Análisis semanal: ¿El fin del gradualismo?

Ante el fracaso de todos los mecanismos accionados por el equipo económico de Macri para frenar al dólar en su afiebrada carrera, el Gobierno nacional no encontró más alternativa que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la catástrofe. El Banco Central ya disparó todas las armas que tenía, sacrificó más de 9.000 millones de dólares de reservas, elevó las tasas de interés a niveles insólitos y hasta salió a operar en el mercado de futuros, pero nada fue suficiente para sostener la caída del peso. En ese contexto el presidente anunció que Argentina solicitaría ayuda financiera al FMI “para evitar una crisis”.

Hasta ahora el país se venía financiando en los mercados mediante la colocación de bonos, el problema es que ya colocó tantos que los inversores empezaron a dudar y cerraron el grifo. La suba de tasas en Estados Unidos también hizo lo suyo para que una colocación de deuda argentina sea hoy una inversión mucho menos atractiva que hace unos meses.

Con las demás puertas cerradas y ante la necesidad de obtener dólares frescos para enfrentar la corrida contra el peso sin provocar una peligrosa reducción de reservas o una devaluación mucho más pronunciada, el Gobierno nacional volvió a golpear las puertas del tristemente célebre FMI, cosa que no ocurría desde 2003.

Pero pedirle plata al organismo financiero tiene efectos colaterales, no es un prestamista que entregue el dinero y luego se siente a esperar los pagos, sino que impone condiciones y exige una permanente y puntillosa rendición de cuentas. Por más que el Jefe de Gabinete Marcos Peña se empeñe en afirmar lo contrario, el FMI no da créditos, da programas acompañados de financiamiento.

El nivel de condicionamiento que impone el organismo varía según la línea de financiamiento que se otorgue, lo que a su vez depende de la confiabilidad que pueda exhibir el cliente. El Gobierno pretendía acceder a la Línea de Crédito Flexible (FCL, en inglés) o por lo menos a la Línea de Liquidez Precautoria (PLL), basándose en los recientes elogios que había manifestado Christine Lagarde -presidente del FMI- al rumbo de la economía Argentina.

Pero una cosa son las declaraciones de forma que impone la diplomacia y otra muy distinta la realidad y la realidad en este caso es que la única asistencia que el Fondo está dispuesto a ofrecer a Argentina es un programa “Stand-By” (SBA), reservado según la propia web del organismo a países en “crisis económica” y por lo tanto mucho más exigente en cuanto a los condicionamientos que impone a los “beneficiarios”.

Todavía se desconoce qué pediría el organismo de crédito a cambio de los dólares que necesita Argentina para capear el temporal, pero en los últimos documentos que emitió pueden encontrarse algunas señales bastante claras. En diciembre el FMI consideró que el peso debía devaluarse más, que el gasto en jubilaciones debía bajar y que la masa de empleados públicos debía reducirse. En otro informe posterior consideró que “bajar el gasto público es esencial, especialmente salarios, jubilaciones y transferencias sociales”.

Por más que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se empeñe en demostrar que el FMI “no es el de antes”, queda en claro que sus recetas se parecen bastante a las de antes.

A esta altura cuesta imaginarse cómo hará el Gobierno para sostener el gradualismo y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos que exige el Fondo. La encerrona en la que se puso la administración de Macri necesariamente limitará su capacidad de maniobra para sostener un modelo que intenta aplicar recetas liberales pero manteniendo una considerable proporción de gasto orientado a la contención social. Un nuevo giro a la ortodoxia es inminente.

Sin freno

Sobre el final de la primera semana de mayo el Banco Central intentó asestarse un mazazo al dólar con un combo de fuertes intervenciones en el mercado –en un solo día vendió 1.500 millones de dólares- y pronunciada alza de tasas de interés. Tales medidas no tuvieron el efecto esperado: los dólares sacrificados no alcanzaron para reducir la demanda y las tasas récord para colocaciones en pesos no lograron seducir a ahorristas e inversores que siguieron yendo al dólar.

La autoridad monetaria redobló la apuesta la semana pasada e incrementó todavía más las tasas, siguió vendiendo dólares y operó en mercados de futuros, algo por lo que había denunciado ante la Justicia al Gobierno anterior.

Nada fue suficiente y la moneda estadounidense, que una semana antes había alcanzado la cotización récord de 23,40, llegó el viernes último a 24,30 en las pizarras del Banco Nación, lo que obligó al Central a sacrificar más de 1.100 millones de dólares ese día. Al final de la semana, el dólar cerró a 23,70.

Bajo el monitoreo del FMI, el Central no podría continuar rifando reservas para sostener la cotización del peso en valores en los que el mercado no cree. Analistas creen que al Gobierno no le quedará más alternativa que ir a un nuevo equilibrio, con un dólar más alto, que necesariamente se traducirá en inflación y en un parate en el nivel de actividad. Todo sea por achicar el déficit de dólares.

En el corto plazo, todos los ojos están puestos en lo que pueda ocurrir el martes, cuando opera un mega vencimiento de Lebacs por el equivalente a casi 30.000 millones de dólares. Si un alto porcentaje de los tenedores de esos instrumentos decidiera no renovar y en cambio cobrar sus pesos y pasarlos a dólar, la corrida adquiriría proporciones dantescas.

La araña que salvaste

La gestión de la economía de Cambiemos podrá no tener un plan muy claro pero sí tiene algunas convicciones fuertes. Una de ellas es que para alcanzar el desarrollo, hay que dejar actuar con la mayor libertad posible al sector privado y a los mercados para que desarrollen su máximo potencial y de allí llegaría una suerte de bienestar general por efecto derrame.

Desde que asumió, Macri pagó a los fondos buitre, levantó el cepo cambiario, eliminó restricciones a la entrada y salida de capitales, redujo retenciones al campo, impulsó una reforma a efectos de reducir la presión impositiva, exigió a las provincias reducir ingresos brutos y permitió a los exportadores liquidar sus divisas en el momento que se les ocurriera, entre otras medidas promercado.

El cambio rotundo que significaba esta visión respecto a la que sostenía el gobierno que lo antecedió, le valió a Macri felicitaciones de todo tipo en los círculos en los que se maneja la economía mundial, fotos con los principales líderes de occidente, palmadas en la espalda de los dirigentes de las cámaras empresariales y aplausos en La Rural.

Pese a que intentó rehuirle al mote de “gobierno de empresarios”, la relación estrecha con la elite del sector privado queda en evidencia por el sencillo hecho de que el presidente y un tercio de su gabinete son exdirectivos de grandes firmas y/o corporaciones empresarias.

Pero los cantos de sirena que Macri escuchó en los foros empresariales y las reiteradas promesas de apoyo irrestricto y cariño incondicional no se tradujeron jamás en la “lluvia de inversiones” que esperaba el Gobierno, lo que llegó en cambio fue una fuga de divisas financiada con endeudamiento público.

La presente crisis y todas las anteriores que atravesó el país, dejan en claro que para buena parte de la elite empresarial, aprovechar una situación de inestabilidad económica para hacer ganancias descomunales en períodos muy cortos de tiempo resulta mucho más atractivo que liderar un proyecto político que posibilite el desarrollo del país, aunque ese proyecto se ajuste a los términos y a las teorías en las que ellos mismos creen.

Haciendo gala de una dosis desproporcionada de ingenuidad pudo escucharse esta semana a la diputada Elisa Carrió hacer un llamado al patriotismo de los sojeros para que estos exporten y liquiden sus divisas cuanto antes. Sentados arriba de los porotos, los grandes productores siguen esperando que la divisa alcance su techo antes de vender.

“La araña que salvaste te picó, qué vas a hacer”, el inoxidable verso de Cátulo Castillo cobra actualidad, de nuevo.

Necesidad de acuerdos

La corrida del dólar no fue el único trago amargo que debió soportar el presidente, la política también le deparó dolores de cabeza y no solamente por obra de la oposición. Cómo no ocurría desde los tiempos de De la Rua, Macri no tiene mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras y sus gobernadores son una marcada minoría, eso le costó esta semana un revés legislativo no exento de costo político.

Por primera vez desde que es presidente, a Macri le toco asistir el miércoles a la media sanción de un proyecto impulsado por la oposición y que es resistido por el oficialismo. Además debió soportar que siete diputados oficialistas no votaran según el mandato partidario y que en cambio optaran por ausentarse del recinto, entre ellos la ultramediática Elisa Carrió.

En esas condiciones, el peronismo unificado logró la media sanción al proyecto que propone retrotraer las tarifas de los servicios públicos a los valores del año pasado, una posibilidad que el Gobierno nacional no está dispuesto a permitir.

Más allá de lo que ocurra en Senadores con ese proyecto, que de convertirse en ley sería vetada por el presidente, la oposición dejó en claro el miércoles que no está dispuesta a asumir parte del costo político por las decisiones que tome el Gobierno.

Otra cuestión que quedó en evidencia es que el oficialismo está obligado a construir acuerdos para avanzar en las transformaciones que pretende realizar y que para lograr esos acuerdos deberá no solamente buscar la cooperación de la oposición dialoguista, sino también la cohesión en la propia coalición oficialista.

En ese camino de construcción por vía del diálogo, volvió a destacarse la postura del Gobierno de Misiones que nuevamente prestó apoyo político y ofreció colaboración al presidente en el momento de mayor crisis del país.

En esa línea de garantizar gobernabilidad , los diputados del Bloque Misionerista se retiraron del recinto antes de la votación del “proyecto antitarifas”. Desde ese bloque volvieron a manifestar su oposición en relación a la política tarifaria del Gobierno de Macri, pero entendieron que apoyar el mencionado proyecto implicaba caer en la trampa de intentar gobernar desde el Congreso.

Desde el misionerismo destacan la importancia de mantener abiertas las puertas del diálogo político, no evadir responsabilidades y poner el hombro para defender la relación institucional de Macri con Passalacqua, de Misiones con la Nación.

Más allá de los acuerdos de alta política entre Misiones y la Nación, al gobierno provincial le toca la difícil tarea de hacer que la crisis nacional se sienta lo menos posible en Misiones. Para cumplir con ese objetivo, desde la Renovación destacan la importancia de la conducción de Carlos Rovira, quien tiene la experiencia de haber gobernado durante la más profunda crisis que vivió el país. El mensaje que bajó “el conductor” a su tropa fue claro y conciso: estar al lado del pueblo, porque en los peores momentos la prioridad es proteger y socorrer a los que necesitan,  el misionerismo debe transmitir templanza y firmeza junto a la gente.

Ante el difícil contexto actual, Misiones tiene una ventaja frente a la mayoría de las demás provincias: no tomó deuda y no debe cumplir con ningún pago en dólares. La provincia hoy disfruta del beneficio de no haber comprometido su futuro.

La solidez de la provincia de asienta además en una política fiscal activa y un manejo responsable de los recursos que permitieron mantener los números en orden durante las gestiones de Passalacqua y sus dos antecesores, sin necesidad de recurrir a la salida fácil pero costosa del endeudamiento.

Agenda legislativa

Desde el oficialismo enfatizaron que este año habrá un importante avance en materia de paridad de género y adelantaron que aprobarán los proyectos opositores tendientes a aumentar la participación de mujeres en las listas de candidatos.

La Cámara aprobó el jueves tres proyectos importantes para los misioneros:

– Se instituyó a Eldorado como capital provincial y sede permanente de Fiesta Provincial de las Olimpiadas Estudiantiles. Cada año la Capital del Trabajo, vive en el mes de septiembre la gran fiesta de los estudiantes a puro deporte, con miles de adolescentes y jóvenes que participan del evento deportivo estudiantil más grande de Misiones.

-Se sancionó un proyecto que establece que vehículos de personas sordas o hipoacúsicas tendrán una identificación con fines preventivos e inclusivos. Deberán exhibir el «símbolo de sordera» en un lugar visible. El objetivo es alertar a conductores, peatones y tránsito en general acerca de la necesidad de utilizar señales lumínicas en reemplazo de las sonoras. Se busca evitar riesgos y beneficiar la inclusión en el área del tránsito.

-Se sancionó un proyecto que mejora en la calidad de vida de personas con celiaquía mediante la adhesión de Misiones a la ley nacional 26.588, que declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional y la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. La norma surgió como respuesta a sendos proyectos presentados por los diputados Carlos Rovira, Gustavo González y Elsa Novoa; y los ex legisladores Sonia Mello, Waldemar Wolenberg y Noelia Leyría.

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