Análisis semanal: Réquiem para el gradualismo

Análisis semanal: Réquiem para el gradualismo

Pasó el súper martes sin que el país se incendiara y el dólar parece haber frenado su alocada carrera, aunque el viernes volvió a aumentar su cotización luego de tres jornadas de estabilidad. Las intensas gestiones realizadas por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, permitieron que se renovara el 100 por ciento de las Lebac que vencieron esta semana, lo que permitió al Gobierno nacional comprar tiempo –a un costo muy elevado- hasta el próximo megavencimiento que operará el 19 de junio.

No faltó quien pretendiera presentar la renovación de las Lebac como un triunfo de gestión, lo que significaría poner la vara muy abajo teniendo en cuenta que desde que se inició la corrida cambiaria el Central sacrificó más de 10 mil millones de dólares de sus reservas para financiar la fuga de capitales, el peso se devaluó más de 20 por ciento, las tasas de interés aumentaron de 27 a 40 por ciento, se hicieron colocaciones en los mercados de futuros y finalmente hubo que pedir auxilio al FMI en búsqueda de dólares frescos y credibilidad. Además desde el Gobierno nacional debieron reconocer que la inflación será mayor a la esperada y el crecimiento menor.

Lejos de ser motivo de orgullo, la renovación de Lebac a tasas cada vez más altas no hace más que agrandar el poder explosivo de la bomba que construyó el equipo económico de Macri en torno a este instrumento financiero. El stock de Lebac supera actualmente el billón de pesos, a una tasa de interés en el orden del 40 por ciento eso genera un déficit cuasifiscal de 400 mil millones de pesos por año, lo que equivale a 16 mil millones de dólares a la cotización actual de 25 pesos, más de la mitad del crédito excepcional que la Nación pretende obtener del FMI.

En paralelo, el ministro de Finanzas Luis Caputo colocó más de 73 mil millones de pesos en Bonos del Tesoro (BOTE) a plazos de cinco a ocho años y con una tasa de interés anual de 20 por ciento y por resolución amplió las emisiones a 100 mil millones.

Eso es solamente una parte del inmenso costo financiero que está afrontando el país para evitar una fuga masiva de los capitales especulativos que pondría su economía a las puertas de un nuevo default.

Más tranquilo pero todavía en movimiento

El Central buscó en el inicio de la semana enviar un mensaje fuerte a los mercados. Puso a la venta la friolera de 5.000 millones de dólares a 25 pesos convalidando una nueva devaluación –el viernes anterior la divisa había cerrado a 23,79-. Terminó vendiendo unos 600 mil dólares y consiguió sostener la suba hasta el viernes.

El martes se produjo la renovación de Lebac por 600 mil millones de pesos y siguieron dos días de calma, pero sobre el cierre de la semana el dólar aumentó 0,8 por ciento y alcanzó los 25,11 pesos.

Aunque desde el Gobierno nacional ya dieron por finalizada la corrida cambiaria, en los mercados todavía reina la incertidumbre y mucho tiene que ver la pérdida de credibilidad acumulada por la conducción del Banco Central. Su presidente había asegurado en marzo que con los 62 mil millones de dólares en las reservas le sobraba para contener al dólar en tono a los 20,50 pesos saliendo a vender cada vez que la divisa superara esa barrera.

Poco más de dos meses después, durante los cuales la autoridad monetaria debió accionar todas las armas que tenía a mano, el billete verde vale más de 25 pesos y sigue subiendo.

Anuncio de ajuste y tibia autocrítica

El presidente Mauricio Macri aprovechó la bocanada oxígeno que significó para su gestión la pírrica victoria obtenida el martes con la renovación de las Lebac, para intentar transmitir tranquilidad a través de un discurso con un tono más realista del habitual y hasta con algo de autocrítica.

En lo que sonó a un epitafio para el gradualismo, anticipó que el objetivo fundamental para su administración será reducir el gasto público y dijo que buscará instrumentar el ajuste respaldado en “un gran acuerdo nacional” en el que tendrán parte los gobernadores.

Reconoció que el avance sobre el territorio del Banco Central que significó la conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado fue un error. Ese día, el Jefe de Gabinete  Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, anunciaron en conferencia de prensa un cambio en las metas de inflación, atribución exclusiva del Banco Central. “Desde el 28 de diciembre, hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”, dijo Macri.

Pero también hubo críticas solapadas para Sturzenegger cuando el presidente admitió que las metas de inflación eran demasiado ambiciosas.

El otro tramo de su alocución, admitió que la dependencia del crédito externo es una debilidad de su gobierno y que en los mercados “ya no hay tanta vocación por prestarnos dinero”.

En la misma línea de lo dicho días atrás por Dujovne, Macri reconoció que producto de las subas del dólar y de las tasas de interés, la inflación será mayor a la que se esperaba y el crecimiento de la economía será menor.

En ese punto, las estimaciones de las consultoras privadas hablan de un piso de entre 25 y 30 por ciento para la inflación de 2018 y un crecimiento del PBI que sería de entre 0 y 1,5 por ciento. Sin embargo, dada la volatilidad del contexto, son pocos los que se atreven a hacer pronósticos, uno de ellos fue el economista Rodolfo Santángelo (socio de Melconian) quien anticipó que los tres trimestres que restan de este año habrá caída del PBI y que la inflación anual será de por lo menos 30 por ciento.

Números más, números menos, todos los analistas coinciden en que ya sea por necesidad propia o por exigencia del Fondo Monetario, el Gobierno nacional deberá reducir su déficit y eso tendrá un impacto social negativo.

Por más que el equipo de Macri se esfuerce en mostrar que logró reducir el déficit primario, y que incluso este año va a sobrecumplir por medio punto la meta fijada originalmente, lo cierto es que cuando se incluyen los intereses de la deuda, se diluye todo lo ahorrado.

Tanto los mercados como el FMI no hacen distinción entre déficit primario y financiero, sino que observan el número global, que hoy marca que el déficit total de Argentina supera el 5 por ciento de su PBI a pesar de la fuerte reducción en el gasto primario lograda a fuerza de tarifazos. Analistas estiman que el FMI exigirá al Gobierno de Macri que ese número baje a 3 por ciento a fines de 2019.

Si se cumplen los pronósticos de estancamiento de la economía, la única vía para reducir el déficit será un mayor recorte del gasto primario. Según la meta anunciada la semana pasada por Hacienda, el déficit primario de 2018 será de 2,7 puntos del PIB, pero para cumplir lo que pediría el FMI debería reducirse a poco más de un punto en 2019, ya que los intereses de la deuda representan un déficit de 2 puntos del PIB, siempre y cuando no se encarezca el costo del crédito.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que la prioridad pasará por sostener salarios, jubilaciones y el gasto orientado a la contención social, lo que haría que el ajuste se concentre mayormente en obra pública y lo que queda de subsidios a los servicios públicos.

Si el panorama en el sector público es poco halagüeño, para los privados es todavía peor. Una inflación por encima del 25 por ciento –en abril marcó 2,7%- acompañada por tasas de interés del orden del 40 por ciento conforman un cóctel cuyo resultado más posible es la tan temida estanflación, combinación de estancamiento económico en un contexto inflacionario.

Las Pyme ya sienten con fuerza el rigor de la política monetaria contractiva del Central. Con tasas de interés al 40 por ciento los bancos aumentaron los intereses por descuento de cheques –habitual método de financiación de las Pyme- por encima de 120 por ciento.

El único costado positivo que podría deparar la corrida del dólar podría ser una mejora en la competitividad cambiaria que beneficiaría a los exportadores, pero ello depende de dos condiciones: que la inflación no termine licuando la devaluación y que los países con los que comercian y/o compiten los exportadores locales no devalúen tanto o más que Argentina.

Respecto al pase a precios del aumento del dólar, los antecedentes de 2016, 2014 y 2012 no son buenos, en esos años hubo devaluaciones que a la postre pasaron íntegramente a costos.

Los demás países tampoco están dando señales positivas para los intereses de los exportadores argentinos. En Brasil, el principal socio comercial del país, el dólar alcanzó la semana pasada su mayor cotización de los últimos dos años y el real acumula desde enero una devaluación de 13 por ciento, pero con una gran diferencia en relación a Argentina: en el país vecino la suba del dólar generalmente no pasa directamente a precios. Cada vez que se devalúa el real, los exportadores brasileños se vuelven más competitivos, mientras que cada vez que se devalúa el peso, los exportadores argentinos terminan más o menos empatados con la inflación.

A la romana

Puesto ante la necesidad de someter a la población a los efectos negativos de un nuevo ajuste del gasto, el Gobierno nacional convocó esta semana a los gobernadores a un “gran acuerdo nacional”  y el presidente decidió agrandar la “mesa política”, ámbito por excelencia de debate interno del Gobierno, con el retorno del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y la incorporación de radicales como Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo, en el objetivo de fortalecer la base de sustentación política de su gestión.

El objetivo del presidente es que todas las medidas impopulares que se adopten en pos de reducir el déficit y cumplir de esa manera con los mandatos del FMI, cuenten con el respaldo –en primer término- de la nómina completa de socios de la alianza Cambiemos y de los gobernadores que no integran esa fuerza política.

Lo que busca en definitiva, es diluir en la mayor cantidad de cabezas como sea posible el costo político que llegará de la mano del ajuste. “Lo que busca el presidente es que cuando el mozo llegue con la cuenta, incluidos los platos que rompieron ellos, paguemos a la romana”, se quejaba un referente de la oposición.

La convocatoria al gran acuerdo nacional puso a los gobernadores no alineados con Cambiemos en una difícil disyuntiva: acompañar al Gobierno nacional aunque ello implique compartir costo político o tensar la cuerda a riesgo de sufrir represalias en el reparto de los recursos de distribución discrecional y de ser acusados de negar gobernabilidad a un presidente elegido democráticamente.

El tema fue tratado por los gobernadores ajenos a Cambiemos esta semana en Tucumán en el marco del encuentro de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). Mandatarios referentes del “peronismo amigable” como el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Manuel Urtubey se comprometieron a cuidar la gobernabilidad de Macri, pero anticiparon que exigirán que se terminen los privilegios que benefician a Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Ambos mandatarios reclamaron que esas jurisdicciones absorban la empresa Aguas y Saneamientos Argentinas (Aysa) y las concesiones de Edelap y Edesur, que están a cargo de la Nación. Ocurre que mientras todas las demás jurisdicciones deben asumir los costos que implica sostener a las empresas de servicios públicos  -por regla general, deficitarias- las administraciones de Vidal y Larreta cuentan con el privilegio de que la Nación asuma esa responsabilidad por ellas.

En bajada

El interés del Gobierno nacional de repartir costos políticos comprometiendo a la mayor cantidad posible de actores en la toma de decisiones que necesariamente serán impopulares, responde a una búsqueda por amortiguar la pronunciada caída de la imagen de la gestión de Macri, primero por la suba de tarifas y después por la corrida cambiaria.

Según una reciente encuesta de la consultora Tendencias, la imagen positiva del Gobierno nacional cayó de 40,2 por ciento en marzo a 34,6 en abril, mientras la imagen negativa aumentó en el mismo lapso de 59,8 a 65,4 por ciento.

La misma encuesta, realizada en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, señala que las expectativas de cara a lo que queda del año también cayeron de marzo a abril. El porcentaje de encuestados que pronosticó una mejora se redujo de 33,6 a 28,4 y los que esperan que la situación empeore pasaron de 39,1 por ciento en marzo a 43,1 el mes siguiente.

Pese a la caída registrada en la imagen de su gestión, el Gobierno nacional todavía cuenta entre sus filas con la dirigente mejor conceptuada a escala nacional –siempre según la encuesta de Tendencias-, se trata de la bonaerense Eugenia Vidal que conserva una imagen positiva de 38,2 por ciento. Sin embargo su estrella también viene perdiendo brillo, puesto que en marzo su imagen positiva escalaba hasta el 42,9 por ciento y superaba por más de cinco puntos a su imagen negativa que era de 37,2 por ciento. En abril esa relación se invirtió ya que la imagen negativa de la gobernadora bonaerense llegó a 41 puntos superando por casi 3 puntos a la positiva.

El valor de cuidar las cuentas

La última corrida del dólar volvió a demostrar que vivir de prestado no es una buena receta para conseguir un desarrollo sustentable. A Misiones le tocó aprender esa lección por las malas, cuando tuvo que afrontar las deudas tomadas de manera irresponsable durante los 90. Pero a diferencia de otras provincias, no volvió a tropezar con la misma piedra.

Vivir con lo propio fue unos de los conceptos rectores de la gestión económica de la provincia desde que asumió la renovación y se sostuvo como una política de estado durante las sucesivas gestiones.

Esa buena práctica rindió sus frutos y Misiones hoy es menos vulnerable a los cimbronazos de la economía nacional y mundial, aspecto que quedó de manifiesto en un informe publicado la semana pasada por el instituto IERAL, dependiente de la Fundación Mediterránea. Dicho trabajo se propone analizar de qué manera afectará la devaluación a las provincias y al respecto consigna que “el efecto más rápido e importante vendrá por el lado del peso de los servicios de la deuda en los ingresos provinciales” y que ello “afectará en mayor medida a las provincias que mayor deuda en moneda extranjera deban afrontar”.

El informe ubica a Misiones entre el grupo de jurisdicciones que no emitió deuda en dólares en los últimos dos años y entre las cinco con menor proporción de servicios de la deuda en relación a sus ingresos corrientes y entre las cuatro con menor proporción de servicios de la deuda en dólares.

Tener menos deuda permite al Gobierno de Misiones destinar una mayor proporción de los recursos de los que dispone a brindar asistencia social y a promocionar el desarrollo de las Pyme, marcando una diferencia respecto al contexto general del país.

En esa línea, mientras en la city porteña todos especulan con hacer dinero rápido con dólares o Lebac y las empresas sufren por el encarecimiento del crédito, en Misiones se anunció que el Fondo de Crédito no tocará sus tasas de interés.

La Provincia además disminuyó la alícuota de ingresos brutos a la venta de medicamentos a personas particulares y a hospitales, para abaratar el costo de los medicamentos y darle una mano a los ciudadanos en los temas más necesarios.

En el plano político, la semana que pasó dejó nuevas evidencias de la buena relación entre los gobiernos nacional y provincial. La presencia en Misiones de funcionarios de la UIF, la ANSES y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación da cuenta de un proceso de diálogo permanente en el que Misiones participa con la Nación con la intención de buscar soluciones.

En ese marco, ambas administraciones ya iniciaron las charlas pensando en el Presupuesto 2019 y los acuerdos políticos y legislativos que será necesario cerrar en los próximos meses. “Misiones siempre aporta y pone ayuda para mejorar las cosas, su gobierno nunca pone palos en la rueda a la Nación a pesar de ser opositor. Esa caballerosidad política se le reconoció Macri a Passalacqua en varias ocasiones”, destacan desde la Rosadita.

En lo referente a la política estrictamente provincial, en la Legislatura se sancionaron cuatro leyes relevantes.

Una de ellas marca el puntapié inicial para la creación de un instituto para promover el valor de los recursos genéticos de la provincia, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio); la segunda apunta a garantizar el diagnóstico precoz, tratamiento, inclusión social y protección integral de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA); otra norma sancionada manda a crear en cada dirección zonal del Ministerio de Salud Pública un equipo interdisciplinario que se encargue de la atención y el cuidado de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los hogares convivenciales de la provincia y finalmente la Legislatura decidió desafectar inmuebles provinciales de su condición de reserva fiscal y donarlos a la municipalidad de Posadas, para la construcción de salones de usos múltiples, dentro de un plazo de cinco años.



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