Delitos financieros: promueven orientar esfuerzos para combatir la elusión tributaria de las transnacionales que operan en América Latina

Periodistas de diferentes países de la región latinoamericana asistieron a una capacitación organizada en la Argentina sobre temas tributarios. En el marco del III Encuentro de Periodistas sobre Flujos Financieros Ilícitos de Latindadd, red no gubernamental organizadora del encuentro, se apuntó al impacto negativo que se generan con incentivos y privilegios tributarios para las empresas extranjeras y las maniobras de estas para evitar, además, el pago de impuestos.

El impacto negativo de los incentivos y privilegios tributarios para las empresas extranjeras y las maniobras de estas para evitar, además, el pago de impuestos, fueron temas abordados en Argentina por periodistas de diversos países, en el marco del III Encuentro de Periodistas sobre Flujos Financieros Ilícitos de Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos), una red no gubernamental que fue la organizadora del encuentro, en la que participa la Fundación SES, y se llevó a cabo esta semana en Buenos Aires.

En ese marco, se promovió un diálogo entre los comunicadores y activistas de la sociedad civil encaminado a articular esfuerzos para combatir la elusión tributaria de las transnacionales que operan en la región.

“El énfasis de ese esfuerzo será puesto en ‘la crítica a los incentivos tributarios que se constituyen como verdaderos privilegios en un democracia de élites’”, aseveran los especialistas.
Para Latindadd, en la coyuntura económica y política de la región está en pie el riesgo de que se profundice una carrera a la baja entre países para atraer inversiones, es decir, una competencia de reducir los beneficios al país receptor, en vez de cooperar entre ellos.

Para la citada organización, los incentivos y privilegios tributarios, sumados a la planificación tributaria agresiva de las empresas, configuran un escenario de elusión tributaria con impactos negativos en los derechos de las personas y en la democracia de la región.

Tales ventajas se traducen en la reducción de la recaudación tributaria y la estructura presupuestal y en el financiamiento de los servicios públicos y derechos sociales y culturales de la población, así como en el desmontaje de la protección social.Todo ello, añadieron desde Latindadd, agudiza la pobreza y en especial la desigualdad en beneficio de las élites del poder económico, ante lo cual considera necesario “promover un movimiento social en la región con capacidad de influencia tanto técnica y política”.


Ese movimiento contribuirá a transformar y sostener políticas públicas financieras, tributarias, fiscales y de inversiones al servicio de la sociedad, según propusieron en la convocatoria. El seminario forma parte de los esfuerzos de Latindadd y la Fundación SES con el apoyo de la Coalición por la Transparencia Financiera, organizaciones sociales que promueven la relación con medios de comunicación alternativos.
Tras el encuentro, se realizaron dos jornadas de diálogo con expertos y funcionarios públicos sobre la creación de registros públicos de beneficiarios finales, claves para descubrir a los propietarios de la riqueza escondida en paraísos fiscales.

Entre los disertantes del encuentro para periodistas, estuvo Jorge Coronado (CNE Costa Rica), miembro de Latindadd, quien abordó en la apertura del encuentro el problema de los flujos financieros ilícitos, explicando cómo operan los mecanismos de elusión y evasión tributaria de las transnacionales. “El 60% del comercio global se da entre partes relacionadas, entre un mismo grupo de trasnancionales, que han creado un mercado mundial donde se venden bienes y servicios entre ellos mismos, transacciones intrafirma. Uno de los elementos o mecanismos fundamentales para la elusión tributaria, para el traslado artificial de utilidades hacia territorios offshore son los precios de transferencia. Vivimos en un modelo comercial hecho para erosionar la base tributaria de los países”, sostuvo el experto.

Además, disertaron Rodolfo Bejarano, miembro de Latiladd, quien se refirió sobre los incentivos fiscales que reciben las empresas en la región y cómo afectan de forma negativa a los países de América Latina; Verónica Serafini, de Decidamos Paraguay, quien expuso sobre “La política de incentivos: experiencias, tipología, impactos y su relación con la regresividad y las desigualdades”.

Del panel sobre “Algunos desafíos para comunicar masivamente los fraudes tributarios”, participó Marcelo Justo de la Tax Justice Network y el periodista Raúl Dellatorre, de Página12, entre otros expositores.

 

Delitos financieros

“Mientras que cualquier individuo pueda crear empresas o fideicomisos en el país sin tener que revelar quién se esconde detrás de esa entidad, resultará prácticamente imposible investigar los delitos financieros”, advierten especialistas.

El coordinador en Fundación SES, Adrián Falco, y Andrés Knobel, miembro de Tax Justice Network, explicaron en una columna para BAE Negocios cómo avanzan en el mundo para evitar que se creen empresas o fideicomisos sin tener que revelar quién se esconde detrás de esa entidad. “Un funcionario puede crear una firma y ser su propio contratista”, señalan.

“La corrupción, la evasión y el lavado de activos generan indignación en la sociedad pero al mismo tiempo impotencia y escepticismo. Semejante reacción reside en la evidencia de que algunos sectores del poder político parecen estar más interesados en beneficiar los intereses financieros y privados, que en fortalecer organismos de control o legislar sobre el poder corporativo”, indicaron. “Aunque no existen soluciones mágicas, tampoco es necesario una revolución cultural para lograr avances en el control de los flujos financieros ilícitos. Con mucho menos se puede empezar a obtener resultados”, aseguran.

“El denominador común entre todos estos delitos tiene que ver con la opacidad y el secreto. Ninguno de los criminales actúa en nombre propio y a plena luz del día. Los más sofisticados recurren a los servicios de contadores, auditores y abogados que diseñan a medida las complejas estructuras donde la identidad de sus clientes se oculta detrás de prestanombres y guaridas fiscales”, explicaron en su artículo.

“Mientras que cualquier individuo pueda crear empresas o fideicomisos en el país sin tener que revelar quién se esconde detrás de esa entidad, resultará prácticamente imposible investigar los delitos financieros. Alguien puede crear una empresa, no para abrir una oficina y contratar empleados, sino para emitir facturas falsas por servicios inexistentes, permitiendo a otros evadir impuestos. Un empresario tiene la posibilidad de utilizar una compañía para simular el pago de un servicio aunque en realidad se trata de un soborno. Un funcionario podría crear una firma solo para contratarse a sí mismo (o a un familiar) en una licitación pública, sin que se note el conflicto de intereses. Los narcotraficantes pueden crear empresas para adquirir casas, aviones o autos de lujo sin revelar su identidad. Cuando las autoridades o los periodistas quieran encontrar al responsable, solo verán el estatuto de una empresa, donde los dueños son otras empresas, y así hasta el infinito, sin poder identificar quién era la persona de carne y hueso que realmente estaba al frente de esa entidad”, describieron sobre el mecanismo actual.

¿Que pasa a nivel mundial?

Por este motivo, países europeos empezaron a exigir que cualquier individuo que quiera crear una empresa deba revelar su identidad. De lo que se trata es de controlar, regular y en última instancia desalentar la utilización de sociedades opacas o la utilización de testaferros. Así, para adquirir inmuebles o para ganar una licitación pública, o incluso para constituirse y tener validez legal, las entidades deben revelar a sus “beneficiarios finales”. El objetivo es visibilizar a las personas que realmente y en última instancia, controlan y se benefician de las actividades de la empresa.

El Reino Unido tiene un registro que es público, gratuito, online y en formato de datos abiertos. Eso permitió a organizaciones que forman parte de la Financial Transparency Coalition cruzar datos del registro con otras bases de datos públicas y así detectar casos de información falsa, personas que aparecen como propietarios de empresas a pesar de estar bajo la lista de sanciones de las Naciones Unidas y muchos otros “errores” deliberados.

Entre 2017 y 2018, la Unión Europea aprobó una directiva para que todos los países miembro tengan que establecer estos registros de beneficiarios finales y que sean públicos. Por una ley interna, el Reino Unido le exigirá esto también a sus dependencias, como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas. Incluso países de América Latina como Costa Rica, Brasil y Uruguay ya cuentan con leyes que exigen el registro de estos beneficiarios finales.

Argentina está lejos del ideal. No solo no existe un registro central de beneficiarios finales de las empresas y menos uno que sea público, sino que faltan mecanismos de cooperación e intercambio de información entre las mismas autoridades del país para poder combatir la criminalidad. En el mejor de los casos, se investiga todo como hechos aislados sin ver la complejidad e interrelación de los delitos. En el peor de los casos, no se consigue la información necesaria para investigar o condenar a nadie. Esto repercute en la recaudación fiscal y el financiamiento del gasto en educación, jubilaciones, salud, infraestructura e innovación. Pero las consecuencias no se agotan ahí. La opacidad local y offshore, facilita la fuga de divisas, incrementa la vulnerabilidad externa de la economía. Ofrece además un campo fértil para la corrupción empresarial y gubernamental. Debatir con seriedad estos temas es un desafío para los estados y una gran oportunidad para articular esfuerzos entre gobiernos, sector académico y organizaciones de la sociedad civil”, invitan los especialistas de Fundación SES y de Tax Justice Network.

 

 

Fotografía: Latindadd

 

 

PE



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