En la causa en la que se investigan irregularidades con un subsidio por 56 millones de pesos para la construcción de canchas de hockey, la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó que se cite a declaración indagatoria a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros imputados.
La causa la había iniciado la propia OA en 2016 cuando detectó que se habría favorecido indebidamente a las empresa Commercial Carpets S.A. mediante la entrega de un subsidio de 56 millones de pesos por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) para la construcción de una cancha de hockey de césped sintético en cada una de las provincias del país (veintitrés canchas).
En la investigación se señaló el otorgamiento arbitrario de ese subsidio a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista (CAHSCyP), “debido a que estuvo fundado en antecedentes insuficientes (escrito de una carilla) e incompletos, mediante un procedimiento que tramitó en dos días (25 y 26 de febrero del año 2015), en el que no se efectuó ningún tipo de análisis sobre la razonabilidad del pedido o informe técnico del presupuesto aportado. Además, ese procedimiento culminó con la entrega de un monto superior al solicitado sin que exista ninguna explicación al respecto”.
Por otro lado, durante la ejecución del subsidio se transgredió la resolución por la cual había sido aprobado, dado que se permitió que la empresa invirtiera el dinero de forma incorrecta. La Jefatura de Gabinete autorizó que el monto total del subsidio se destine a la compra de 44 carpetas de césped a la empresa, operación que no formaba parte del objeto del subsidio.
La OA en su pedido al juez Julián Ercolini indicó que “en estas maniobras habría tenido una actuación determinante el contador Aníbal Domingo Fernández, en su carácter de presidente de la entidad que solicitó el subsidio a la JGM, y en su condición simultánea de titular de la propia JGM, con competencia directa sobre el control de la correcta inversión de la suma otorgada”.
Y agrega que “no caben dudas que Capitanich estaba al tanto de todos términos del pedido, que tuvo injerencia en su otorgamiento y en la celeridad con que se resolvió, y que tuvo conocimiento de la falta de una valoración técnica del subsidio solicitado y del presupuesto acompañado, de la ausencia de documentación que justificara el pedido y de los términos amplios y confusos del convenio”.
En la presentación se destaca que el pedido del subsidio a la JGM fue diagramado y armado durante el período en el que Aníbal Fernández cumplía plenas funciones como presidente de esta entidad y que no sólo tenía conocimiento de la presentación sino que participó activamente en ella.
En consecuencia, se advierte que “la singular celeridad que se imprimió al trámite del expediente obedeció a la necesidad de evitar dejar en evidencia que la condición del solicitante del subsidio y del funcionario público que lo otorgaba recaía sobre la misma persona”.
Los delitos que enmarcan estos hechos son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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