El gobierno estadounidense asegura que no es su responsabilidad volver a reunir a padres deportados con sus hijos

El Gobierno de Estados Unidos considera que no es su responsabilidad encontrar a los cientos de migrantes que fueron deportados sin sus hijos para reunirlos con ellos. Deberían ser las ONG que han denunciado la situación en los juzgados, argumenta Washington, las que utilicen sus recursos para encontrar a esas personas, devueltas a sus países tras ser separadas de sus hijos en medio del caos provocado por el propio Gobierno y su política de “tolerancia cero en la frontera”.

Este argumento del Gobierno de Donald Trump fue presentado por escrito el jueves por la tarde ante el juez de San Diego que ordenó a finales de julio reunificar a todas estas familias antes de un mes. El plazo fue incumplido por la Administración el pasado 27 de julio.

De los más de 2.500 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar en familia la frontera de forma irregular, solo 1.442 han sido devueltos a sus progenitores, según datos del propio Gobierno presentados al juzgado en esa fecha.

Un total de 711 niños permanecen en el sistema de acogida de EE UU, clasificados como “no acompañados” tras haber llegado acompañados de sus padres. De ellos, 431 no han podido ser reunidos con sus familiares porque estos fueron deportados de vuelta a sus países.

“Los abogados de los demandantes deberían usar sus considerables recursos y su red de firmas de abogados, ONGs, voluntarios y otros, junto con la información que los demandados han proporcionado (o van a proporcionar pronto) para contactar posibles afectados en otros países”, reza el argumento del Gobierno de Trump presentado ante el juez.

Asimismo, dice que los demandantes son responsables de asistir legalmente a cada uno de esos deportados para saber si quieren reunirse con sus hijos y proveer toda la información necesaria para la reunificación.

Los demandantes en este caso son la Unión Americana por los Derechos Civiles, la organización de derechos civiles más importante de Estados Unidos, en representación de todos aquellos que han sido afectados por la política de separación de familias migrantes que el Gobierno viene aplicando informalmente desde el otoño pasado. A partir de mayo, se convirtió en una política abierta de “tolerancia cero”.

 

Fuente: El País

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