Investigación por coimas: investigan si las empresas usaron facturas truchas

La AFIP  investiga si Fainser, la constructora del detenido ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, sirvió de canal para generar «salidas no documentadas» de dinero que se destinaron al pago de sobornos en otras empresas, como Isolux, o para el lavado de activos.

Los sabuesos sospechan que Fainser, una empresa real, generó facturas falsas por decenas o acaso cientos de millones de pesos a favor del consorcio a cargo de la construcción de la usina termoeléctrica en Río Turbio, que le permitieron al presidente de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, burlar los controles de sus auditores externos y acumular dinero en efectivo para dárselo a Roberto Baratta , la mano derecha del ex ministro Julio De Vido .

Las sospechas de la AFIP sobre Lascurain y Fainser llegan más lejos. Por eso, emitieron un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado, por más de $ 400 millones, que el organismo tributario remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) en las últimas semanas.

Convertido en el primer empresario «arrepentido» en la investigación judicial por los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno , De Goycoechea guarda silencio público en Córdoba. Pero sus colaboradores negaron a LA NACION que hayan recurrido a las facturas truchas. «Esto se negoció directo entre la gente de De Vido y la casa matriz de Isolux en España, que mandaba giros a cuevas financieras de la City porteña, que Juan Carlos tenía que retirar y entregar a Baratta», retrucaron.

La AFIP sospecha, sin embargo, que los ejecutivos de Isolux y de otras empresas que ahora integran el pelotón de «arrepentidos» recurrieron a una versión aggiornada de la operatoria del «caso Skanska». Porque en aquella ocasión, las empresas utilizaron facturas truchas de sociedades fantasmas para sacar dinero de sus balances para sobornos. Pero ahora investigan si empresas como Isolux recurrieron a servicios truchos de empresas reales.

La primera por volumen de esas empresas reales que podrían haber emitido facturas truchas, según los sabuesos, podría ser Fainser, que como «proveedor» de la UTE a cargo de la usina de Río Turbio emitió 71 comprobantes, solo durante 2015, por un total de $ 384 millones.

La sospecha de los sabuesos permanece, por ahora, dentro de la órbita de la propia AFIP, a diferencia de lo ocurrido con otros proveedores de aquella obra que junto a Isolux ya integran una causa penal por facturas truchas que tramita ante el juez en lo Penal Económico, Diego García Berro. Entre ellos, Termipol (que facturó $ 209,7 millones solo durante 2015), Prosetec ($ 107,4 millones) y Juan Antonio Blua ($ 80,8 millones).

Pero las sombras sobre Fainser exceden a la AFIP. Desde Isolux indicaron a LA NACION que Baratta ejerció una «presión brutal» sobre De Goycoechea para que escogieran a esa constructora de Lascurain en desmedro de una competidora, lo mismo que desde Central Puerto afirmaron que ocurrió en el proyecto «Vuelta de Obligado», donde Fainser participó junto a General Electric y la española Duro Felgueras, y todo terminó en pésimos términos.

«El gobierno (kirchnerista) nos impuso a Fainser, que no trabajó bien y fue el promotor de los mayores costos, pero cuando se hizo un acto con Cristina [por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner), Lascuráin fue la estrella del evento», rememoraron desde ese segundo proyecto, bajo la órbita de la empresa Central Puerto.

Contactado por LA NACION, Lascurain prefirió no responder las consultas. También declinó remitir las preguntas a un vocero o a su abogado. «Veremos qué publican», replicó.

Mientras tanto, De Goycoechea comenzó a aparecer en los cuadernos de Centeno con múltiples pagos a Baratta por entre 1,2 millones y 6 millones de dólares, operatoria que el ex máximo ejecutivo de Isolux en la Argentina admitió ante la Justicia, aunque responsabilizó a la casa matriz en España y afirmó que los montos fueron mucho más bajos.

Lascurain, por su parte, fue detenido, excarcelado, procesado y embargado por $ 60 millones por otro juez, Luis Rodríguez, por su presunta participación delictiva en las obras vinculadas al Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En su caso, por la fallida construcción de una ruta.

Los problemas para Lascurain, sin embargo, se acumulan. Tras presentarse el jueves a declarar ante el juez federal Claudio Bonadío, y reafirmar su inocencia, menos de 36 horas después terminó detenido, mientras que Fainser quedó bajo sospecha por presunto lavado.

Según reconstruyó LA NACION, la AFIP no encontró evidencias de que la constructora haya prestado servicios reales a la Municipalidad de Río Turbio por lo que remitió un alerta a la unidad antilavado (UIF) durante las últimas semanas. Es decir, tras el desplazamiento de la máxima responsable del área, Adriana Raggi, quien afronta ahora una denuncia penal de Lilita Carrió por cuestionamientos a la labor de su esposo en el sector privado vinculados a contribuyentes paradigmáticos. Entre ellos, Carlos Long, uno de los socios de Rudy Ulloa, otro de los acusados en la causa por los «cuadernos de la corrupción»

Roto el dique del silencio, ahora desde Isolux cuentan detalles que hasta hace dos semanas callaban o, incluso, negaban. «Fainser es una empresa real, sí, pero fue la única por la cual nos pisaron la cabeza desde el Ministerio de Planificación para que la contratáramos», confiaron. Aún así, todo terminó mal, con una demanda millonaria de la constructora de Lascurain contra la firma española que Fainser presentó en Río Gallegos. ¿Su apoderada? Romina Mercado, la hija de la entonces ministra Alicia Kirchner y sobrina de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

Fuente: La Nación