A mediados del 2016, comenzaron varias investigaciones por malversación de caudales públicos, a raíz de una denuncia formulada por el Dr. Santiago Nicolás Dupuy De Lome ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.
El mencionado denunció que el ex Ministro Julio De Vido, con la finalidad de eludir el control de las auditorías, entregó fondos millonarios a productoras televisivas afines al Gobierno de ese momento (el Kirchnerismo), encubriéndolo mediante fondos destinados a distintas universidades.
En la denuncia se indica que se le ha dado a la actriz, la Sra. Andrea Del Boca, una suma superior a los $30.000.000 (treinta millones de pesos), y otras sumas de la misma magnitud a productoras para financiar programas que ni siquiera han salido con posterioridad.
Además, se estima que se han entregado más de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) a la productora cuya propiedad está a nombre de la esposa de Julio De Vido, Alessandra Miniccelli, y de Marta Castelis, esposa del ex
Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
En efecto, se estableció que la entrega de la suma millonaria anteriormente mencionada, tenía por objeto financiar un programa llamado “El Pacto”, que inexplicablemente estaba compuesto por una única emisión.
Asimismo, se agregó que la gran mayoría de esos fondos fueron recibidos por la Universidad de San Martín y la Universidad de Tres de Febrero, para eludir todo tipo de auditorías.
Con posterioridad, durante el mismo año, se presentó una segunda denuncia, en este caso por parte del Dr. Ricardo Monner Sans, en la cual denunciaba al Estado Nacional por financiar una novela de la productora “a+A Gropu SRL”, la que estaba protagonizada y dirigida por Andra Del Boca, y siendo ella misma quien recibió la suma de $36.582.468
provenientes del presupuesto del ex Ministerio de Planificación.
Por todo ello, es que el juez federal Sebastián Ramos procesó a Julio M. De Vido –en calidad de autor- y a Carlos R. Ruta, Luis A. Vitullo, Andrea del Boca, Carlos M. Schwerdtfeger, Alberto Daniel García, Nahuel A. Billoni Ahumada, Nadia M. Jacky, Liliana A. Mazure y Hugo J. Nielson como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Christian Daniel Fernández.
Por tal motivo, en la causa que nos ocupa, se investigan las maniobras defraudatorias que involucraron la actuación de funcionarios y empleados de la Universidad Nacional de San Martín, el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
En síntesis, el propósito ilícito consistió en disimular la finalidad de la suscripción de dos Convenios, por montos de $232.433.300,00 y $121.008.105,90 cada uno; posibilitar el otorgamiento discrecional de los fondos públicos asignados a dicha cartera a las productoras privadas “Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda” por la suma de $4.550.000 y “a+A Group SRL” por la suma de $36.582.468, todo ello para financiar la realización de la miniserie “El Pacto” y de la telenovela “Mamá Corazón”, respectivamente.
(*) Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza – Provincia de Buenos Aires
