La Cámara de Diputados aprobó y giró ayer al Senado los tres proyectos de ley de desburocratización del Estado, en una sesión sobre tablas que se prolongó por más de doce horas.
Primero la Cámara baja votó el proyecto relacionado al desarrollo de la infraestructura, que obtuvo 140 votos afirmativos, contra 86 negativos y cero abstenciones. El texto sufrió modificaciones en su votación en particular, consensuadas entre el oficialismo y los bloques opositores.
En segundo lugar, se votó el proyecto que contempla la simplificación de la administración pública, aprobado por 140 votos a favor, contra 69 en contra y 18 abstenciones. El oficialismo también aceptó modificaciones sobre la letra del proyecto.
Por último, se aprobó la iniciativa referida al desarrollo productivo de la Nación por 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones. Al igual que en los otros proyectos, fue modificado en la discusión en particular.
El debate sobre desburocratización comenzó pasadas las 20 horas del miércoles. Como miembro informante de las iniciativas, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) resumió que estos tres proyectos “simplifican y reducen las trabas burocráticas, vienen a cumplir con el proceso de modernización del Estado que es clave para dar respuesta a los requisitos de los ciudadanos”.
Las iniciativas establecen avances en materia burocrática como la aplicación de firma digitales y gestión documental electrónica. Asimismo, Lipovetsky recordó que las modificaciones sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad fueron eliminadas del proyecto, así como la regulación de bienes del Estado.
Según Lipovetzky, las iniciativas amplían el Fondo Capital Emprendedor para “poner el ojo en las Pymes que generan el 70% del trabajo, ahora el Estado amplia el acceso a este fondo de financiación”.
Sobre el régimen de sociedades, se facilitan registros reduciendo las demoras y se simplifica el trámite de exportación de obras de arte. También se prevén sanciones a empresas que no registren a sus trabajadores.
Otra de las cuestiones que se eliminó fue el embargo de las cuentas sueldo. “Todavía nos debemos un debate sobre este tema porque tenemos que proteger el salario de los trabajadores, era más sana nuestra propuesta”, explicó Lipovetzky.
En nombre de la UCR, el diputado Héctor Olivares consideró que “el objetivo es colocar en primer plano las necesidades del ciudadano, otorgar transparencia y celeridad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos en lo vinculado a la infraestructura”.
En duros términos, el diputado Axel Kicillof (FPV-PJ) denunció que el gobierno “quiere convertir a Argentina sea un paraíso fiscal” y anunció el rechazo a los proyectos.
“Este proyecto está impuesto y escrito por el sector privado, es un engendro legislativo, este decreto no es de necesidad ni de urgencia. Esto es sacar regulaciones, no es menos papeleo, es más facultades discrecionales al Ejecutivo, la idea es que el Estado siempre molesta al privado y no quieren que regule”, explicó Kicillof.
Igualmente alertó que la embargabilidad de las cuentas sueldo sigue vigente. “Toda la preocupación es para cuidar a los bancos, no a los ciudadanos”, advirtió.
Marco Lavagna, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, criticó la celeridad del debate y la falta de necesidad y urgencia de los decretos del Poder Ejecutivo que iniciaron la discusión.
“En algunos temas los proyectos son un avance, en otros no hay grandes cambios. Estamos poniendo parches y no avanzando en cuestiones de fondo”, dijo, al mismo tiempo que realizó un pormenorizado análisis de las tres iniciativas y propuso modificaciones a los textos.
Desde la bancada del Frente de Izquierda, en tanto, se adelantó el rechazo a los proyectos de simplificación del Estado.
En nombre del interbloque Argentina Federal, el diputado Pablo Kosiner planteó el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y pidió “la derogación del DNU porque hay aspectos sustanciales que van en contra de la Constitución”.
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