El Gobierno recibió el pedido para que declare la emergencia agropecuaria en Salta y Entre Ríos

El Gobierno avanzará en el pedido de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) para que establezca la declaración de emergencia para Salta y Entre Ríos que pone en marcha los mecanismos de ayuda a los productores afectados por las inundaciones y la sequía.

     Las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación y representantes de las provincias analizaron el estado de situación de ambas jurisdicciones y el pronóstico con vistas a la próxima campaña.

Salta solicitó el estado de emergencia desde el 1° de febrero de este año al 31 de enero de 2019 para las explotaciones afectadas en el departamento de Rivadavia por las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Teuco.

A raíz de las sequías, Entre Ríos pidió ese tratamiento por doce meses, a partir del 1° de marzo de 2018, para las explotaciones agrícolas, lecheras, ganaderas, citrícolas, frutícolas, hortícolas, forestales y apícolas.

El dictamen de la CNEyDA requiere ahora la aprobación del Ministerio de Agroindustria de la Nación para que comience el proceso de asistencia a los productores damnificados.

Participaron de la reunión los ministerios de Agroindustria, de Interior y de Hacienda, las provincias, entidades rurales, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los bancos Central y Nación, la AFIP y el Servicio Meteorológico Nacional, que integran la Comisión.

Además, el Ministerio de Agroindustria encabezó la segunda reunión técnica de la Mesa de Riesgo Agropecuario para avanzar en aspectos técnicos legales y en el desarrollo de estimaciones y sistemas para mejorar la actividad agropecuaria.

“Tenemos la oportunidad de solucionar un problema histórico como es la falta de herramientas que permitan tener previsibilidad para seguir produciendo”, destacó el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi.

En ese encuentro participaron la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la Dirección Nacional de Agricultura, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), el INTA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO, Federación Agraria Argentina (FAA); La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), CAME y cámaras aseguradoras.

También lo hicieron representantes de la Dirección del Programa de Vulnerabilidad Socioeconómica del Riesgo Climático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 

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