Análisis semanal: Macri ante un contexto más hostil

El país se sigue acomodando a la nueva realidad que se abrió a partir de la corrida cambiaria y la vuelta al FMI. En el plano económico, los pronósticos se vuelven más pesimistas al tiempo que aumenta la angustia por un ajuste que se presume profundo y de alto costo social. El contexto poco alentador hizo crecer las aspiraciones políticas del variopinto arco opositor cuyos principales referentes buscan diferenciarse cada vez más del Gobierno nacional convencidos de que ahora sí es viable disputarle el poder a Cambiemos en 2019.

Buena parte del peronismo dialoguista y el massismo unieron fuerzas con el kirchnerismo y sectores más duros de la izquierda para sancionar la “ley antitarifas” que fue vetada de manera instantánea por el presidente Macri. Desde la oposición sabían que la norma quedaría sin efecto, pero eligieron avanzar igual para obligar al presidente a asumir el costo de reafirmar su impopular política de sinceramiento tarifario y para enviar un claro mensaje al Ejecutivo en momentos en los que se discute el Presupuesto 2019.

La caída de la imagen de Macri en las encuestas y la presunción de que esa tendencia podría pronunciarse en los próximos meses de la mano del ajuste que exigirá el FMI, envalentona a una oposición que más allá de acuerdos puntuales para votar tal o cual ley, todavía está lejos de los acuerdos necesarios para plantar pelea a Cambiemos de cara a 2019.

Ante ese escenario, el Gobierno provincial se mantuvo firme en su postura de priorizar los intereses de Misiones por sobre los proyectos de alcance nacional con vistas a las próximas elecciones presidenciales. Sus legisladores se abstuvieron de votar la ley antitarifas, evitando tomar partido en una nueva disputa que se inscribe en la lógica de “la grieta” y honraron nuevamente el compromiso de no comprometer la gobernabilidad de la gestión de Macri.

Ahora queda por ver si el Gobierno nacional también cumple sus compromisos con la provincia en temas que resultan urgentes como la agilización en la remisión de los fondos del FET, el pago de los planes forestales y la aplicación efectiva del artículo 10 de la Ley de Pymes, entre otros puntos.

A favor del crecimiento de la conflictividad en el escenario político nacional, juega la sensación generalizada de una caída del poder adquisitivo, sensación que ya empieza a verse con mayor claridad en las estadísticas. Según el Indec, en el primer trimestre los salarios aumentaron 3,9 por ciento mientras que los precios lo hicieron en 6,7 por ciento, casi el doble.

Con la devaluación que comenzó en abril y persiste hasta hoy y ante la inminencia de un recorte en el gasto público, es esperable que el salario continúe perdiendo poder adquisitivo. Mientras la gente no termina de digerir el último tarifazo, ya está listo el próximo golpe al bolsillo que llegará en forma de un nuevo aumento en los precios de los combustibles, que aumentarán 5 por ciento en los próximos días, se incrementarán otro 3 por ciento en julio y desde el ministerio de Energía advirtieron que no serían las últimas subas del año.

El creciente malestar en relación al rumbo de la economía también está provocando movimientos en el universo sindical. Con los salarios corriendo de atrás a una inflación que no amaina, los dirigentes de base encuentran cada vez menos argumentos para sostener una posición dialoguista y son cada vez más los gremialistas que adoptan una postura más frontal en rechazo a las políticas nacionales.

Tras el veto presidencial a la ley de tarifas, una multitud volvió a manifestarse en la porteña Plaza de Mayo y sus inmediaciones. Desde las distintas vertientes del sindicalismo se volvió a plantear la necesidad de unificar al movimiento y los sectores más duros exigieron a la conducción de la CGT una posición más firme en contra de la política económica del Gobierno nacional. La respuesta del triunvirato cegetista no se hizo esperar y Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera,  anunció un paro nacional cuya fecha se decidiría el próximo jueves.

Tranquilidad

Cómo si no fuera suficiente con la oposición y los sindicalistas, los mercados también volvieron a darle dolores de cabeza a Macri durante la semana. Pese al continuo revoleo de dólares obtenidos a punta de endeudamiento, el Gobierno no consigue sostener a la moneda estadounidense por debajo de los 25 pesos. Después de una semana relativamente tranquila, la moneda verde cerró el viernes a 25,57 pesos para la venta en lo que representó un nuevo máximo histórico, pese a que el Banco Nación vendió 300 millones de dólares por día los últimos cuatro días de la semana.

Vale aclarar que el Nación no vende dólares propios, son dólares del Tesoro obtenidos a cambio de los bonos que colocó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, días después del megavencimiento de Lebac la semana anterior. En última instancia, dólares prestados.

Analistas destacan que más allá que quien aparezca como vendedor sea el Central o el Nación, el Estado se muestra como el único oferente mientras que por el lado del sector privado todos compran y nadie vende, lo que indica que a pesar de que los movimientos de la divisa se hicieron más moderados en las últimas tres semanas, todavía no se puede hablar de una pax cambiaria, mucho menos de un techo para la cotización de la divisa.

La política de financiar déficit en pesos con endeudamiento externo en dólares y el fracasado intento de contener la inflación a fuerza de tasas de interés elevadas, desestabilizaron la economía al punto de que el Gobierno ahora está dispuesto a sacrificar crecimiento con tal de evitar un desmadre de mayores proporciones.

En lo que viene siendo un ejercicio habitual desde fines del año pasado, consultoras privadas nacionales se hicieron eco de los cambios en la economía y recalcularon –a la baja- sus proyecciones para 2018 con una inflación de hasta 28,2 por ciento, un dólar alcanzando los 28,50 pesos y un crecimiento de entre 0,9 y 1,5 por ciento.

Desde la consultora internacional Moody’s fueron un poco más pesimistas y advirtieron que el PBI podría caer 0,5 por ciento este año por efecto de la sequía, además de los desequilibrios propios de la economía local.

Para Orlando J. Ferreres la inflación de 2018 será 25 por ciento mientras, la cotización del dólar finalizará el año cerca de los 28,50 pesos y el crecimiento rondará el 1,5 por ciento anual.

Desde Eco Go estimaron un tipo de cambio a  27,30 pesos, una inflación de 28,2 por ciento y un crecimiento económico de 0,9 por ciento.

Según Ecolatina, el dólar terminará 2018 a 26,75 pesos, la proyección de inflación es de 26,4 por ciento y el crecimiento alcanzará el 1,6 por ciento.

Para ABECEB el dólar cerrará el año a 26,75 pesos, la inflación será de 27 por ciento y el crecimiento de 1,7 por ciento.

Por último, la consultora C&T Asesores espera un dólar a 26 pesos a fin de año, una inflación de 26 por ciento y un crecimiento 1,5 por ciento.

Desde la Casa Rosada apuestan a que el acuerdo con el FMI sirva para que los mercados recuperen la confianza en la economía argentina, aunque son consientes de que ello implicará atenerse a las recetas del organismo internacional lo que marcará el fin del gradualismo y el principio de un ajuste más ortodoxo.

Predicar con el ejemplo

Como lo anticipara esta columna en su última edición, el Gobierno nacional salió esta semana a anunciar una serie de recortes en los gastos operativos del estado con lo que espera ahorrarse alrededor de 20.000 millones de pesos, una décima parte del ajuste que exigirá el FMI.

Más allá de las discusiones en torno al número que el Gobierno proyecta ahorrar y a su incidencia real en el ajuste total de gastos que deberá hacer la Nación, el anuncio pretende oficiar de “buen ejemplo”. El objetivo es demostrar que el primero en ajustar es el Gobierno para luego pedir lo propio al resto de la gente.

En rigor de verdad es la segunda vez que Macri juega la misma carta. Lo anunciado esta semana en conferencia de prensa es muy parecido al promocionado “Plan de restructuración y desburocratización del Estado” que habían presentado el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Modernización Andrés Ibarra en enero de 2017, plan que a la postre no se tradujo en medidas concretas.

El discurso es que esta vez –bajo la tutela del FMI-  sí se concretaría una baja del costo operativo y fundamentalmente de aquello que se conoce como “gasto político” que no es más que una serie de privilegios en beneficio de la clase política, como pasajes aéreos en primera clase, vehículos oficiales, choferes y dobles –cuando no triples- sueldos.

A nadie escapa que aunque el Gobierno logre –esta vez sí- la máxima eficiencia posible en el recorte de esos gastos políticos, lo ahorrado por ese concepto será insuficiente para satisfacer al FMI y a las propias necesidades de equilibrio fiscal, de allí que reine en todos los sectores de la sociedad una preocupación general en relación a cómo se instrumentará el ajuste, en definitiva, de qué bolsillos saldrán los 200.000 millones de pesos que tendrá que ahorrar el país.

Una pista la dio la gobernadora de Buenos Aires, Eugenia Vidal, en un almuerzo organizado por el Rotary Club de esa provincia. “No es una discusión de recorte, es una discusión de equidad”, dijo la mandataria para aproximarse al tema, luego cuestionó las “prioridades equivocadas” del gobierno anterior y como ejemplo de esa supuesta equivocación se preguntó si fue acertado “llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.

La afirmación según la cual ningún pobre llegaría a la universidad fue rebatida de manera inmediata por especialistas de toda laya. A tal efecto bastaría citar datos del Indec que revelan que 12 por ciento de la población estudiantil de las universidades de Buenos Aires pertenecen al quintil de menores ingresos –es decir el 20 por ciento más pobre- del Conurbano Bonaerense.

En el juego de las interpretaciones, algunos atribuyeron el papelón de Vidal al desconocimiento, pero otros vieron una declaración de principios o incluso un anticipo de lo que vendrá, algo así como un “globo de ensayo” para anticipar cómo reaccionará la opinión pública ante una medida que ya estaría decidida.

 

Manteniendo el equilibrio

Los gobiernos provinciales también analizan con preocupación el horizonte de ajuste que asoma como una amenaza a la paz social en muchas jurisdicciones. En ese contexto Misiones cuenta con la ventaja de tener sus cuentas en orden, un bajo nivel de endeudamiento y prácticamente ningún compromiso nominado en dólares.

El desafío de la hora para el gobierno provincial es sostener la enorme inversión que dedica a áreas sociales y que aportan una red de contención que aporta un ahorro considerable a los hogares misioneros.

Casi la mitad del presupuesto provincial se dedica a sostener el sistema de salud pública, la educación y el boleto gratuito para estudiantes. Muy pocos estados en el mundo dedican una parte tan significativa de sus recursos a proporcionar servicios gratuitos a su población, lo que aporta a los misioneros una ventaja que cobra mayor importancia en tiempos de crisis porque amortigua los efectos negativos en la población más vulnerable.

La confianza en el modelo misionerista volvió a expresarse en las urnas, esta vez en las elecciones del IPS que fueron ganadas por amplio margen por la lista oficialista Celeste y Blanca que casi dobló en votos a la lista opositora.

Párrafo aparte merece la elección del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Jorge Rojas, como vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), en el mismo acto en el que resultó electa como presidenta la jueza santacruceña María Battaini.