario sino por la subejecución que practica el Gobierno nacional con la consistencia de una política de estado. “A agosto tenemos una ejecución del 40 por ciento del presupuesto anual establecido, proporción que se aplica a todas las universidades. A esta altura del año se tendría que haber ejecutado el 70 por ciento”, indicó el investigador.

En otra medida que determinó una reducción de recursos para las universidades, Franco recordó que la Nación este año reasignó a otras áreas, 4.000 millones de pesos a través de una decisión administrativa del ministro Coordinador de Gabinete.

El investigador advirtió que para universidades como la UNaM, el cuadro se agrava porque el Gobierno nacional reparte fondos de manera discrecional a través de asistencias financieras extraordinarias que llegan a universidades y territorios con mayor afinidad política al régimen actual. Las universidades de Buenos Aires –incluidas algunas del Conurbano-, Córdoba y del Litoral aparecen entre las beneficiadas. La de Misiones no.

El ajuste y la subejecución presupuestarias, sumados a la devaluación y el contexto inflacionario afectan directamente al funcionamiento de las universidades. Según Franco, en ese contexto casi todo lo que ingresa se destina a pagar sueldos, así las universidades terminan desatendiendo su función principal que es la investigación.

Pero el impacto no termina ahí. Franco reconoció que ante el cuadro actual resulta difícil pensar cómo hará la universidad para sostener el funcionamiento de los comedores o albergues e incluso aseguró que de no mediar correcciones en la política nacional, habrá serias dificultades para sostener los gastos operativos básicos. “Entrarían en cesión de pagos elementos básicos como la provisión de energía y agua”, señaló.