La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes como órgano de Superintendencia judicial resolvió suspender en sus funciones al cuestionado secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Federico Grau, uno de los hombres de mayor confianza del juez Carlos Vicente Soto Dávila.
La separación al cargo de secretario penal fue a raíz de una denuncia del Ministerio Público Fiscal ante su posible vinculación con integrantes de una organización internacional de narcotráfico que operaba en Corrientes.
Lo que se sospecha es que el funcionario recibía dádivas para mejorar la situación procesal de los criminales, y hasta para hacer caer causas judiciales en las que éstos estaban acusados.
Las sospechas surgen de causas vinculadas al expediente en el que el juez porteño Sergio Torres volcó los datos surgidos de la investigación a grupos de narcotraficantes que distribuían –con amparo judicial y gubernamental- marihuana en siete provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese contexto se realizaron seguimientos y escuchas telefónicas en las que hallaron indicios de posibles negociaciones entre delincuentes y funcionarios.
Una de esas transcripciones de la causa 3002/2017 del Juzgado Federal 12 de Buenos Aires revelan que Federico Grau tenía una relación de amistad Federico Sebastián Marín.
Esto había sido revelado la escucha telefónica en la que Marìn le expresa a su pareja, Lourdes Alegre que “Grau era amigo de él”.
En esta causa en la cual Lourdes Alegre se encuentra en detención domiciliaria, su pareja de Federico Sebastián Marín, está prófugo. Ambos sospechados de participar en operaciones de tráfico de drogas.
Según el expediente “Alegre (privada de la libertad) le refiere a Marín que la fue a visitar otro abogado al penal pero que ella no quería que Serial deje de representarla. La referencia es al letrado Omar Serial, actualmente detenido por estar sospechado de “arreglar” causas judiciales con funcionarios del Juzgado Federal Nº 1.
En la escucha telefónica la mujer sostiene que, respecto de su situación legal, “le pasaron el informe hecho por Serial y que le pareció bien. Que Grau tenía que resolver pero que no la quería porque solo estaba a cargo por 15 días hasta que regresara Pablo Molina (también separado de su cargo)”, en referencia al entonces titular de la Secretaría N° 2 del Juzgado Federal Nº 1.
En este marco, también existe una transcripción de una conversación de Omar Antonio Serial, y Marín.
Este último preguntó “por la causa de Lourdes (Alegre), respondiéndole Serial que está en la Cámara pero que Grau [en referencia al doctor Federico Grau, a cargo de la Secretaría n° 6 del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1 de Corrientes] le dijo que tienen que esperar”, ante lo cual Marín le señala que “él se llevaba bien con Grau y que el otro día habían comido caramelos juntos”.
Para los investigadores “comer caramelos” es un código para significar que habían llegado a un acuerdo en relación a la situación procesal de Alegre, pero también existe la hipótesis de que el funcionario judicial participa de reuniones festivas con Marín. Es que en la jerga “comer caramelos” significa consumir bebidas o estupefacientes, y en la transcripción consta que Grau y Marín “podían volver a comer caramelos”.
Esta es la hipótesis más fuerte, ya que Grau es asiduo concurrente a locales nocturnos ubicados en la Costanera correntina donde se lo ve habitualmente munido de una importante cantidad de contenedores de brebajes etílicos.
Juzgado bajo la lupa
El Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes está en constante investigación debido a las denuncias de corrupción. Su titular, Carlos Vicente Soto Dávila acumula unas 15 denuncias en el Consejo de la Magistratura por irregularidades en procesos judiciales.
El primero en hacerle una denuncia fue Hugo Arce Rotella, un supuesto narco paraguayo que provee de drogas a las bandas de Corrientes a quien lo había mandado a detener en Rosario sin haber avisado de ese procedimiento al magistrado federal de esa ciudad.
Debido a esa falla de su parte, la causa cayó y debieron liberar al sospechoso quien años después fue sindicado como uno de los líderes de una organización que envía unas 15 toneladas promedio de marihuana a desde Paraguay hacia Argentina.
Actualmente el magistrado está vinculado a una causa penal por entrega irregular de vehículos incautados a narcotraficantes.
Esta supuesta irregularidad consta en uno de los archivos que contiene el expediente 105/17 el Consejo en el que se acumularon incidentes de supuesta mala administración de Justicia por parte del magistrado.
Las sospechas de mal desempeño llegan a sus secretarios. Uno de los más cuestionados es Gustavo del Corazón de Jesús Freneda.
Este fue acusado de sustracción irregular de dinero de caución en los depósitos bancarios judiciales, entrega irregular de vehículos y embarcaciones secuestradas y presunto cohecho entre el personal y funcionarios del juzgado con intervención de abogados del foro.
Este funcionario también fue denunciado por el abogado Omar Serial quien ante el juez porteño Sergio Torres dijo que “por el año 2008 denunciaba a personal del Juzgado Federal Nº 1, quienes fueron retirados» y aclaró que la denuncia «se trataba del doctor (Gustavo del Corazón de Jesús) Fresneda».
También es investigado por manejo irregular de una causa penal con el fin de sobreseer al ex gobernador Ricardo Colombi de causas por delitos financieros y tributarios.
Debido a la cantidad de irregularidades en la que estaba involucrado, Fresneda solicitó licencia y dejó el cargo para competir por el cargo de juez federal de Paso de los Libres.
En enero se reintegró a la secretaría penal del juzgado de Corrientes. En esa función el 18 de febrero pasado ordenó la liberación del hijo del senador provincia Sergio Flinta –presidente de la UCR correntina- quien había sido apresado con una importante cantidad de dosis de LSD y cocaína.
El último secretario judicial a cargo de Soto Dávila separado de su cargo había sido Pablo Molina.
Esto es por una presentación conjunta de los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, a cargo de la Fiscalía General y las Fiscalías Federales de Corrientes, quienes solicitaron investigar al titular del Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, Vicente Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarias Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si incurrieron en los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.
El funcionario judicial y el magistrado están sospechados de entregar a terceros y en forma irregular automóviles que fueron secuestrados en causas judiciales por lavado de activos y narcotráfico.
En relación a esto, hasta el Roberto Rodríguez, condenado a prisión por lavar dinero, sostiene que “Molina se quedó con los autos” que le habían incautado.
Agregó que “el secretario del juez Soto Dávila me pidió cuatro millones de pesos para darme una domiciliaria, y esto no se investigó”, dijo Roberto Rodríguez.
Fuente: novacorrientes.com
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