Gobierno porteño presentó proyecto para que las empresas que venden pilas se hagan cargo de su recolección cuando pierden vida útil

Las pilas usadas son considerados uno de los residuos domiciliarios más contaminantes. La Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que los importadores deban ocuparse de su disposición final una vez consumidas.

Aunque crece en la Ciudad porteña la conciencia sobre el reciclaje, todavía es difícil saber qué hacer con las pilas una vez que se usaron. Un hecho preocupante, ya que representan uno de los desechos domiciliarios con mayor potencial contaminante. Ahora el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura provincial un proyecto que obligaría a sus productores a hacerse cargo de su tratamiento después de ser consumidas.

La propuesta presentada alcanza las pilas AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V, y de tipo botón. E introduce un concepto: el de responsabilidad extendida del productor. Los fabricantes y distribuidores son responsables de la puesta en el mercado de esos productos y, por eso, deben hacerse cargo también de lo que ocurre con ellas luego de su consumo.

Para eso, si se aprueba el proyecto, los productores e importadores tendrán que presentar un plan detallado ante la autoridad de aplicación, que es la Agencia de Protección Ambiental (APrA). Deberán explicar cómo recolectarán, transportarán, tratarán y dispondrán los residuos, teniendo en cuenta la protección del ambiente y de la salud humana, y usando la mejor tecnología disponible. Una vez aprobado el plan, deberán financiarlo y ponerlo en marcha.

El texto también asigna responsabilidad a los distribuidores e intermediarios: estos sólo podrán vender pilas provistas por productores o importadores que cumplan con esa ley. Además, están obligados a disponer de puntos de recepción de las pilas usadas en sus locales comerciales en caso de ser incluidos en la etapa de disposición inicial y recolección.

En el proyecto, las pilas en desuso son consideradas un tipo particular de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): los que están sujetos a manejo especial. Son los que, por su tamaño, volumen, cantidad o potencial de toxicidad, deben encuadrarse en un Plan de Gestión Ambiental diferenciado del resto de los RSU.

En la Ciudad se consumen 19 millones de pilas por año, equivalentes a 500 toneladas. El país importa 200 millones anuales. En ese contexto, los importadores Energizer, Rayovac y Newsan (importa la marca Duracell) concentran el 90% del mercado de las alcalinas, que son las más usadas. El hecho de que sean pocos actores facilitaría en primera instancia la aplicación de la ley, sostienen desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cartera que impulsa el proyecto.

Según fuentes oficiales, el 60% de las pilas que ingresan al país son recargables, usadas en su mayoría en celulares, laptops y cámaras. El 40% restante son las denominadas primarias (no recargables), que a su vez representan el 69% de las recolectadas en la Ciudad. Sólo un 0,01% de todos los residuos generados en viviendas, comercios y oficinas porteños son pilas y baterías agotadas. Esto representa unos 323 kilos por día.

Los componentes químicos de las pilas suelen ser metales, ácidos y sales irritantes, algunos muy tóxicos, como el mercurio, el cadmio y el plomo. El peligro que representan aumenta cuando son acopiadas. Es por eso que la APrA, a falta de métodos de tratamiento, sugiere tirar las comunes o alcalinas junto con la basura, envueltas en una bolsa plástica. Con todo, no es lo ideal: el envío a rellenos sanitarios está desaconsejado por expertos a raíz de su potencial contaminante.

Otra dificultad para el tratamiento de pilas en la Argentina es la falta de productores nacionales. En otros países los fabricantes reciben el material consumido para volver a usarlo en la producción de nuevas pilas. Pero como aquí no hay elaboradores, lo tratado no se reutiliza.

 

 

Fuente: Clarín

 

 

 

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