Hoy hacen 24 años de aquel lunes cuando a las 9:53 de la mañana un coche bomba estalló frente a su sede porteña del barrio de Once, demoliendo el edificio, provocando la muerte de 85 personas e hiriendo a alrededor de 300. Casi un cuarto de siglo después, la Justicia sigue adeudándole a la sociedad los nombres de sus responsables. Ese 18 de julio de 1994 la Asociación Mutual Israelita Argentina sufrió el mayor ataque terrorista hacia judíos desde la Segunda Guerra Mundial.
La comunidad judeoargentina con casi 300000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la sexta mayor del mundo.
Contexto:
En 1991 el presidente Carlos Menem -de ascendencia árabe y religión musulmana-, sin autorización del Congreso Nacional, ordenó la participación de Argentina en la Guerra del Golfo, enviando dos fragatas a combatir contra Irak bajo las órdenes de Estados Unidos.
El atentado contra la AMIA registra un antecedente inmediato que es el atentado a la embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba dos años antes el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de doscientos heridos. Este atentado, por tratarse de una sede diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio.
Al año siguiente del atentado a la AMIA, fue asesinado también en un atentado terrorista el primer ministro de Israel Isaac Rabin, quien estaba llevando adelante un exitoso proceso de paz en Medio Oriente por el que recibió el Premio Nobel de la Paz, junto a Shimon Peres y el líder palestino Yasir Arafat.
En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín. El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano y APEMIA rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.
En 2003, después de nueve años de investigación, la justicia argentina, acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas, de ser los autores. Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.
En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres, pero el Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y lo liberó. Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).
En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa
El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados del juicio oral. También ordenó investigar a Carlos Telleldín, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a los policías bonaerenses. Telledín permaneció encarcelado. También ordenó investigar las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex ministro del interior, Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, y el comisario Jorge «Fino» Palacios.
El 13 de septiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, la llamada Unidad Fiscal AMIA.
Luego se inició una nueva causa por encubrimiento contra los funcionarios que se había ordenado investigar. En noviembre de 2005 fue separado el Juez Claudio Bonadío de este juicio, acusado de falta de imparcialidad, y fue reemplazado por el Juez Ariel Lijo.
En 2006 el nuevo fiscal designado en 1997, Alberto Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas.
Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al Juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los ocho ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.
El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia. Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar la orden de la justicia argentina.
El lunes 19 de enero de 2015 Alberto Nisman, debía presentarse ante el Congreso Nacional para presentar las supuestas evidencias, entre las que se encontraban escuchas telefónicas, pero el mismo día, a primeras horas de la madrugada, apareció muerto de un tiro calibre 22. Las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato. La muerte del fiscal Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país.
El 6 de agosto de 2015 se inició el segundo juicio, encubrimiento y complicidad local en el atentado, contra trece ciudadanos argentinos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez de la causa AMIA Juan José Galeano, dos de los fiscales actuantes Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Isrealitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, el ex jefe del servicio de inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex comisario de la Policía Federal Jorge «Fino» Palacios.
En mayo de 2016 la Cámara separó al juez Ariel Lijo de la causa por encubrimiento, haciendo lugar al reclamo de Memoria Activa, luego de que el juez sobreseyera a varios sospechosos. En agosto de 2016, 22 años después del atentado, se identificó a la última víctima del atentado.
En marzo de 2017 renunciaron los abogados del gobierno en el segundo juicio oral, denunciando presiones del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano para limitar su accionar en el proceso. Ante los hechos, la asociación de víctimas del atentado Memoria Activa, publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que «lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015».
Actualidad:
En febrero de 2018 el gobierno argentino dejó caer la acusación contra los exfiscales Mullen y Barbaccia y pidió penas menores para los acusados, a través de una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, llevada adelante mediante el alegato realizado por el abogado José Console en nombre del gobierno, acto que fue criticado como «amiguismo» y «encubrimiento» por la diputada Elisa Carrió. Pocos días después el tribunal dispuso apartar de la causa al abogado del gobierno Console, por estar inhabilitado por incompatibilidad de funciones, aunque consideró válido el cuestionado alegato realizado por el abogado excluido. En marzo de 2018, el exsecretario de la Unidad AMIA del ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, denunció al ministro Germán Garavano y otros funcionarios bajo su mando, por encubrimiento y corrupción en la causa AMIA.
AMIA: El Gobierno de Misiones manifestó el acompañamiento en el dolor a la comunidad judía en particular
