Complejo Sobremonte y la causa por asociación ilícita fiscal

El “Complejo Sobremonte” es un clásico boliche de la ciudad de Mar del Plata. Fue inaugurado en 1972 como un pequeño lugar para 500 personas, cálido y con atuendo español.
A lo largo del tiempo, se fue convirtiendo en un lugar con cada vez mayor concurrencia, hasta que, en la actualidad, devino en un gran complejo preparado para una capacidad de 4000 personas.

Se trata de una gran empresa que cuenta con dos discotecas dentro, cinco pistas, parques y terrazas al aire libre, piscina climatizada, doce barras de bebidas, escenarios aptos para dar shows, eventos diarios, y dos
propuestas de restaurantes, con comida mexicana, y con comida mediterránea, entre otras.

Luego de una larga investigación, el juez Santiago Inchuausti del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, procesó a 10 personas por asociación ilícita fiscal en la administración económica del boliche.

La Fiscalía interviniente es la Federal Nº 1, a cargo de la Sra. Fiscal Laura Elena Mazzafferri, y la Administración Federal de Ingresos Públicos es parte querellante en la causa, es decir, quien lleva a cabo la labor en protección de los intereses del Estado.

En el caso que nos ocupa, se investiga a los responsables de la explotación económica del “Complejo Sobremonte” por llevar adelante maniobras de evasión tributaria entre los años 2003 a 2014. Por el momento se encuentran procesadas por asociación ilícita, cuatro personas en calidad de jefes de la asociación, y seis personas como miembros.

Además, tres personas de las antes mencionadas, fueron procesadas por el delito de evasión tributaria, por la suma de $2.092.843 (dos millones, noventa y dos mil, ochocientos cuarenta y tres pesos). El método utilizado para llevar a cabo esta evasión, fue mediante la interposición de personas físicas y jurídicas, con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales obligatorios.

Para la obtención de diversos beneficios, se fijaron cauciones personales, también conocidas como fianzas, por las sumas de $1.000.000 y $100.000, además de ordenarse embargos a los procesados, por la suma de $5.000.000.
Por otro lado, eran más los involucrados en estos delitos en relación con el complejo, pero por aplicación de la ley penal más benigna, se resolvió decretar la falta de mérito de una persona, y el sobreseimiento de otra.

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